EE. UU. deportó a un hombre a El Salvador por 'error administrativo', según el gobierno

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Kilmar Armando Abrego Garcia, quien estaba en Estados Unidos legalmente, está ahora encarcelado en El Salvador. Según el gobierno de Trump, los tribunales federales no tienen jurisdicción para liberarlo.

Un hombre de Maryland que se encontraba legalmente en Estados Unidos fue deportado a El Salvador y encarcelado allí debido a un "error administrativo", dijeron funcionarios del gobierno de Donald Trump en una presentación de expedientes judiciales el lunes, añadiendo que los tribunales estadounidenses carecían de jurisdicción para ponerlo en libertad.

El hombre, Kilmar Armando Abrego Garcia, vivía en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde octubre de 2019. Su esposa y su hijo de 5 años son ciudadanos estadounidenses.

El 12 de marzo, Abrego Garcia fue detenido por agentes de inmigración que le dijeron, de forma inexacta, que su estatus había cambiado, según documentos judiciales. Abrego Garcia tenía el estatus de "retención de expulsión", lo que significa que era objeto de una orden para expulsarlo pero se le permitía permanecer en Estados Unidos debido a la probabilidad de que pudiera sufrir daños si regresaba a El Salvador.

Tres días después, Abrego Garcia fue deportado a El Salvador, y ahora se encuentra recluido en su extenso Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión conocida como CECOT. En la presentación judicial, los funcionarios del gobierno de Trump dijeron que no podían hacer nada para corregir el error, dado que Abrego Garcia ya no está bajo custodia estadounidense. The Atlantic informó inicialmente de su deportación.

La deportación involuntaria de Abrego Garcia es el más reciente giro en una batalla campal entre abogados especializados en inmigración y la Casa Blanca sobre los esfuerzos del gobierno para deportar a personas migrantes a El Salvador mediante procedimientos tanto tradicionales como muy poco ortodoxos.

Abrego Garcia fue embarcado en uno de los tres vuelos con destino a El Salvador el 15 de marzo, cuando el gobierno de Trump se apresuraba a intensificar sus esfuerzos para emplear un estatuto de tiempo de guerra raramente invocado, conocido como Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar a decenas de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda callejera Tren de Aragua.

Dos de los aviones fueron enviados a El Salvador en virtud de la ley, según dijeron funcionarios del gobierno. Pero se suponía que el tercero --en el que viajaba Abrego Garcia-- solo transportaba a migrantes con órdenes formales de expulsión firmadas por un juez.

El gobierno de Trump admite ahora que la expulsión de Abrego Garcia fue un "error administrativo". Además, los abogados del Departamento de Justicia dijeron en documentos judiciales que era poco lo que podían hacer para que regresara de El Salvador, y han instado al juez que supervisa el caso a que rechace la petición de su familia de traerlo a casa, argumentando que la Casa Blanca no puede obligar al gobierno salvadoreño a liberarlo y que los tribunales federales estadounidenses no tienen jurisdicción para ordenar su liberación.

Aunque el caso de Abrego Garcia es distinto del de los venezolanos que impugnan el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la gestión, plantea algunas cuestiones similares. Los abogados de los venezolanos han argumentado insistentemente que sus clientes no han tenido oportunidad de impugnar las acusaciones de que son miembros de bandas, y varios han acabado en la misma prisión salvadoreña sin forma alguna de protestar por su difícil situación o de regresar a Estados Unidos.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentaron deportar a Abrego Garcia en marzo de 2019, según documentos judiciales. Durante esos procedimientos, afirmaron que un informador confidencial les había dicho que Abrego Garcia era un integrante de alto rango de la MS-13, la violenta banda criminal salvadoreña.

Abrego Garcia apeló las afirmaciones de que era un peligro para la comunidad y presentó una petición de asilo. En octubre de 2019, un juez de migración le concedió el estatus de "retención de expulsión", que le protegía de ser expulsado a El Salvador. Ese estatus se encontraba activo --y los agentes de ICE eran conscientes de ello-- cuando Abrego Garcia fue embarcado en un vuelo de deportación el mes pasado, según documentos judiciales.

En un post en X, el vicepresidente JD Vance defendió la deportación, afirmando que Abrego Garcia era "un miembro convicto de la banda MS-13 sin derecho legal a estar aquí".

La esposa y los familiares de Abrego Garcia presentaron el mes pasado una demanda civil contra el gobierno de Trump en su nombre, en la que pedían al gobierno estadounidense que suspendiera los pagos a El Salvador por retener a los deportados hasta que Abrego Garcia fuera devuelto.

En la presentación judicial del lunes, los funcionarios del gobierno se opusieron a esa petición, argumentando que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción para ordenar tales acciones y afirmando que la difícil situación de Abrego Garcia no debía interponerse en el camino de los objetivos mayores de política exterior del gobierno de Trump.

La petición de los demandantes "perjudicaría el interés público al impedir que el ejecutivo ponga en práctica una línea de conducta unificada para los asuntos exteriores de Estados Unidos", escribieron tres funcionarios del Departamento de Justicia e Inmigración en la presentación. "No han demostrado que la expulsión de Abrego Garcia a El Salvador haya sido otra cosa que un error administrativo".

Ali Watkins cubre noticias internacionales y está afincada en Londres. Más de Ali Watkins

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times y se enfoca en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más de Alan Feuer