Ahora que Trump presiona a la mano de obra inmigrante, los empresarios buscan opciones para mejorar su situación

En semanas recientes, los operadores de centros turísticos, viveros, procesadores de pescado e hipódromos en el país empezaron a preocuparse mucho.

El gobierno de Trump tardaba en liberar un lote de visas H-2B, aquellas que utilizan las empresas de temporada que a menudo no pueden encontrar suficientes trabajadores en territorio nacional para satisfacer la demanda.

Por lo general, el Departamento de Seguridad Nacional publica un comunicado unos días después de que las solicitudes recibidas alcanzan el número máximo de visas permitidas para el segundo semestre del año. El límite se alcanzó el 5 de marzo, pero no se hizo ningún anuncio. Los grupos de presión del sector consiguieron que algunos miembros del Congreso hablaran en su representación, organizaron un evento de recaudación de fondos en Mar-a-Lago y enviaron una carta en la que instaban a la administración a seguir concediendo las visas.

"Tiene que quedar listo para el 1 de abril, porque si no, todos vamos a estar atascados", explicó Greg Chiecko, presidente de la Outdoor Amusement Business Association, que representa a los productores de ferias ambulantes. "Hemos oído que lo van a hacer, pero han esperado un poco, muy a propósito".

Por fin, el miércoles pasado, se anunció en un comunicado de prensa que las visas seguirían en funcionamiento, así que las empresas que contaban con tenerlas para el verano podrían seguir adelante con sus planes.

Pero la atmósfera de ansiedad es reflejo de la profunda incertidumbre en torno a los planes del presidente Donald Trump con respecto a los programas de inmigración legal, tanto temporales como permanentes, ahora que la administración ha realizado más deportaciones y toma medidas para ponerle fin a la situación legal de millones de personas que llegaron en los últimos años. Esas medidas reducirán la oferta de mano de obra de la que dependen muchos patrones, así que, debido a las medidas enérgicas, han decidido abogar por canales más amplios para que la gente venga a trabajar.

La semana pasada, el grupo American Business Immigration Coalition, que representa a empresarios que contratan inmigrantes, reunió a sus miembros en Washington para abogar por su causa ante los legisladores. El estribillo que repitieron: el Congreso puede detener la inmigración ilegal y traer a más personas legalmente, además de darles a las que ya están aquí la oportunidad de quedarse.

El presidente de la organización, Bob Worsley, dirige una empresa de construcción de viviendas modulares en Arizona, donde desde hace mucho tiempo batalla para encontrar suficientes trabajadores. Es republicano y ganó un escaño en el Senado estatal en 2012, en parte con el objetivo de oponerse a nuevas medidas represivas contra los inmigrantes en el estado, tras varios esfuerzos de gran repercusión.

"Es como una presa que retiene el agua: el agua encontrará la forma de superar la presa, simplemente por la fuerza", comentó Worsley. "Se puede asegurar la frontera, pero si no se arregla la inmigración para que la gente pueda venir legalmente, volverá a ocurrir".

Trump ha dicho que está dispuesto a dejar entrar a más personas legalmente, y es un usuario frecuente de visas de empleo a corto plazo en sus complejos turísticos, clubes de golf y bodega. Sin embargo, al igual que con respecto a otros planes para la política de inmigración distintos del enfoque actual en el cumplimiento de las leyes, las intenciones de la administración todavía son confusas. La Casa Blanca no respondió a nuestra solicitud de comentarios.

Un poderoso contingente de la Casa Blanca a favor de las restricciones, liderado por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete, ha argumentado que permitir la entrada de personas, incluso controlada y temporal, no les ha dado protección adecuada a los trabajadores domésticos. (El grupo de defensa de los derechos civiles Southern Poverty Law Center también ha criticado los programas desde hace tiempo).

El Proyecto 2025, elaborado por la conservadora Heritage Foundation y que la administración ha seguido en gran medida hasta ahora, recomienda reducir las visas H-2A y H-2B, que suelen denominarse visas para trabajadores invitados y tienen una duración máxima de 10 meses. En su lugar, el documento propone animar a los empresarios a invertir en la automatización.

Pero el grupo de Worsley cree que, una vez que Trump esté satisfecho con sus avances en la aplicación de la ley y el Congreso haya lidiado con una serie de recortes de impuestos de expiración próxima, habrá oportunidad de ampliar las visas de trabajadores temporales y crear un camino hacia el estatus legal para millones de personas que han vivido en Estados Unidos sin estatus legal durante años.

El grupo organizó una conferencia de prensa la semana pasada para celebrar la reintroducción de una ley clave y exponer los motivos de los republicanos a favor de su aprobación.

Un proyecto de ley, respaldado por el sindicato United Farm Workers, propone permitirles a algunos trabajadores agrícolas permanecer legalmente en Estados Unidos, además de ofrecerles condiciones más flexibles a quienes tienen visas de trabajo.

Uno de los promotores de la medida, el representante republicano Dan Newhouse, que posee una granja de 344 hectáreas en el estado de Washington, señaló que sus colegas habían sentido que no podían actuar mientras la frontera siguiera siendo un caos. "Esa excusa ya no existe", afirmó Newhouse. "Creo sinceramente que este es el Congreso en el que podemos conseguirlo".

La representante María Salazar, republicana de Florida, presentó una propuesta más radical: la Ley de la Dignidad, que incluye la creación de una vía hacia la residencia legal para los trabajadores sin estatus migratorio legal, una reforma de los programas de visas existentes y el refuerzo de la seguridad fronteriza. El grupo partidista Problem Solvers Caucus respaldó el proyecto de ley el otoño pasado, y Salazar sostiene que incluye suficientes beneficios para todas las partes, por lo que podría obtener el apoyo de la mayoría.

Massey Villarreal ya ha vivido muchas de estas batallas. Este republicano de Texas, que asesoró al expresidente George W. Bush en cuestiones de inmigración, dirige una empresa de tecnología y acaba de terminar su mandato como presidente de la Asociación de Empresas de Texas, la mayor cámara de comercio del estado. En su opinión, el país se ha ido alejando cada vez más del sistema de inmigración más abierto que le gustaría ver.

Sin embargo, en este entorno político volátil, esa trayectoria podría cambiar rápidamente. Villarreal comentó que una forma de convencer a Trump para que apoye una reforma de este tipo sería que pudiera atribuirse el mérito de un logro histórico en vez de una solución gradual.

"A este presidente le gusta hacer las cosas a su manera", aseveró Villarreal. "Por la forma en que ha actuado esta administración, creo que va a haber una renovación total de este proceso".

Mientras tanto, la administración está tomando medidas que podrían limitar la mano de obra en campos agrícolas, obras de construcción, líneas de producción y complejos turísticos de forma que quizá sea imposible ignorarlas.

Aunque hasta ahora el ritmo de las deportaciones ha sido lento, la Casa Blanca le puso fin al estatus legal temporal de cientos de miles de personas que entraron en el país en años recientes y ha reunido recursos para hacer redadas.

"A medida que más y más personas pierden su permiso de trabajo, son deportadas o no van a trabajar porque temen salir de su casa, más y más empleadores van a quejarse", hizo notar Richard Herman, un abogado de inmigración en Cleveland.

En este momento, quienes visitan el Capitolio se topan con poca disposición a dialogar sobre los detalles de la reforma a la inmigración legal. Los legisladores republicanos esperan una señal de la Casa Blanca, que hasta ahora ha dado pocas indicaciones sobre sus preferencias.

"Muchos dirán que nos apoyan, pero están esperando a que el presidente les dé algún tipo de orientación", explicó George Carrillo, director general del Consejo Hispano de la Construcción. "En cuanto pueda decir algo positivo, tenemos que aprovecharlo".

El sitio de construcción de un nuevo rascacielos en Miami Beach, Florida, el 11 de enero de 2023. (Scott McIntyre/The New York Times)

Mar-a-Lago, el club privado y residencia del presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida, el 18 de febrero de 2025. (Al Drago/The New York Times)