Un juez de Texas bloquea el uso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos

Law and LegislationDecisions and VerdictsDeportationAmerican Civil Liberties UnionJustice DepartmentTren de Aragua (Gang)Abrego Garcia, Kilmar ArmandoBoasberg, James ETrump, Donald JWar and Emergency Powers (US)Alien Enemies Act (1798)Texas

El fallo, que se limita al Distrito Sur de Texas, prohíbe al gobierno utilizar la ley de tiempos de guerra, porque las afirmaciones del presidente sobre una pandilla venezolana no se ajustan a lo que se entendería por "invasión".

El jueves, un juez federal de Estados Unidos prohibió de manera permanente al gobierno de Donald Trump invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, para deportar del Distrito Sur de Texas a personas venezolanas que ha considerado criminales. Afirmó que el uso de esta ley por parte de la Casa Blanca era ilegal.

La decisión del juez, Fernando Rodriguez Jr., es el fallo más amplio dictado hasta ahora por cualquiera de los numerosos juristas que actualmente están evaluando impugnaciones contra los esfuerzos de la Casa Blanca por utilizar esta ley poderosa, pero rara vez invocada, como parte de sus ambiciosos planes de deportación.

La sentencia de 36 páginas del juez Rodriguez, quien fue nombrado por el presidente Trump, representó un rechazo filosófico a los intentos de la Casa Blanca de trasladar al contexto de la política migratoria actual la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798 cuando el naciente Estados Unidos estaba amenazado por la guerra con Francia.

La Corte Suprema ya ha dicho que cualquier venezolano que la Casa Blanca quiera expulsar en virtud de la proclamación de Trump invocando la ley debe tener la oportunidad de impugnar su expulsión. Pero el fallo del juez Rodriguez fue más allá, al afirmar que la Casa Blanca había tergiversado indebidamente el significado de la ley, que se supone que solo puede utilizarse contra miembros de una nación extranjera hostil en tiempos de guerra declarada o durante una invasión militar.

Aunque la decisión de Rodriguez solo aplicaba para los migrantes venezolanos en el Distrito Sur de Texas --que incluye ciudades como Houston, Brownsville y Laredo--, esta podría tener un efecto, aunque no vinculante, en algunos de los demás casos relacionados con el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno.

"El tribunal concluye que, como cuestión de derecho, el poder ejecutivo no puede ampararse en la Ley de Enemigos Extranjeros, basándose en la proclamación, para detener a los peticionarios nombrados y al grupo certificado, ni para expulsarlos del país", escribió Rodriguez.

También consideró que el "significado simple y usual" de las palabras utilizadas en la ley, como "invasión" e "incursión depredadora", se refería a un ataque de "fuerzas militares" y no se ajustaba a las afirmaciones de Trump sobre las actividades del Tren de Aragua, una banda callejera venezolana, en una proclamación en la que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros.

Hasta ahora, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) ha presentado al menos ocho demandas contra la ley en Texas, Nueva York, Colorado, Pensilvania, Nevada, Washington y Georgia. Los jueces federales de seis de esos casos han dictado órdenes provisionales que impiden al gobierno utilizarla para expulsar a venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua a una prisión de El Salvador.

Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU en los casos, celebró la decisión del juez Rodriguez.

"Esta decisión reconoce correctamente que el presidente no puede simplemente declarar que hay una invasión e invocar una autoridad de tiempos de guerra en tiempos de paz", dijo Gelernt. "Como reconoció el tribunal, la intención del Congreso nunca fue que esta ley se utilizara de esta manera".

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios.

Al inicio de su decisión, Rodriguez rechazó un argumento del Departamento de Justicia según el cual carecía de autoridad para siquiera considerar el uso que la Casa Blanca hacía de la ley, que solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812 y durante la primera y la segunda guerras mundiales.

Los abogados del departamento han afirmado consistentemente que ni siquiera los jueces tienen poder para inmiscuirse en las decisiones del presidente en asuntos de política exterior. Y aunque Rodriguez reconoció que la Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente "amplios poderes", también dijo que los jueces siguen teniendo la capacidad de determinar si los presidentes utilizan la ley correctamente.

"El tribunal conserva la autoridad para interpretar los términos de la Ley de Enemigos Extranjeros y determinar si la base anunciada para la proclamación invoca adecuadamente la ley", escribió.

Sin embargo, cabe destacar que el juez negó tener autoridad para examinar la veracidad de las declaraciones subyacentes de Trump, incluyendo su afirmación de que el Tren de Aragua está controlado por el gobierno venezolano, con la que las agencias de inteligencia estadounidenses no están de acuerdo. El juez dijo que, dado que tales evaluaciones correspondían a los poderes políticos, él tenía que aceptar las afirmaciones de Trump tal como se presentaban.

Aun así, Rodriguez determinó que el uso que Trump hizo de la ley no se ajustaba a las definiciones de los términos clave incluidos en esta. Rechazó, por ejemplo, las afirmaciones del presidente de que la llegada de un gran número de miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos podía interpretarse como una invasión, o lo que la ley denomina "incursión depredadora".

"En la gran mayoría de los registros, el uso de 'invasión' e 'incursión depredadora' se refería a un ataque de fuerzas militares", escribió Rodriguez, añadiendo que esos términos "implican la entrada en Estados Unidos de una fuerza armada organizada para realizar acciones destructivas de propiedad y vida humana en un área geográfica específica".

Rodriguez, de 56 años, fue el primer latino nominado por Trump para ocupar un cargo federal durante su primer mandato. Fue socio del poderoso despacho de abogados de Houston Baker Botts, y durante años trabajó en Latinoamérica con International Justice Mission, un grupo cristiano evangélico que lucha contra el tráfico de personas.

La orden de Rodriguez aplica para un colectivo de demandantes. Eso significa que, a menos que la sentencia del jueves sea anulada en apelación, el gobierno no podrá detener ni expulsar a nadie de su distrito amparándose en la invocación de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Aunque la ACLU ha logrado en gran medida impedir que el gobierno de Trump siga deportando a personas en virtud de esta ley, aún no ha logrado hacer que regrese a Estados Unidos el primer grupo de casi 140 venezolanos que fueron expulsados a El Salvador en virtud de la ley el 15 de marzo.

Esos hombres permanecen bajo custodia en una cárcel conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.

La semana pasada, abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles pidieron al juez James Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito de Washington, que ordenara al gobierno que devolviera a esos hombres a territorio estadounidense para que pudieran tener el debido proceso que habrían recibido si no se les hubiera expulsado precipitadamente del país.

Al tratar de convencer a Boasberg de que tenía autoridad para ordenar a la Casa Blanca que devolviera a los hombres, los abogados citaron un fallo de la Corte Suprema en el caso de otro migrante deportado a El Salvador, Kilmar Armando Abrego Garcia.

En esa decisión, los jueces dijeron que la Casa Blanca tenía que "facilitar" la liberación de la custodia salvadoreña de Abrego Garcia, a quien los funcionarios de Trump han admitido en repetidas ocasiones que fue enviado erróneamente a El Salvador en el mismo grupo de tres aviones que transportó a los hombres venezolanos.

Se esperaba que el Departamento de Justicia presentara a finales del jueves documentos judiciales en los que se opusiera a la petición de la ACLU de traer a los hombres de regreso de El Salvador.

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica.