La Corte Suprema permitirá que Trump ponga fin a la ciudadanía por nacimiento en 28 estados

La orden entrará en vigor dentro de 30 días. Los jueces no abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden presidencial de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en EE. UU.

La Corte Suprema acordó el viernes permitir que el presidente Donald Trump ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes de Estados Unidos, incluso cuando las impugnaciones legales a la constitucionalidad de la medida prosiguen en otras regiones.

El fallo, de 6 votos a favor y 3 en contra, redactado por la jueza Amy Coney Barrett y dividido según líneas ideológicas, es una importante victoria para Trump, y puede permitir que se modifique, aunque sea temporalmente, la forma en que se concede la ciudadanía en Estados Unidos.

La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, dijeron los jueces en su dictamen, lo que permitirá que se continúe impugnando su legalidad. Los jueces tampoco abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden del presidente para que se restrinja la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que podría dejar este tema para otro momento.

El fallo del tribunal también pareció poner en entredicho la capacidad de los jueces federales para congelar políticas en todo el país, una poderosa herramienta que se ha utilizado con frecuencia en los últimos años para bloquear medidas instituidas por gobiernos demócratas y republicanos.

Jueces de todo el espectro ideológico habían criticado estos llamados mandatos judiciales de ámbito nacional, con el argumento de que animaban a buscar jueces complacientes y eludían indebidamente el proceso político al permitir que un juez paralizara una política en todo el país.

La sorprendente decisión significa que la orden ejecutiva firmada por Trump que pone fin a la práctica de conceder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos entrará en vigor dentro de 30 días en los 28 estados que no han impugnado la medida.

Los detalles de cómo se aplicaría la política no estaban claros de inmediato.

herramientas judiciales controvertidas

Los jueces federales de primera instancia han fallado sistemáticamente en contra del gobierno de Trump, lo cual ha obstaculizado los esfuerzos por retener financiamiento a las escuelas con programas de diversidad, reubicar a las mujeres transgénero en las prisiones federales y eliminar las protecciones contra la deportación de cientos de miles de inmigrantes venezolanos.

El caso se presentó a los jueces a raíz de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, el primer día de su segundo mandato, que parecía poner en entredicho el principio conocido como ciudadanía por derecho de nacimiento, que forma parte de la Constitución desde hace más de 150 años.

El anuncio provocó impugnaciones legales inmediatas por parte de 22 estados liderados por demócratas, de organizaciones de defensa de los inmigrantes y mujeres embarazadas preocupadas por la posibilidad de que no se concediera la ciudadanía a sus hijos de forma automática. A los pocos días, un juez federal de Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva. En un procedimiento abarrotado de asistentes, el juez interrumpió a un abogado del Departamento de Justicia para reprenderlo.

"Llevo cuatro décadas en el banquillo. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como lo es esta", dijo Coughenour, al calificar la orden de Trump de "descaradamente inconstitucional".

Jueces federales de Maryland y Massachusetts también emitieron órdenes de suspensión de la política. Los tres jueces extendieron sus órdenes a todo el país, incluso a los estados que no habían interpuesto recursos judiciales.

El 13 de marzo, el gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia en la que pedía a los jueces que evaluaran si tales órdenes judiciales a escala nacional eran legales.

La Corte Suprema nunca ha dictado una sentencia que aborde directamente las medidas cautelares de ámbito nacional. Pero jueces de todo el espectro ideológico han expresado su escepticismo al respecto.

En un movimiento inusual, los jueces anunciaron que escucharían los argumentos orales sobre la solicitud de emergencia, y mientras tanto bloquearían la aplicación de la orden ejecutiva. Las solicitudes de emergencia suelen decidirse sin audiencia.

En un debate sobre el caso realizado el 15 de mayo, la Corte Suprema discutió sobre las afirmaciones del gobierno de Trump de que los jueces de primera instancia se habían extralimitado en sus funciones.

Los jueces tenían dos preocupaciones principales. Varios se mostraron escépticos ante la posibilidad de que los jueces federales pudieran congelar las medidas ejecutivas para todo el país, en lugar de solo para las partes directamente implicadas en el litigio, que es la cuestión central del caso.

Pero muchos de los jueces también parecían preocupados por las consecuencias prácticas de permitir que la orden ejecutiva entrara en vigor, aunque fuera temporalmente y solo en algunas partes del país. Algunos de los jueces se preguntaron cómo podrían pronunciarse rápidamente sobre la legalidad de la orden ejecutiva, que el gobierno no les había pedido que revisaran.

"¿Cómo nos haría llegar con prontitud los méritos de este caso?", preguntó el juez Neil Gorsuch a un abogado de la fiscalía general de Nueva Jersey, uno de los 22 estados liderados por los demócratas que impugnaron la orden.

La cuestión subyacente --la legalidad de la ciudadanía por derecho de nacimiento-- es fundamental en la Constitución. La práctica de conceder automáticamente la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense, aunque sus padres no sean ciudadanos, se considera desde hace tiempo un principio de la ley de migración. La 14.ª Enmienda, ratificada tras la Guerra Civil, declaró que "toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que resida".

En 1898, la Corte Suprema afirmó ese derecho en un caso histórico, Estados Unidos contra Wong Kim Ark. Durante más de un siglo, los tribunales han mantenido esa interpretación.

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.