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El presidente de la corte, actuando por su cuenta, emitió una 'suspensión administrativa', una breve pausa destinada a dar tiempo al tribunal para considerar el asunto. Se espera que los jueces actúen en los próximos días.
El presidente de la corte, John G. Roberts Jr., bloqueó temporalmente el lunes la orden de una jueza de primera instancia que ordenaba al gobierno de Estados Unidos el retorno de un migrante salvadoreño que había deportado por error.
El presidente de la corte, actuando por su cuenta, emitió una "suspensión administrativa", una medida provisional destinada a darle tiempo a los jueces mientras el pleno de la corte analiza el asunto.
La orden se produjo pocas horas después de que el gobierno le solicitara al tribunal que bloqueara la orden de la jueza de primera instancia que le ordenaba al gobierno la devolución del migrante, Kilmar Armando Abrego García, antes de las 11:59 p.m, hora del lunes.
La jueza Paula Xinis, de la Corte Federal de Distrito de Maryland, había dicho que el gobierno cometió un "grave error" que "conmociona la conciencia" al enviar el mes pasado a Abrego García a una tristemente célebre prisión de máxima seguridad en El Salvador.
En la solicitud de emergencia del gobierno, D. John Sauer, procurador general de Estados Unidos, dijo que la jueza Xinis se había extralimitado en sus funciones al emprender una "diplomacia de tribunal de distrito", ya que sería necesario trabajar con el gobierno de El Salvador para lograr la liberación de la persona migrante.
"Si este precedente se mantiene", escribió, "otros tribunales de distrito podrían ordenar a Estados Unidos que negociara con éxito la devolución de otros extranjeros expulsados en cualquier parte del mundo antes del cierre de los procesos", escribió. "Según esa lógica, los tribunales de distrito tendrían efectivamente jurisdicción extraterritorial sobre las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con todo el mundo".
En una respuesta al tribunal, los abogados de Abrego García dijeron que su cliente "se encuentra en una prisión extranjera únicamente a instancias de Estados Unidos, como producto de un error kafkiano".
Y añadieron: "La orden del tribunal de distrito que ordena al gobierno que facilite el regreso de Abrego García es rutinaria. En ningún caso implica política exterior ni siquiera política interna de inmigración".
Sauer, el abogado del gobierno, dijo que no importaba que un juez de inmigración hubiera prohibido previamente la deportación de Abrego García a El Salvador.
"Aunque Estados Unidos admite que la expulsión a El Salvador fue un error administrativo" --escribió Sauer--, "eso no autoriza a los tribunales de distrito a apoderarse del control de las relaciones exteriores, tratar al poder ejecutivo como a un diplomático subordinado y exigir que Estados Unidos deje entrar esta noche en su territorio a un miembro de una organización terrorista extranjera".
El gobierno sostiene que abrego García, de 29 años, es miembro de una violenta banda callejera transnacional, la MS-13, que las autoridades designaron recientemente como organización terrorista.
La jueza Xinis, que fue nombrada por el presidente Barack Obama, dijo que esas afirmaciones se basaban en "una singular acusación sin fundamento".
"Las 'pruebas' contra Abrego García consistían en nada más que su gorra y sudadera con capucha de los Chicago Bulls", escribió, "y una alegación vaga y sin corroborar de un informante confidencial que afirmaba que pertenecía a la camarilla 'occidental' de la MS-13 en Nueva York, un lugar en el que nunca ha vivido".
Los abogados de Abrego García dijeron que no había pruebas de que su defendido representara un riesgo.
"Abrego García ha vivido libremente en Estados Unidos durante años, y nunca ha sido acusado de un delito", escribieron. "La afirmación del gobierno de que se ha transformado repentinamente en una amenaza peligrosa para la república no es creíble".
Justo antes de que el Departamento de Justicia solicitara la intervención de la Corte Suprema, un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito rechazó por unanimidad el intento del Departamento de suspender la sentencia de Xinis.
En un fallo tajante, dos jueces compararon la deportación involuntaria de Abrego García con un acto de secuestro oficial.
"El gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad legal para arrebatar de la calle a una persona que se encuentra legalmente en Estados Unidos y sacarla del país sin el debido proceso", escribió la jueza Stephanie D. Thacker, quien fue nombrada por Obama. "La pretensión del gobierno de lo contrario, y su argumento de que los tribunales federales son impotentes para intervenir, son inconcebibles".
La jueza Thacker escribió que la orden de la jueza Xinis "solo exige que el gobierno de Estados Unidos ejerza la autoridad y el control que debe haber conservado sobre los detenidos que aloja temporalmente en El Salvador", y añadió que "exigir que el gobierno efectúe y facilite el regreso de Abrego García no es una orden novedosa".
El juez Robert B. King, quien fue nombrado por el presidente Bill Clinton, se unió a la opinión de la jueza Thacker.
Un tercer miembro del panel, el juez J. Harvie Wilkinson III, emitió una opinión concurrente en la que coincidía en que no estaba justificada la suspensión, pero no llegó a defender la postura de la mayoría de que la jueza Xinis estaba facultada para ordenar al gobierno que exigiera la devolución de Abrego García.
"No hay duda de que el gobierno metió la pata aquí", escribió el juez Wilkinson. Pero hizo una distinción.
"Es justo interpretar la orden del tribunal de distrito como una orden que solicita al gobierno que facilite la liberación de Abrego García, en lugar de exigirla", escribió el juez Wilkinson, quien fue nombrado por el presidente Ronald Reagan. "Lo primero parece estar dentro de las facultades legales del tribunal de primera instancia en esta circunstancia; lo segundo sería una intromisión en las facultades esenciales del ejecutivo que va demasiado lejos".
Sauer dijo que la orden de la jueza Xinis formaba parte de una serie de sentencias de tribunales que se extralimitan en su autoridad constitucional.
"Es la más reciente de una letanía de mandamientos judiciales u órdenes de restricción temporal del mismo grupo de tribunales de distrito que exigen el cumplimiento inmediato o casi inmediato, en plazos absurdamente breves", escribió.
En otra solicitud de emergencia, el gobierno ha pedido a los jueces que se pronuncien sobre su intento de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes venezolanos a la prisión de El Salvador. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre dicha solicitud.
En los documentos presentados ante la corte, el gobierno alegó que los migrantes son miembros del Tren de Aragua, una violenta banda callejera arraigada en Venezuela, y que su expulsión está permitida por la ley que otorga al presidente autoridad para detener o deportar a ciudadanos de naciones enemigas.
El presidente puede invocar la ley en tiempos de "guerra declarada" o cuando un gobierno extranjero invade Estados Unidos. El 14 de marzo, el presidente Trump firmó una proclamación dirigida contra miembros del Tren de Aragua, afirmando que se estaba produciendo una "invasión" y una "incursión depredadora" al invocar la ley en tiempos de guerra.
En la proclamación, Trump afirmó que la banda estaba "emprendiendo acciones hostiles" contra Estados Unidos "bajo la dirección, clandestina o no", del gobierno venezolano.
Alan Feuer y Abbie VanSickle colaboraron con reportería.Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre novedades jurídicas. Licenciado por la Facultad de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de incorporarse al Times en 2002. Más de Adam Liptak
Alan Feuer y Abbie VanSickle colaboraron con reportería.
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