EE. UU. va contra un juez de Brasil por 'censura'

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Una nueva política del gobierno estadounidense que restringe los visados a funcionarios extranjeros que considere que limitan la expresión en internet parece estar diseñada para el juez Alexandre de Moraes.

Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, es una especie de test de Rorschach político.

En los últimos años, ha emprendido una agresiva campaña para eliminar de internet lo que considera como amenazas contra las instituciones democráticas brasileñas, al ordenar la eliminación de cientos de cuentas de redes sociales, casi todas de derecha.

Por eso, la izquierda brasileña lo considera un salvador de la democracia nacional, al ayudar a protegerla contra un intento de golpe de Estado en 2022.

Para la derecha, es un peligroso censor del gobierno que ha abusado de su poder para silenciar las voces conservadoras en internet.

Elon Musk lo ha desafiado, la empresa de medios de comunicación del presidente Trump lo ha demandado y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro está acusado de conspirar para asesinarlo.

Ahora, por primera vez, parece estar en el punto de mira del gobierno estadounidense, un hecho que podría provocar una ruptura diplomática entre las dos naciones más pobladas del hemisferio occidental.

El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que Estados Unidos restringiría los visados a los funcionarios extranjeros que sean "responsables de censurar expresiones protegidas en Estados Unidos". En una publicación en línea, Rubio señaló a Latinoamérica como ejemplo de una región en la que, en su opinión, dicha censura ha sido un problema.

El Departamento de Estado no quiso decir si el juez De Moraes es un objetivo de la medida. Pero la redacción de la política presentada por el Departamento de Estado se inclina mucho a las quejas que se han planteado sobre él, como que se restringirían los visados a funcionarios que exigieran a las empresas tecnológicas estadounidenses retirar contenidos o amenazaran con órdenes de detención contra residentes estadounidenses por cosas que expresaran en internet.

Rubio también testificó ante el Congreso la semana pasada y dijo que funcionarios estadounidenses estaban estudiando la posibilidad de imponer sanciones a De Moraes y que "existe una gran posibilidad de que eso ocurra".

Por otra parte, el Departamento de Justicia envió este mes una carta a De Moraes en la que le reprendía por ordenar a Rumble, una red social estadounidense popular entre los conservadores, que bloqueara las cuentas de un usuario en particular, según una copia de la carta vista por The New York Times y de la que no se había informado anteriormente.

El Departamento de Justicia dijo a De Moraes que podía hacer cumplir las leyes en Brasil, pero que no podía ordenar a las empresas que tomaran medidas específicas en Estados Unidos.

Una portavoz del juez De Moraes declinó hacer comentarios.

Cualquier acción del gobierno de Trump contra De Moraes podría desestabilizar la relación bilateral entre ambos países, que ya ha sido puesta a prueba por la elección de Trump.

De Moraes es el magistrado principal en el proceso penal federal que decidirá si Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado y aferrarse al poder tras su derrota electoral en 2022. Entre los líderes mundiales, actuales o anteriores, Bolsonaro ha sido uno de los aliados más cercanos de Trump, y le ha pedido públicamente ayuda al mandatario estadounidense para rescatarlo de lo que dice que es una persecución política.

En febrero, un día después de que Bolsonaro fueraimputado en el caso del golpe, The Trump Media & Technology Group --de propiedad mayoritaria de Trump-- y Rumble demandaron a De Moraes, acusándolo de ordenar a Rumble que bloqueara las cuentas de un brasileño residente en Estados Unidos que solicita asilo político.

La semana pasada, Rubio testificó ante el Congreso que las autoridades estadounidenses estaban estudiando la posibilidad de utilizar la Ley Magnitsky para imponer sanciones a De Moraes. Se trataría de una medida extraordinaria porque dicha ley está concebida para castigar a extranjeros acusados de graves violaciones de derechos humanos o de corrupción, y De Moraes es un magistrado de la Corte Suprema que goza de buena reputación entre el poder judicial y el gobierno brasileños.

Tras el testimonio de Rubio, los diplomáticos brasileños empezaron inmediatamente a contactar con sus homólogos estadounidenses, lo que finalmente desembocó en conversaciones de alto nivel en las que participó el canciller de Brasil, Mauro Vieira, según un funcionario del gobierno brasileño que habló bajo condición de anonimato para poder discutir conversaciones privadas.

Los brasileños subrayaron en las conversaciones que las órdenes de De Moraes para eliminar las cuentas en internet se habían tomado en el contexto de una grave amenaza para la democracia de Brasil, dijo el funcionario, debido a que las autoridades han descubierto desde entonces un complot que pedía una intervención militar y a que los partidarios de Bolsonaro asaltaron los recintos del poder de la nación una semana después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo.

El anuncio de una política para imponer restricciones de visados, en lugar de sanciones en virtud de la Ley Magnitsky, era considerada una medida mucho más aceptable para los brasileños, dijo el funcionario.

No estaba claro si Estados Unidos había emprendido o tenía previsto emprender alguna acción contra De Moraes.

La política de visados del Departamento de Estado está dirigida a los funcionarios extranjeros que intentan obligar a empresas estadounidenses a tomar medidas en Estados Unidos. Martin De Luca, abogado de Rumble, dijo que De Moraes ordenó a Rumble que bloqueara las cuentas de un usuario en Estados Unidos. Un juez federal estadounidense dijo que De Moraes no había intentado obligar a Rumble a tomar medidas en Estados Unidos y que sus órdenes son, en gran medida, solo aplicables en Brasil.