“Una situación agravada”: el posible escenario que se abre ante el nuevo escándalo por las declaraciones del exjefe de la DINI

Al filo del abismo y acorralado por lo que pueda ocurrir este miércoles, cuando un desprestigiado Congreso intente destituirlo por tercera vez en 16 meses de Gobierno. Así se encuentra el presidente Pedro Castillo, acusado recientemente por José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), de encubrir actos de corrupción cometidos por sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez.

Fernández Latorre dio a conocer este martes que el Jefe de Estado tenía conocimiento de todos los actos irregulares que hacían sus familiares porque él mismo se lo reveló. Incluso, señaló que otro de sus familiares, Rubdel Oblitas Paredes, llegó hasta su despacho para pedirle 100 mil soles (USD 25 mil), y luego un millón de dólares, “porque quería contratar a un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia”.

Para la abogada penalista Romy Chang, este nuevo escándalo agrava “aún más” la situación del mandatario, cuyo futuro perfila estos escenarios: una salida indemne, una caída y reemplazo por la vicepresidenta Dina Boluarte, una convocatoria a elecciones generales en 2023, o la renuncia de Boluarte y la asunción del jefe del Congreso a la presidencia temporal.

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Para Chang, si el Congreso no da luz verde para que la fiscal de la Nación continúe con las investigaciones, “por más pruebas que se puedan tener contra el presidente, estamos un poquito entrampados y se está generando es impunidad”.

Por su parte, el exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, señaló que estas nuevas declaraciones evidencian “la fuerte desinstitucionalización y empleo nocivo de la estructura de inteligencia por parte de Perú Libre”, el partido con el que Castillo llegó al sillón presidencial.

En diálogo con la emisora, Gómez de la Torre propuso que el Congreso instaure una comisión investigadora de plazo determinado y multipartidaria “para investigar a fondo esta gran cantidad de irregularidades en el manejo de la DINI que hoy día son ventiladas en la prensa”. Para el exministro del Interior, Mariano González, las acusaciones que recaen contra el jefe de Estado desnudan un “compromiso con la corrupción”.

“Por honor y por sus familias, los actuales ministros deben renunciar y dejar solo al jefe de Estado”, consideró en RPP y matizó que las declaraciones ameritan la apertura inmediata de carpetas y procedimientos céleres para que puedan ser intervenidas todas las personas nombradas por el exfuncionario.

En tanto, el coronel Juan Carlos Liendo, experto en temas de inteligencia, precisó que los fondos de la DINI no pueden ser usados como caja chica del Gobierno, “ya que existen protocolos, procedimientos y mecanismos de control que impiden hacer eso”.

“Lo que (el jefe de la DINI) produce es inteligencia estratégica para la toma de decisiones que ejerce el Estado como soporte a la acción política del gobierno. Es el principal asesor en los secretos del Estado en apoyo a la política exterior, en apoyo a la seguridad y defensa nacional”, apuntó.

Finalmente, la letrada Romy Chang refirió que, con la última denuncia, también se puede hablar del delito de encubrimiento personal. “En este caso, además, se aplica un agravante, pues los sobrinos del presidente están investigados también por los delitos de organización criminal —explicó—. Cuando el delito es tan grave y se está ayudando a una persona que fugue y no afronte la justicia por este delito, la pena puede elevarse de 7 a 10 años y eso es pena efectiva”.

Tras las revelaciones en su contra, Castillo acusó este martes a un sector del país de pretender “dinamitar la democracia”, un día antes de que el Parlamento vote la tercera moción de vacancia (destitución) a la que se enfrenta en 16 meses de mandato. Para remover a un presidente, la Constitución exige 87 votos, una cantidad de la cual no dispone la oposición.

En su discursó señaló que este sector intenta arrebatar al país su tranquilidad, “con base en supuestos que son reales calumnias, declaraciones no corroboradas y especulaciones”. Volvió a hacer un llamado al diálogo de todas las fuerzas políticas “para no dejar caer en el caos y en la crisis” al país, que según sus palabras, “sigue clamando por la unidad de sus autoridades para tener el tan anhelado desarrollo que por siglos siguen buscando”.

La incógnita es si Dina Boluarte, una abogada de 60 años carente de bancada parlamentaria, querría completar su mandato constitucional hasta 2026 o si convocará a elecciones generales anticipadas. La incertidumbre se acrecienta porque además el gobierno ha declarado que no reconocerá el resultado de una posible votación adversa.

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