España ordena a Airbnb retirar 66.000 anuncios de alquileres

Renting and Leasing (Real Estate) Affordable Housing Real Estate and Housing (Residential) Regulation and Deregulation of Industry Airbnb Spain

El gobierno español está endureciendo las medidas contra los alquileres turísticos en su intento de aliviar la dolorosa escasez de vivienda.

El lunes, el gobierno español ordenó a Airbnb que retirara casi 66.000 anuncios de su plataforma, lo cual amplía las medidas de mano dura contra los alquileres turísticos en su intento de aliviar una crisis de la vivienda que se ha convertido en una de las peores de Europa.

El gobierno dijo que los anuncios infringían las normas porque carecían de licencias, tenían números de licencia falsos o no revelaban si la propiedad era gestionada por una empresa o por un particular.

Airbnb dijo en un comunicado que seguiría apelando todas las decisiones relacionadas con el caso. Un portavoz dijo que la empresa mantendría los anuncios hasta que el recurso procediera en los tribunales.

La asequibilidad de la vivienda se ha convertido en una cuestión social y política crítica en España, donde se han llevado a cabo manifestaciones masivas en todo el país por parte de personas que afirman que la proliferación de inversores inmobiliarios y la conversión de viviendas en alojamientos turísticos han expulsado a las familias de sus hogares. La escasez ha contribuido a que los precios suban mucho más rápido que los salarios, poniendo la vivienda asequible fuera del alcance de muchos.

Pablo Bustinduy, el ministro español de Consumo, dijo que la medida formaba parte de un impulso más amplio de las autoridades nacionales, regionales y locales para conseguir que "ningún interés económico prime sobre el derecho a la vivienda".

Su agencia ya había investigado a Airbnb y notificado a la empresa hace varios meses que 65.935 anuncios no cumplían los requisitos legales y debían ser retirados, pero la empresa presentó un recurso ante los tribunales. El lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó la orden. El gobierno exigirá a Airbnb que retire un primer lote de 5800 anuncios del sitio, y se emitirán órdenes adicionales hasta que se retiren todos los anuncios ilegales, dijo Bustinduy.

La empresa dijo que la causa fundamental de la crisis de la vivienda asequible en España era la falta de oferta de viviendas y que las restricciones más estrictas impuestas en ciudades como Ámsterdam, Barcelona, Edimburgo y Nueva York "no han conseguido aliviar los problemas locales de vivienda, al tiempo que perjudican a las familias locales que dependen del hospedaje y hacen subir el precio de los alojamientos para los viajeros".

"La solución es construir más viviendas; cualquier otra cosa es una distracción", dijo la empresa en el comunicado.

Los alojamientos de Airbnb en Madrid y Cataluña, cuya capital es Barcelona, están entre los afectados por la sentencia del lunes.

Barcelona había anunciado que se convertiría en la primera ciudad europea en poner fin a las licencias para alquileres vacacionales, obligando a los propietarios a ofrecerlos como alojamientos a largo plazo con alquileres limitados para 2028 o a ponerlos a la venta. El alcalde Jaume Collboni declaró recientemente a The New York Times que la principal prioridad era hacer frente a la creciente desigualdad derivada de la falta de viviendas asequibles.

Los problemas de España imitan el dolor que azota a otras ciudades europeas: los inversores han convertido cada vez más los inmuebles residenciales en activos financieros. El aumento del turismo mundial y de los trabajadores que cruzan las fronteras han llevado a los propietarios a favorecer los alquileres a corto plazo frente a los inquilinos protegidos a largo plazo. Las ciudades necesitan más viviendas, pero los altos costos y las complejas normativas han asfixiado la construcción. El inventario de viviendas sociales en toda Europa para dar cobijo a familias en apuros, en otro tiempo tan elogiado, se ha reducido después de que los gobiernos vendieran unidades para recaudar dinero.

En España, el gobierno ha intentado revertir el problema con un ambicioso programa para construir más alojamientos asequibles y viviendas sociales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado frenar a los compradores extranjeros, incluso proponiendo un impuesto del 100 por ciento dirigido a los inversores inmobiliarios extranjeros.

Y en diciembre, el Tribunal Supremo de España dictaminó que las comunidades de propietarios podían prohibir el alquiler turístico en sus edificios si obtenían el acuerdo de una mayoría de tres quintos.

José Bautista colaboró con reportería desde Madrid.

Liz Alderman es la corresponsal jefa de negocios para Europa y escribe sobre la evolución económica, social y política en Europa.

José Bautista colaboró con reportería desde Madrid.