Un juez ordena el cese inmediato del acceso del equipo de Elon Musk al sistema de pagos del Tesoro

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La orden se produjo en respuesta a una demanda presentada por 19 fiscales generales que acusaban al presidente de no ejecutar fielmente las leyes de la nación al permitir que el DOGE peinara los sistemas informáticos federales.

A primera hora del sábado, un juez federal restringió temporalmente el acceso del programa de eficiencia gubernamental de Elon Musk a los sistemas de pagos y datos del Departamento del Tesoro, afirmando que existía riesgo de "daños irreparables".

La nueva política del gobierno de Trump de permitir el acceso de políticos designados y "empleados especiales del gobierno" a estos sistemas, que contienen información muy sensible como datos bancarios, aumenta el riesgo de filtraciones y de que los sistemas sean más vulnerables que antes a los ataques informáticos, dijo el juez de distrito estadounidense, Paul A. Engelmayer, en una orden de emergencia.

El juez Engelmayer ordenó a cualquiera de esos funcionarios a quien se hubiera concedido acceso a los sistemas desde el 20 de enero que "destruyera todas y cada una de las copias del material descargado de los registros y sistemas del Departamento del Tesoro". También restringió que el gobierno de Trump le diera acceso a esas categorías de funcionarios.

Los demandados --el presidente Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Departamento del Tesoro-- deberán comparecer el 14 de febrero ante la juez Jeannette A. Vargas, quien lleva el caso de forma permanente, dijo el juez Engelmayer.

La situación podría plantear una prueba fundamental para el Estado de derecho estadounidense. Si el gobierno no cumple la orden de emergencia, no está claro cómo esta podría aplicarse. La Constitución dice que un presidente "velará por el fiel cumplimiento de las Leyes", pero los tribunales rara vez han sido puestos a prueba por un jefe del ejecutivo que haya ignorado sus órdenes.

En ocasiones, los funcionarios federales han respondido a decisiones adversas con un cumplimiento entrecortado o a regañadientes. La desobediencia manifiesta es extremadamente rara. No ha habido ningún ejemplo claro de "abierto desafío presidencial a las órdenes judiciales en los años transcurridos desde 1865", según un artículo de Harvard Law Review publicado en 2018.

La orden del sábado se produjo en respuesta a una demanda presentada el viernes por Letitia James, de Nueva York, junto con otros 18 fiscales generales estatales demócratas, en la que se acusaba a Trump de haber dado a Musk el control de los sistemas informáticos del gobierno, de haber violado las protecciones consagradas en la Constitución y de "no haber ejecutado fielmente las leyes promulgadas por el Congreso".

A la demanda se unieron los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.

Los fiscales generales dijeron que el presidente había dado "acceso prácticamente ilimitado" a la información más sensible del gobierno federal a los jóvenes asistentes que trabajan para Musk, quien dirige un programa que el gobierno denomina Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por su sigla en inglés.

Aunque supuestamente se asignó al grupo la reducción de costos, sus miembros "intentan acceder a datos del gobierno para apoyar iniciativas encaminadas a impedir que los fondos federales lleguen a determinados beneficiarios desfavorecidos", según la demanda. Musk ha declarado públicamente su intención de "congelar temerariamente flujos de financiación federal sin previo aviso", decía la demanda, señalando las publicaciones en las redes sociales de Musk de los últimos días.

En su propia publicación en las redes sociales del sábado, James reiteró que los miembros del equipo de recorte de costos "deben destruir todos los registros que han obtenido", y añadió: "Lo he dicho antes y lo repito: nadie está por encima de la ley", escribió.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, dijo en una publicación el sábado que la orden judicial significaba que "se ha impedido que el hombre más rico del mundo robe tus datos".

No tuvieron éxito de inmediato los esfuerzos por ponerse en contacto con los responsables de prensa de la Casa Blanca el sábado por la mañana.

En una declaración realizada el jueves, después de que los fiscales generales dijeran que presentarían una demanda, un portavoz del presidente dijo que el equipo de Musk estaba actuando legalmente. "Reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, y administrar mejor el dinero que tanto cuesta ganar a los contribuyentes estadounidenses puede ser un delito para los demócratas, pero no lo es ante un tribunal", dijo el portavoz, Harrison Fields.

Aunque la orden judicial ordena el cese inmediato del acceso de los empleados de Musk al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, no estaba claro de inmediato cuándo o si lo cumplirían plenamente. Tampoco estaba claro cómo supervisarían los fiscales generales las acciones del gobierno.

En una acción anterior, 23 fiscales generales demandaron por la congelación de las subvenciones federales por parte de Trump y obtuvieron una suspensión temporal el 31 de enero, en la que un juez ordenó al gobierno que dejara de retener fondos. Sin embargo, el viernes, la coalición recurrió de nuevo al juez, alegando que se seguía reteniendo el dinero a los estados, beneficiarios y programas.

Trump no ha tenido mucho éxito en los tribunales en los últimos años. Según un estudio, su primer gobierno solo tuvo éxito en alrededor del 23 por ciento de las impugnaciones legales contra las acciones de sus agencias, mientras que los gobiernos anteriores ganaron alrededor del 70 por ciento de las veces.

Pero el nuevo mandato de Trump ya es algo aparte.

El enfoque de "conmoción y pavor" del gobierno desde su toma de posesión el mes pasado ha hecho que las nuevas políticas y acciones lleguen a una velocidad vertiginosa. En su primer día en el cargo, Trump indultó a los miembros de la turba que atacó el Capitolio el 6 de enero de 2021. Ha firmado decenas de órdenes ejecutivas, retiró al país de acuerdos internacionales e incluso intentó instalarse como presidente del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington.

Su agresivo enfoque está empezando a ser puesto a prueba por decenas de demandas judiciales sobre una serie de cuestiones, pero la capacidad del sistema legal para frenar a su gobierno sigue siendo incierta.

Si los funcionarios federales no cumplen la orden del sábado que restringe al DOGE, el juez puede declararlos en desacato, dijo Daniel C. Richman, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia y ex fiscal federal en Manhattan. Los tribunales lo han hecho en el pasado, dijo, "aunque inusualmente".

"Una citación por desacato puede conllevar multas, más probablemente impuestas a los funcionarios que al propio gobierno, e incluso una posible pena de prisión", dijo Richman.

En 2002, la secretaria de Interior, Gale A. Norton, fue declarada culpable de desacato por no arreglar la gestión del departamento de los miles de millones de dólares en regalías obtenidos en tierras de los nativos americanos. Al año siguiente, un tribunal federal de apelación dictaminó que no se le podía acusar de desacato penal por problemas que existían antes de que ella ocupara el cargo.

Nicholas Parrillo, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, escribió en el artículo de 2018 de Harvard Law Review que, aunque las sentencias por desacato pueden estar "desprovistas de sanción, tienen un efecto vergonzoso", que a menudo es suficiente para incitar a los funcionarios al cumplimiento.

Sin embargo, escribió, "el aumento de la polarización partidista podría llegar a fracturar tanto a la comunidad favorable al cumplimiento que los miembros de un partido se negarían a reconocer la vergüenza de un fallo por desacato contra un miembro de su propio bando".

Desde que Trump accedió al poder el mes pasado, Musk ha actuado hasta ahora sin restricciones. Cuando el DOGE dirigió por primera vez su atención al Departamento del Tesoro, un funcionario de alto rango se negó a darles acceso a los miembros, lo que provocó un enfrentamiento. El funcionario, David Lebryk, fue puesto en licencia antes de jubilarse repentinamente.

Casi inmediatamente, el equipo de Musk obtuvo acceso a los datos informáticos más fundamentales del gobierno, incluido el sistema de pagos del Departamento del Tesoro, que se utiliza para desembolsar fondos como las prestaciones de la Seguridad Social, las prestaciones a veteranos y los salarios de los empleados federales.

El sistema --que canaliza alrededor del 90 por ciento de los pagos del gobierno estadounidense, que gastó unos 6,75 billones de dólares el pasado año fiscal-- paga fondos directamente a las personas en los estados, así como a los gobiernos estatales, dice la demanda.

Antes de que Trump asumiera el cargo el mes pasado, solo se concedía acceso a un número limitado de funcionarios de carrera con habilitaciones de seguridad, decía la demanda. Pero los esfuerzos de Musk habían interrumpido la financiación federal de clínicas de salud, centros preescolares e iniciativas climáticas, según la demanda.

El dinero ya había sido asignado por el Congreso. La Constitución le atribuye a los legisladores la tarea de decidir el gasto público.

"El presidente Trump no tiene poder para regalar la información privada de los estadounidenses a quien él quiera, y no puede recortar los pagos federales aprobados por el Congreso", dijo James en un comunicado. "Musk y el DOGE no tienen autoridad para acceder a la información privada de los estadounidenses y a algunos de los datos más sensibles de nuestro país".

La demanda es una de las muchas que se resisten a las agresivas medidas de Trump desde que asumió el cargo el mes pasado.

Esta semana, tres sindicatos demandaron a la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos, la división de recursos humanos del gobierno, para bloquear un intento de persuadir a unos dos millones de empleados federales para que dimitan.

Dos grupos anónimos de agentes y empleados del FBI presentaron una demanda para impedir que el gobierno de Trump revelara las identidades de quienes trabajaron en las investigaciones sobre los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. El viernes obtuvieron una orden que obliga al gobierno a mantener sus nombres en secreto.

Los fiscales generales impugnaron la orden ejecutiva de Trump que intenta acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta semana, James advirtió a los hospitales de Nueva York de que cumplir una orden ejecutiva de la Casa Blanca que pretendía poner fin a la atención médica de afirmación de género para los jóvenes podría violar la ley estatal.

Las acciones del DOGE --que están pasando una aplanadora por el gobierno federal-- han confundido y preocupado a los legisladores demócratas y a los empleados federales.

Con permiso de Trump, el mandato de Musk parece ser vasto: su equipo ha intentado cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), una fuente internacional clave de ayuda exterior. El viernes, un juez federal de Washington ordenó una pausa en un intento de poner en licencia a 2200 empleados de la USAID y retirar rápidamente a los empleados destinados en el extranjero.

El viernes, Trump dijo que Musk dirigiría su atención al Pentágono, que tiene miles de millones de dólares en contratos con empresas de las que Musk es propietario.

El núcleo de la demanda presentada por la coalición de James el viernes se centraba en el acceso de Musk al Departamento del Tesoro. El sistema del departamento es depositario de la información más delicada de algunos estadounidenses, incluidos los números de la Seguridad Social y de cuentas bancarias, lo que, según los fiscales generales, pone en riesgo personal a los residentes de sus estados.

Nathan Willis colaboró con la reportería.

Hurubie Meko es periodista del Times y cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la justicia penal en la región de Nueva York. Más sobre Hurubie Meko

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