La Corte Suprema mantiene el bloqueo del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos

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Los jueces devolvieron el caso a un tribunal inferior para que considere si dicha ley puede utilizarse para deportar a inmigrantes acusados de pertenecer a una banda delictiva.

La Corte Suprema dijo el viernes que no permitirá que el gobierno de Donald Trump deporte a un grupo de detenidos venezolanos acusados de pertenecer a una banda violenta en virtud de una ley rara vez invocada en tiempos de guerra, mientras el asunto se litiga en los tribunales.

Los magistrados devolvieron el caso a un tribunal federal de apelaciones, ordenándole que examinara las alegaciones de los migrantes de que no podían ser deportados legalmente en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, la centenaria ley de tiempos de guerra invocada por el gobierno de Trump. Los jueces dijeron que el tribunal de apelaciones también debía examinar qué tipo de notificación debía proporcionar el gobierno para darles a los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

La corte dijo que su orden se mantendrá en vigor hasta que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se pronunciara y la Corte Suprema estudiara cualquier apelación de ese fallo.

El juez Samuel A. Alito Jr. escribió una opinión discrepante. El juez Clarence Thomas respaldó a Alito.

La sentencia asesta un duro golpe a los esfuerzos del gobierno de Trump para implementar una ley de guerra con el fin de ejecutar deportaciones rápidas y generalizadas de inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda violenta.

También sugiere que una mayoría de los jueces podría mostrarse escéptica sobre si el gobierno ha concedido a los migrantes suficientes protecciones procesales antes de deportarlos, potencialmente a una prisión para terroristas en El Salvador.

El gobierno de Trump ha intentado utilizar la ley como herramienta para acelerar su iniciativa emblemática de deportar a millones de migrantes, lo que ha provocado enfrentamientos con un poder judicial escéptico.

La Corte Suprema ya se había pronunciado sobre la cuestión en una ocasión, acordando a principios de abril permitir temporalmente que el gobierno siga adelante con su uso de la ley, siempre que diera a los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones ante los tribunales.

A medida que se han ido presentando esas impugnaciones, varios jueces de tribunales inferiores han llegado a la conclusión de que el gobierno ha sobrepasado el alcance de la ley, que solo puede invocarse cuando Estados Unidos ha sido objeto de una "invasión" o "incursión depredadora", y han bloqueado la deportación de grupos de venezolanos.

El fallo del viernes sucede tras una lucha legal de alto nivel entre el gobierno de Trump y los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) en uno de esos desafíos. Los abogados se apresuraron a acudir al tribunal el 18 de abril, tras recibir la noticia de que los migrantes venezolanos detenidos en Texas y acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda venezolana, habían recibido notificaciones de expulsión inminente y estaban subiendo a autobuses, presumiblemente para ser llevados al aeropuerto.

El grupo presentó rápidamente una demanda ante un tribunal federal de primera instancia de Abilene, Texas, en nombre de dos de los venezolanos recluidos en el centro de detención. Los abogados del Departamento de Justicia respondieron diciendo a un juez de primera instancia que no tenían planes inmediatos de expulsar a los detenidos.

El juez, James W. Hendrix, quien fue nombrado durante el primer gobierno de Trump, se negó a dictar una orden que bloqueara temporalmente las expulsiones.

Posteriormente, la ACLU pidió a la Corte Suprema que actuara en su lugar.

Pasada la medianoche del 19 de abril, los jueces suspendieron temporalmente las expulsiones y escribieron: "Se ordena al gobierno que no expulse de Estados Unidos a ningún miembro de los detenidos hasta nueva orden de este tribunal", decía la orden.

Los jueces actuaron rápidamente esa noche, y la solicitud de emergencia ha estado pendiente ante el tribunal desde entonces.

El procurador general, D. John Sauer, instó a los jueces en un escrito judicial a que permitieran a los tribunales inferiores pronunciarse antes de seguir interviniendo en el caso. No abordó los detalles de las afirmaciones de la ACLU de que las expulsiones habían sido inminentes, con autobuses que se estaban cargando para el aeropuerto. En cambio, dijo que el gobierno había avisado a los detenidos sujetos a deportación inminente y que "han tenido tiempo suficiente para presentar" demandas de impugnación de su expulsión.

En una respuesta al tribunal, la ACLU rebatió esta afirmación, argumentando que el gobierno de Trump había tomado "medidas contrarias a la resolución específica de este tribunal" de que el gobierno notificara las expulsiones y diera tiempo para impugnarlas.

En lugar de proporcionar una notificación que permitiera a los detenidos impugnar su expulsión, decía el escrito de la ACLU, "el gobierno entregó a los detenidos un formulario solo en inglés, que no se facilitó a ningún abogado, y que en ninguna parte menciona el derecho a impugnar la designación o la expulsión, y mucho menos explica cómo pueden hacerlo los detenidos".

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.