Los dueños de la discoteca Jet Set en República Dominicana ignoraron las advertencias

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Los propietarios del club nocturno en el que murieron 235 personas, enfrentan un máximo de solo dos años de prisión.

Eran las 2:23 p. m. de un lunes en Santo Domingo, ya se habían vendido 379 entradas para un gran espectáculo que se llevaría a cabo esa noche en la discoteca Jet Set, y el encargado de reservas del club, Gregorio Adames, estaba preocupado porque se estaban cayendo pedazos del techo y derribaban los paneles.

Aunque no era la primera vez que se desprendían paneles, de pronto se dio cuenta de que los daños eran más peligrosos de lo que se pensaba. El problema no eran los paneles: era el propio tejado.

"Don, hay un tema importante que hay que revisar en la discoteca", le escribió por WhatsApp a su jefe, Antonio Espaillat, propietario del club y magnate de la radio, según una acusación penal de 126 páginas que fue divulgada el fin de semana.

Cuando otro trozo cayó a las 11:40 p. m., golpeando a un cliente, Adames instó a su jefe a que cancelara el espectáculo, según dijeron los fiscales. Pero Espaillat estaba fuera de la ciudad, y su hermana, Maribel Espaillat, que también dirigía el club, dijo que no estaba autorizada a tomar decisiones importantes sin él.

A las 12:44 a. m. de la mañana del 8 de abril, el techo de la edificación, que era la discoteca más popular de Santo Domingo y que tenía décadas de antigüedad, se vino abajo, matando a 235 personas e hiriendo a casi 200 más. Las víctimas procedían de nueve países; cinco eran de Estados Unidos. Ciento treinta niños perdieron a sus padres; 15 perdieron a ambos progenitores. La edad de los fallecidos oscilaba entre los 17 y los 71 años.

Los Espaillat enfrentan cargos de homicidio involuntario y están en la cárcel, a la espera de una audiencia de fianza prevista para esta semana. Los fiscales piden que Espaillat permanezca en prisión sin fianza y que su hermana sea puesta bajo arresto domiciliario.

Los hermanos sabían desde hacía años que el techo tenía graves problemas, dijo la procuraduría, pero en vez de pagarles a profesionales para repararlo, recurrieron a trabajadores no cualificados que una y otra vez hicieron arreglos temporales apresurados. Añadieron capa tras capa de hormigón --de más de 30 centímetros de grosor-- sobre un techo que ya estaba sobrecargado. Años de negligencia quedaron documentados en publicaciones de clientes en redes sociales y en quejas de empleados, según los fiscales.

Diecisiete estructuras pesadas, incluyendo tanques de agua, condensadores de aire acondicionado y casetas de aluminio, estaban sobre el techo del club y contribuyeron al derrumbe, según un reporte de ingeniería encargado por los fiscales y obtenido por The New York Times.

Cada vez que el techo tenía goteras, los propietarios ponían lonas para contener el agua o añadían más capas de hormigón, aumentando el peso que finalmente provocó el derrumbe, según los fiscales. Las renovaciones de 2010 y 2015 se hicieron sin permisos y, según la acusación, se quitó una columna de soporte que era necesaria.

Si son declarados culpables, los Espaillat podrían enfrentar penas de entre tres meses y dos años de prisión, además de una pequeña multa. "La multa es de menos de dos dólares, es insignificante", dijo Remberto José Durán, el hombre que fue golpeado con un trozo de techo aproximadamente una hora antes de que el techo se desplomara. "Fueron advertidos".

Durán estuvo atrapado bajo los escombros durante siete horas. Su esposa, Indira Disla Méndez, de 39 años, murió en el acto.

La acusación dejó atónitos a sobrevivientes como él, que apenas se están enterando de la magnitud de las advertencias que, según los fiscales, recibieron los dueños de Jet Set sobre el deterioro del techo. Ellos ven los cargos como una simple llamada de atención para unos empresarios adinerados que recortaron gastos a costa de cientos de vidas.

Incluso los fiscales reconocieron que, debido al "marco jurídico desactualizado" del país, era poco probable que el derrumbe, la mayor tragedia colectiva de República Dominicana, genere penas de prisión significativas.

"Que se haga justicia", dijo Crismarlyn Encarnación, de 18 años, quien estaba en el club en el momento de la catástrofe y acudió este fin de semana a una audiencia sobre el caso con muletas y un collar ortopédico alrededor del cuello. "Que él pague, porque conocía lo que podía pasar".

Félix Portes, abogado de decenas de víctimas, fue más lejos.

Los acusados no necesitan abogado, dijo, porque ya tienen a la procuraduría.

Serafín de Jesús, quien perdió a una hija, María de Jesús Martínez, en el derrumbe, se mostró decepcionado.

"Hay pruebas de que son culpables", dijo de Jesús.

Pero la procuradora general del país, Yeni Berenice Reynoso, dijo que el homicidio involuntario era el delito más grave que su oficina podía formular.

"Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado", dijo Reynoso en un comunicado.

El código penal carece de una tipificación adecuada para los delitos de negligencia de este tipo, explicó.

Miguel Valerio, abogado de los Espaillat, dijo que homicidio involuntario era el cargo correcto, porque la familia no tenía mala intención.

"No hubo mala fe", dijo. "No hubo intención".

En cuanto a las advertencias de Adames, el abogado dijo que el exempleado tenía su versión de los hechos y los Espaillat tenían la suya.

Mucha gente esperaba que los Espaillat eludieran su responsabilidad debido a su riqueza, dijo, pero los cargos demuestran que estaban equivocados.

No se pudo contactar a Adames para que hiciera comentarios. En una entrevista televisada la semana pasada, sollozó, suplicó justicia y dijo que temía por su vida ahora que sus advertencias eran públicas.

"Cada familia dominicana necesita saber lo que pasó", dijo.

Frances Robles es periodista del Times para América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región