La Corte Suprema facilita los recortes de Trump al Departamento de Educación

La medida de los jueces representa una expansión del poder ejecutivo, que permite al presidente Trump desmantelar el funcionamiento interno de un departamento gubernamental.

La Corte Suprema acordó el lunes que el gobierno del presidente Donald Trump puede proceder a desmantelar el Departamento de Educación mediante el despido de más de mil trabajadores.

La orden es una victoria significativa para el gobierno y podría facilitar los esfuerzos del presidente Trump para reducir drásticamente el papel del gobierno federal en las escuelas del país.

El gobierno de Trump ha anunciado planes para despedir a más de 1300 trabajadores, una medida que destruiría de manera eficaz el interior del departamento, el cual gestiona los préstamos federales para la universidad, realiza un seguimiento del rendimiento de los estudiantes y hace cumplir las leyes de derechos civiles en las escuelas.

El Departamento de Educación comenzó el año con más de 4000 empleados. El gobierno también despidió a algunos trabajadores a prueba y ofreció a los empleados la posibilidad de dimitir. En total, después de los despidos, el Departamento de Educación tendrá una fuerza laboral de aproximadamente la mitad del tamaño que tenía antes de que Trump regresara al cargo.

La medida de los jueces representa una expansión del poder presidencial, que permite a Trump desmantelar el funcionamiento interno de un departamento gubernamental creado por el Congreso sin la participación de los legisladores. Los despidos obstaculizarán gran parte del trabajo del departamento, argumentaron sus partidarios en los documentos presentados ante el tribunal. La Oficina de Derechos Civiles del departamento se vio especialmente afectada, pues se cerraron siete de sus doce oficinas.

Se produce después de una decisión de los jueces la semana pasada que despejó el camino para que el gobierno de Trump siga adelante con el recorte de miles de puestos de trabajo en una serie de agencias federales, incluidos los departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Estado y Tesoro.

La orden del tribunal no estaba firmada y no daba ningún razonamiento, como suele suceder en este tipo de solicitudes de emergencia. No se dio un recuento de votos, lo que es habitual en las órdenes de emergencia, pero la jueza Sonia Sotomayor escribió un documento de disenso, a la que se unieron las otras dos liberales del tribunal, las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Las tres argumentaron que Trump se había extralimitado en su autoridad con sus "esfuerzos unilaterales para eliminar una agencia a nivel de gabinete establecida por el Congreso hace casi medio siglo".

"Solo el Congreso tiene el poder de abolir el departamento", escribió la jueza Sotomayor en su disenso de 19 páginas.

La decisión del tribunal, escribió, tendría graves consecuencias para los estudiantes del país al desencadenar "un daño incalculable, retrasar o negar oportunidades educativas y dejar que los estudiantes sufran discriminación, agresiones sexuales y otras violaciones de los derechos civiles sin los recursos federales que el Congreso pretendía".

La orden es técnicamente temporal, en vigor solo mientras los tribunales siguen considerando la legalidad de la medida de Trump. En la práctica, los trabajadores despedidos a los que un juez de Boston había ordenado reincorporar están ahora de nuevo sujetos a ser apartados de sus puestos de trabajo.

Funcionarios del gobierno de Trump celebraron la decisión del tribunal, y el propio Trump agradeció al tribunal en las redes sociales por "una Gran Victoria para los Padres y Estudiantes de todo el País".

Una portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, dijo en un comunicado que el tribunal había "reconocido una vez más lo que los jueces radicales de los tribunales de distrito se niegan a aceptar: el presidente Trump, como jefe del poder ejecutivo, tiene absoluta autoridad constitucional para dirigir y gestionar sus agencias y funcionarios".

La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo en un comunicado que el departamento seguiría adelante con el despido de trabajadores.

"Llevaremos a cabo la reducción de personal para promover la eficiencia y la responsabilidad y para garantizar que los recursos se destinen a donde más importan: los estudiantes, los padres y los profesores", dijo McMahon. Añadió que el gobierno "devolverá la educación a los estados", pero "seguirá cumpliendo todas las obligaciones estatutarias" al tiempo que "reducirá la burocracia educativa".

Los demócratas y un sindicato que representa a los trabajadores del Departamento de Educación advirtieron de graves consecuencias.

"Este esfuerzo del gobierno de Trump por desmantelar el Departamento de Educación juega con el futuro de millones de estadounidenses, y después de solo cuatro meses, las consecuencias ya son evidentes en todo nuestro sistema educativo", dijo en un comunicado Sheria Smith, presidenta de la sección 252 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.

El senador Chuck Schumer por Nueva York, líder de la minoría, dijo en las redes sociales: "Esto no es racionalizar. Es sabotaje. Y son los niños estadounidenses los que pagan el precio".

Trump había firmado una orden ejecutiva el 20 de marzo en la que instruía a McMahon para que comenzara a cerrar la agencia federal, que gestiona los préstamos federales para la universidad, supervisa el rendimiento de los estudiantes y apoya los programas para estudiantes con discapacidades. Los funcionarios del gobierno de Trump citaron los bajos resultados de los estudiantes en los exámenes como la razón para desmantelar el departamento.

"Vamos a cerrarlo, y cerrarlo lo antes posible", dijo Trump durante la ceremonia en la que firmó la orden ejecutiva.

La medida desencadenó de inmediato una lucha legal sobre el futuro del departamento porque fue creado por una ley del Congreso y los legisladores no habían dado su aprobación para eliminarlo.

Poco después, dos distritos escolares, la Federación Estadounidense de Maestros y 21 fiscales generales estatales demócratas presentaron una impugnación legal ante un tribunal federal de Massachusetts. Los impugnadores pidieron a un juez que bloqueara la orden ejecutiva y deshiciera una ronda de despidos que redujo la plantilla del departamento aproximadamente a la mitad.

Los abogados de los impugnadores argumentaron que los planes del gobierno interferirían en la capacidad del departamento para llevar a cabo las funciones exigidas por la ley.

El 22 de mayo, el juez Myong Joun, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, ordenó al gobierno de Trump que readmitiera a los empleados despedidos mientras la demanda estuviera pendiente. Joun, quien fue nominado a la magistratura por el presidente Joe Biden, dijo que estaba de acuerdo en que solo el Congreso podía eliminar el departamento y que las acciones del gobierno equivalían a un cierre ilegal de la agencia.

El 4 de junio, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó el fallo de Joun. Dos días después, el gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, y pidió que interviniera y levantara la orden del juez de primera instancia. En la presentación, el Procurador General D. John Sauer argumentó que Joun había "frustrado la autoridad del poder ejecutivo para administrar el Departamento de Educación".

En respuesta, los abogados de los impugnadores argumentaron que los dirigentes del organismo se habían "propuesto destruirlo por decreto ejecutivo" y sin el apoyo del Congreso.

En sus escritos ante el tribunal, los impugnadores afirmaron que el juez de primera instancia había determinado correctamente que era probable que el gobierno perdiera su argumento de que no había eliminado el departamento. Joun reconoció correctamente que el hecho de que "quedara un equipo mínimo" en el Departamento de Educación no significaba que el gobierno de Trump "cumpliera fielmente la misión del Congreso" en lo que en realidad era "derribar el departamento hasta la madera contrachapada", argumentaron.

El gobierno de Trump respondió en los documentos judiciales que el departamento había "determinado que puede llevar a cabo sus funciones estipuladas en los estatutos con un personal reducido y que muchas funciones discrecionales es mejor dejarlas en manos de los estados".

Michael C. Bender colaboró con reportería.

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.

Michael C. Bender colaboró con reportería.