Un funcionario de EE. UU. presionó para que se reescribiera un informe que contradecía a Trump

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Una evaluación de inteligencia contradecía una afirmación del presidente. Un funcionario exigió rehacerla y también presionó para cambiar su nueva versión.

Nuevos correos electrónicos documentan cómo un alto asesor de Tulsi Gabbard, directora de la inteligencia nacional, ordenó a los analistas que editaran una evaluación con la esperanza de proteger al presidente Donald Trump y a Gabbard de ser atacados por la afirmación del gobierno estadounidense de que el gobierno de Venezuela controla una banda criminal.

"Tenemos que reescribir un poco" y hacer más trabajo analítico "para que este documento no sea utilizado contra la DNI o contra el POTUS", escribió Joe Kent, jefe de personal de Gabbard, en un correo electrónico a un grupo de funcionarios de inteligencia el 3 de abril, utilizando las siglas en inglés del puesto de Gabbard y del presidente de Estados Unidos.

The New York Times reportó la semana pasada de que Kent había presionado a los analistas para que rehicieran su evaluación, fechada el 26 de febrero, sobre la relación entre el gobierno de Venezuela y la banda Tren de Aragua (TDA), después de que saliera a la luz que la evaluación contradecía una afirmación posterior de Trump. La revelación del lenguaje preciso de los correos electrónicos de Kent se ha sumado a la imagen emergente de una intervención politizada.

El memorando final, fechado el 7 de abril y que se ha hecho público desde entonces, sigue contradiciendo una afirmación clave que Trump hizo para justificar el envío de personas acusadas de pertenecer a la banda a una tristemente célebre prisión salvadoreña sin el debido proceso.

Los correos electrónicos sobre el tema enviados por Kent, quien también es el candidato pendiente de Trump para dirigir el Centro Nacional de Contraterrorismo, han circulado dentro de la comunidad de inteligencia y fueron descritos por personas informadas al respecto. Las intervenciones de Kent han hecho saltar las alarmas internas sobre la politización de los análisis de inteligencia.

Los defensores de Kent han rebatido que su intento de intervención formase parte de una campaña de presión, y argumentan que él trataba de mostrar más de lo que la comunidad de inteligencia sabía sobre la banda criminal.

Pero la revelación de sus correos electrónicos respalda las versiones de los críticos que dijeron que estaba ejerciendo presión política para generar una narrativa torcida que apoyara la agenda política del gobierno, en lugar de socavarla.

La cuestión se centra en la invocación que Trump hizo en marzo de una ley de tiempos de guerra rara vez utilizada, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar sumariamente a personas acusadas de ser miembros de la banda criminal. Tras varios traslados en avión de este tipo, los tribunales han bloqueado por ahora cualquier nuevo uso de la ley.

La ley, promulgada en 1798, permite al gobierno expulsar a los ciudadanos de un país que esté en guerra declarada con Estados Unidos o que invada el territorio estadounidense. A primera vista, parece requerir un vínculo con las acciones de un Estado extranjero, y Trump invocó tal vínculo en una proclamación el 15 de marzo.

"El TDA está emprendiendo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela", declaró Trump, refiriéndose a la banda. "Llego a estas conclusiones haciendo uso de toda la autoridad que me confiere la Constitución para dirigir los asuntos exteriores de la nación".

Pero la comunidad de inteligencia estadounidense cree lo contrario: la banda no está controlada por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni comete delitos en Estados Unidos bajo su dirección, según las dos evaluaciones del Consejo Nacional de Inteligencia.

El consejo es un grupo de estrategia interno de élite que depende de la oficina del director de inteligencia nacional. Lleva a cabo proyectos analíticos a petición de las personas responsables de diseñar políticas, basándose en información recopilada por agencias como la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional.

La Casa Blanca solicitó la evaluación original en febrero, mientras preparaba la proclamación de la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump. Incluso después de que el consejo presentara su primera evaluación, Trump procedió a firmar la proclamación que planteaba la afirmación contraria para activar los poderes de deportación en tiempo de guerra.

La desconexión salió a la luz por primera vez en un artículo del Times del 20 de marzo que informaba de la existencia del memorando del 26 de febrero y detallaba por qué la comunidad de inteligencia había llegado a esa conclusión. El Times también informó de que el FBI disentía en parte y pensaba que había algunos vínculos entre la banda y el gobierno de Venezuela basándose en información que el resto de las agencias de espionaje del país consideraban poco creíble.

El gobierno de Trump reaccionó con alarma ante la revelación de la evaluación de los servicios de inteligencia. El 21 de marzo, un viernes, Todd Blanche, el fiscal general adjunto --quien también fue un abogado penalista de Trump-- emitió un comunicado en el que afirmaba que el Departamento de Justicia estaba abriendo una investigación penal por filtración, al tiempo que tachaba de inexacto el artículo del Times.

El lunes siguiente, 24 de marzo, Kent envió un correo electrónico a varias personas, entre ellas Michael Collins, entonces jefe en funciones del Consejo Nacional de Inteligencia. En su mensaje adjuntó una copia del artículo del Times y pidió al equipo que lo examinara, Kent dijo que era necesario "replantearse" la evaluación, según múltiples personas que lo describieron.

"Inundar nuestra nación de 'migrantes', y especialmente de 'migrantes' que forman parte de una banda criminal violenta, es la acción de una nación hostil, aunque el gobierno de Venezuela no esté específicamente encargando o permitiendo las operaciones del TDA", escribió Kent, según las personas informadas sobre el correo electrónico.

El comentario de Kent de que el gobierno de Maduro no estaba "encargando o permitiendo" las operaciones de la banda parece conceder que la afirmación de Trump podría ser dudosa. Pero Kent redobla la idea de que Venezuela se había aprovechado de las políticas de inmigración de la era Biden para permitir que migrantes, incluidos miembros de la banda, entraran en Estados Unidos.

Kent escribió que el consejo debía elaborar una nueva evaluación sobre el tema que reflejara el "sentido común básico" antes del final de la semana, afirmando que quería entender cómo cualquier agencia había llegado a la conclusión de que el gobierno de Venezuela no estaba orquestando las acciones del Tren de Aragua en Estados Unidos.

Reuters reportó anteriormente el lenguaje preciso del correo electrónico de Kent del 24 de marzo.

Collins aceptó empezar a trabajar en una nueva evaluación del consejo, según las personas familiarizadas con el intercambio.

Collins y Kent intercambiaron varios correos electrónicos el 3 y el 4 de abril. Pero en un largo correo electrónico del 3 de abril, Kent pidió cambios, argumentando que hacía parecer erróneamente, en su opinión, que el gobierno venezolano no tenía conexiones con la banda.

"Digamos abiertamente que los líderes del TDA reciben refugio en Venezuela mientras los miembros de su banda cometen crímenes horrendos en Estados Unidos, y entonces podremos proporcionar el contexto sobre nuestro conocimiento exacto de la relación entre el TDA y el gobierno venezolano", escribió Kent.

También argumentó que la evaluación no hacía lo suficiente para describir la situación en la frontera y las políticas del gobierno de Joe Biden que, en su opinión, habían facilitado demasiado la entrada de migrantes en Estados Unidos. Calificó al expresidente Joe Biden de haber anunciado que la frontera estaba abierta y de haber convertido la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un "servicio de viajes para ilegales".

"El TDA no necesitó apoyo logístico del gobierno venezolano porque Biden se lo proporcionó", escribió Kent. "Comprendo que algunos lo consideren político, pero no lo es".

Kent terminó el correo electrónico escribiendo que quería una versión para el final de la semana que pudiera ser desclasificada y proporcionada al equipo de la Casa Blanca dirigido por Stephen Miller, el arquitecto de la política antiinmigración del gobierno de Trump.

Los días 3 y 4 de abril, en una serie de correos electrónicos, los dos hombres colaboraron en varias propuestas de edición del documento, Kent presionando para que se tratara más el impacto de la política fronteriza en la migración, y Collins aceptando algunas ediciones.

Funcionarios de la oficina del director de inteligencia nacional declinaron hacer comentarios el martes.

La comunidad de inteligencia piensa en general, según la evaluación hecha pública, que el gobierno de Venezuela "probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo los movimientos y operaciones del TDA hacia Estados Unidos". Los analistas del FBI están de acuerdo con esa valoración, decía el memorando, pero también creen que "algunos funcionarios del gobierno venezolano facilitan la migración de los miembros del TDA" y los utilizan como apoderados para desestabilizar Estados Unidos y socavar la seguridad pública.

Sin embargo, la base de la discrepancia parcial del FBI procede de las declaraciones realizadas bajo custodia por migrantes que fueron detenidos en Estados Unidos, y "la mayoría" de la comunidad de inteligencia "considera que la inteligencia que indica que los dirigentes del régimen dirigen o facilitan la migración del TDA a Estados Unidos no es creíble", decía el memorando.

Entre otras razones, citaba la falta de corroboración de las comunicaciones y los flujos de financiación que las agencias de espionaje esperarían recopilar si se estuviera produciendo tal coordinación, decía.

El memorando también contradecía la premisa de Kent, en el correo electrónico del 24 de marzo, de que el gobierno de Venezuela estaba enviando deliberadamente migrantes a Estados Unidos, fueran malos actores o no. Más bien, decía, los venezolanos migraban "voluntariamente, a menudo con un gran riesgo personal, para huir de la inestabilidad política y del casi colapso de la economía de Venezuela".

Se dice que Kent reaccionó con satisfacción a la versión final del segundo memorando y ordenó que se desclasificara para que pudiera debatirse públicamente, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que condujo a su publicación el 5 de mayo en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

A pesar de la alegría de Kent por el trabajo final de Collins, el segundo memorando sigue contradiciendo lo que dijo Trump y su divulgación oficial ha supuesto un problema jurídico y político para el gobierno de Trump. Desde entonces, Gabbard ha despedido a Collins y a su adjunto en el Consejo Nacional de Inteligencia, tachándolos de burócratas tendenciosos del Estado profundo.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.