EE. UU. planea volver a deportar a Abrego Garcia, según el Departamento de Justicia

La afirmación suscitó dudas sobre la seriedad con la que el gobierno se toma los cargos penales presentados contra el migrante Kilmar Armando Abrego Garcia.

Menos de tres semanas después de que Kilmar Armando Abrego Garcia fue devuelto a Estados Unidos, luego de una deportación errónea a El Salvador, para enfrentar cargos penales en una corte estadounidense, el gobierno de Donald Trump indicó el jueves que planea deportarlo de nuevo, esta vez a un país diferente.

Jonathan Guynn, abogado del Departamento de Justicia, reconoció ante un juez que no había "planes inminentes" para expulsar a Abrego Garcia. Sin embargo, la afirmación de que el gobierno tiene la intención de volver a deportar a un hombre que acababa de ser devuelto al país tras ser imputado suscitó dudas sobre los cargos que el Departamento de Justicia presentó en su contra.

Resultó sorprendente que la fiscala general, Pam Bondi, anunciara el 6 de junio que las autoridades iban a devolver a Abrego Garcia a Estados Unidos, tras semanas de insistir en que el gobierno de Trump no podía cumplir una serie de órdenes judiciales --incluida una de la Corte Suprema-- para "facilitar" su liberación de la custodia salvadoreña.

La razón declarada por el gobierno para volver a traerlo a Estados Unidos fue igualmente sorprendente: fue devuelto para que pudiera ser juzgado, según dijo Bondi, por graves cargos de participación en una conspiración de un año de duración para introducir clandestinamente migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa en Washington, Bondi calificó a Abrego Garcia como "traficante de seres humanos, niños y mujeres", y lo relacionó con delitos aún más graves, como asesinato y tráfico de drogas.

"Así es la justicia estadounidense", dijo Bondi. "Una vez cumplida su condena, prevemos que será devuelto a su país de origen, El Salvador".

La admisión de Guynn de que el gobierno tiene la intención de expulsar a Abrego Garcia, quien es salvadoreño, a un tercer país planteó la posibilidad de que pudiera ser deportado antes de ser juzgado. Sus declaraciones se produjeron mientras los jueces que supervisan sus causas penales y civiles de expulsión se esforzaban por averiguar qué pensaba hacer el gobierno con él.

Poco después de la publicación de este artículo, una portavoz de la Casa Blanca publicó un mensaje en las redes sociales en el que calificaba las noticias sobre las declaraciones de Guynn como "noticias falsas".

El domingo por la noche, una jueza federal de Tennessee dijo que Abrego Garcia debía ser puesto en libertad porque el Departamento de Justicia no había podido demostrar que constituyera un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Pero la magistrada, Barbara D. Holmes, admitió que no iba a quedar libre sin más, y que era probable que el gobierno lo pusiera bajo custodia de migración mientras su causa penal avanzaba por los tribunales.

Casi inmediatamente, el Departamento de Justicia pidió al juez de distrito encargado del caso, Waverly D. Crenshaw Jr., que suspendiera la orden de puesta en libertad de Abrego Garcia. En su petición, los abogados del departamento parecían indicar que existía tensión entre ellos y sus colegas del Departamento de Seguridad Nacional, de quienes dijeron que podrían intentar deportar al acusado "en un futuro próximo".

El juez Crenshaw no aceptó de buen grado la sugerencia de que una parte del poder ejecutivo estuviera en desacuerdo con otra. En la decisión que ordenaba la puesta en libertad de Abrego Garcia, dijo que si el acusado era expulsado antes de que se resolviera su caso penal, sería una indicación de las prioridades del gobierno de Trump.

"Si el gobierno considera que este caso es tan prioritario como argumenta aquí, le corresponde garantizar que Abrego responda por los cargos que se le imputan", escribió el juez Crenshaw. "Si el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional no pueden hacerlo, eso habla por sí mismo".

El Departamento de Justicia ya había dicho que podría solicitar la deportación de Abrego Garcia si regresaba a Estados Unidos. En marzo fue enviado allí injustamente en un incidente que los funcionarios gubernamentales han reconocido ampliamente como un "error administrativo".

Pero los abogados del departamento hicieron esas afirmaciones antes de presentar la acusación contra Abrego Garcia, y antes de que altos funcionarios como Bondi proclamaran la gravedad de los cargos. De hecho, el día que trajeron a Abrego Garcia de El Salvador, Todd Blanche, el principal adjunto de Bondi, publicó en las redes sociales una captura de pantalla del acta de acusación con un sarcástico pie de foto: "Bienvenido a casa".

La confusión en la causa penal de Abrego Garcia se extendió a su caso de deportación cuando Guynn compareció el miércoles ante la jueza Paula Xinis, quien se ocupa de ese segundo asunto en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland.

El objetivo de la audiencia era establecer un calendario para argumentar sobre una petición de emergencia de los abogados de Abrego Garcia para que el gobierno no vuelva a deportarlo en un futuro próximo.

La jueza Xinis le preguntó a Guynn qué pensaba hacer el gobierno con Abrego Garcia cuando fuera puesto en libertad el viernes. Guynn reconoció que el gobierno tenía intención de iniciar el proceso de expulsarlo a "un tercer país".

La jueza Xinis, que parecía sorprendida, preguntó cuánto podría durar ese proceso.

"¿Treinta segundos?", dijo. "¿Treinta días? ¿Treinta meses?".

Guynn reconoció que no lo sabía, pero insistió en que no ocurriría de forma inminente.

Si el gobierno vuelve a tratar de deportar Abrego Garcia a El Salvador, probablemente primero tendría que anular una orden existente que le prohíbe ser enviado a ese país. Dicha orden se dictó en 2019, después de que un juez de migración considerara que podría correr peligro si se le devolvía a su país de origen.

Desde ese punto de vista, la sugerencia de Guynn de que el gobierno planeaba deportar a Abrego Garcia a un tercer país resultaba intrigante.

El lunes, la Corte Suprema emitió una sentencia que permitía a la Casa Blanca deportar a migrantes a países distintos del suyo, dejando en suspenso la decisión de un tribunal inferior que decía que primero debía darse a los migrantes la oportunidad de demostrar que allí se enfrentarían al riesgo de tortura.

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times y se enfoca en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el presidente Trump.