Un juez impide las deportaciones de migrantes venezolanos en virtud de una ley de guerra

DeportationExecutive Orders and MemorandumsAmerican Civil Liberties UnionHomeland Security DepartmentTren de Aragua (Gang)Trump, Donald JBoasberg, James EVenezuelaUnited States

La medida se produjo luego de que el gobierno de Trump publicó una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para perseguir a los miembros de bandas venezolanas en EE. UU.

Un juez federal ordenó el sábado al gobierno de Donald Trump que dejara de utilizar una desconocida ley de tiempos de guerra para deportar a venezolanos sin una audiencia, y dijo que todos los aviones que hubieran salido de Estados Unidos con migrantes bajo esa ley debían regresar.

El sábado, el gobierno publicó una orden ejecutiva invocando dicha ley, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para perseguir a los miembros de bandas venezolanas en Estados Unidos.

Pero poco después del anuncio, James E. Boasberg, juez federal de Washington D. C., dijo que emitiría una orden temporal que impedía al gobierno deportar a cualquier migrante en virtud de esa ley.

En una audiencia programada apresuradamente, dijo que no creía que la ley ofreciera motivos para la acción del presidente, y ordenó que todos los vuelos que hubieran partido con inmigrantes venezolanos en virtud de la orden ejecutiva regresaran a Estados Unidos "comoquiera que se logre, ya sea dando la vuelta al avión o no".

"Esto es algo que tienen que asegurarse de que se cumpla inmediatamente", ordenó al gobierno.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la cual presentó una demanda por la orden ejecutiva, dijo en una entrevista posterior a la audiencia que creía que había dos vuelos "en el aire" el sábado por la noche.

Durante la audiencia, Boasberg dijo que ordenaba al gobierno regresar los vuelos dada la "información, no refutada por el gobierno, de que los vuelos están saliendo activamente".

Un abogado que representaba al gobierno, Drew Ensign, dijo al juez que no tenía muchos detalles que compartir y que describir detalles operativos plantearía "cuestiones de seguridad nacional".

Tras la audiencia, el gobierno interpuso una apelación. En una declaración a última hora del sábado, la fiscal general Pam Bondi dijo que el juez había puesto "a los terroristas por encima de la seguridad de los estadounidenses" y había puesto "en peligro al público y a las fuerzas de seguridad".

"El Departamento de Justicia no cesa en su empeño de trabajar con la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y todos nuestros socios para detener esta invasión y hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez", añadió.

La orden del presidente, fechada el viernes, declara que los venezolanos que tengan al menos 14 años, se encuentren en Estados Unidos sin autorización y formen parte de la banda Tren de Aragua son "susceptibles de ser aprehendidos, retenidos, sujetos y expulsados".

La Ley de Enemigos Extranjeros permite la deportación sumaria de personas procedentes de países en guerra con Estados Unidos. La ley, más conocida por su papel en el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos --durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial--, según el Centro Brennan para la Justicia, una organización de derecho y política.

Horas antes de que la Casa Blanca publicara su proclamación, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda en nombre de cinco venezolanos para impedir que el presidente invocara la ley. Los cinco hombres fueron acusados de tener vínculos con el Tren de Aragua, pero niegan pertenecer a la banda, dijo Gelernt. Uno de los hombres fue detenido, según la demanda, porque un funcionario de migración creyó "erróneamente" que era miembro del Tren de Aragua por sus tatuajes.

Boasberg emitió inicialmente el sábado una orden limitada que impedía al gobierno deportar a los cinco hombres.

El gobierno de Trump no tardó en interponer una apelación contra la orden, y la ACLU pidió al juez que ampliara su orden para que se aplicara a todos los inmigrantes en riesgo de deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. En la audiencia del sábado por la tarde, Boasberg dijo que emitiría una orden más amplia aplicable a todos los "no ciudadanos bajo custodia estadounidense".

En la demanda, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles escribieron que los venezolanos creían que se enfrentaban a un riesgo inmediato de deportación. "La proclamación del gobierno permitiría a los agentes embarcar inmediatamente en aviones a los no ciudadanos", decía la demanda, y añadía que la ley "claramente solo se aplica a acciones bélicas" y "no puede utilizarse aquí contra nacionales de un país --Venezuela-- con el que Estados Unidos no está en guerra".

El juez se mostró de acuerdo, diciendo que creía que los términos "invasión" e "incursión predatoria" de la ley "se refieren realmente a actos hostiles perpetrados por naciones enemigas".

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona el sistema de inmigración del país y fue nombrado en la demanda, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Noah Feldman, profesor de derecho constitucional en Harvard, dijo que el destino del caso, que podría acabar en la Corte Suprema, dependería de "cuánta deferencia presten los tribunales a la determinación del presidente de que existe una amenaza de incursión". Los jueces tendrían que tomar esa determinación "sin muchos precedentes", añadió Feldman.

El presidente Trump, quien hizo campaña el año pasado con la promesa de iniciar la mayor operación de deportación de la historia de EE. UU., a menudo se ha referido a la llegada de migrantes no autorizados como una "invasión". Una de las primeras órdenes ejecutivas que emitió tras regresar a la Casa Blanca se titulaba "Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión".

Su proclamación invocando la Ley de Enemigos Extranjeros parecía centrarse estrictamente en el Tren de Aragua, una banda que surgió de una prisión venezolana y creció hasta convertirse en una organización criminal centrada en el tráfico sexual, el tráfico de drogas y el contrabando de personas.

Pero si la interpretación de la ley por parte del gobierno de Trump se mantiene en última instancia, podría facultar al gobierno para expulsar a otros migrantes de 14 años o más sin necesidad de una audiencia judicial. Eso permitiría la extraordinaria medida de detener, encarcelar y expulsar a menores migrantes sin el debido proceso que se ha concedido a los migrantes durante décadas.

Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, grupo jurídico que se unió a la ACLU para presentar la impugnación de la orden ejecutiva, dijo en un comunicado que el sábado fue un "día horrible en la historia de la nación, cuando el presidente hizo público que pretendía invocar poderes extraordinarios de guerra en ausencia de guerra o invasión".

Zolan Kanno-Youngs y Glenn Thrush colaboraron con la reportería.

Zolan Kanno-Youngs y Glenn Thrush colaboraron con la reportería.