Pocas naciones en la historia moderna han sufrido una devastación tan profunda y sistemática como la de Venezuela. Lo que alguna vez fue una de las democracias más prósperas de América Latina se transformó en dos décadas en un país empobrecido gobernado por una estructura criminal de poder. Este colapso no fue producto de sanciones o desgracias. Fue el resultado deliberado del chavismo.
El proyecto de poder iniciado por Hugo Chávez en 1999 y continuado con mayor brutalidad por Nicolás Maduro no solo destruyó la economía, sino que desmanteló el estado de derecho, corrompió las instituciones y militarizó la vida civil. El resultado no es un gobierno en crisis. Es una narcotiranía con alcance transnacional.
Según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, el PIB per cápita de Venezuela se desplomó más de un 80 % entre 2013 y 2021, una de las peores contracciones jamás registradas fuera de tiempos de guerra. PDVSA, que en su día fue una eficiente empresa petrolera estatal, quedó destrozada por la corrupción y la injerencia política. Transparencia Venezuela estima que entre 2010 y 2020 se desviaron más de 23.000 millones de dólares a través de tramas de PDVSA, una cantidad suficiente para reconstruir los principales sistemas públicos del país.
El resultado fue una hiperinflación, el colapso de los servicios y el éxodo de más de nueve millones de ciudadanos. Chávez confundió la justicia con la venganza y la política social con el clientelismo. Lo que siguió no fue una redistribución, sino la ruina.
Del autoritarismo al régimen criminal
La evolución del chavismo, de un autoritarismo competitivo a una tiranía absoluta, destruyó el tejido institucional de Venezuela. El Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas se convirtieron en extensiones del control del partido. Tras la muerte de Chávez, Maduro llevó el sistema al extremo. El aparato de seguridad se convirtió en una maquinaria de terror.
Los informes de la ONU han documentado torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. No se trata de excesos, sino de políticas de Estado. La DGCIM y el SEBIN operan como agencias de tortura con total impunidad.
Lo que surgió no es simplemente una dictadura, sino un Estado mafioso, una fusión del poder político y el crimen organizado. La corrupción se institucionalizó. El oro, la cocaína, el contrabando y el lavado de dinero son ahora fuentes estructurales de financiamiento político. Se han incautado en el extranjero más de cuatro mil millones de dólares en activos vinculados a la corrupción venezolana.
La élite militar, conocida como el Cartel de los Soles, controla el tráfico de drogas y la minería ilegal. Mientras tanto, el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en las cárceles venezolanas, se ha expandido por toda América Latina, lo que demuestra cómo el régimen exporta el crimen como política de Estado.
Las alianzas de Venezuela con Rusia, Irán y China sostienen financieramente al régimen, mientras que Hezbolá, Hamás[a] y los cárteles latinoamericanos utilizan el territorio venezolano para la logística y el lavado de dinero. El país se ha convertido en un centro de delincuencia transnacional y una amenaza para la seguridad regional.
El secuestro y asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, confirmado ante la Corte Penal Internacional, demostró cómo el régimen persigue a los disidentes en el extranjero. La represión transnacional forma ahora parte de su doctrina de seguridad.
Uno de los autores de este artículo sobrevivió a un intento de asesinato en Colombia, en consonancia con este patrón de persecución dirigida por el Estado.
El costo humano
El colapso humanitario de Venezuela no es el resultado de sanciones o desastres naturales, sino de un diseño político deliberado. El hambre, la desinformación y la pobreza son instrumentos de control. Los programas alimentarios como el CLAP premian la obediencia y castigan la disidencia. En 2016, antes de las sanciones petroleras, más del 81 % de los venezolanos vivía en la pobreza.
Los hospitales y las escuelas carecen de lo básico, y millones de personas dependen de las cajas de alimentos. Este empobrecimiento deliberado ha provocado uno de los mayores desplazamientos humanos del siglo XXI. Más de nueve millones de personas han huido, solo superadas por Siria y Ucrania.
Los venezolanos no huyen de las sanciones. Huyen del hambre.
28 de julio de 2024: las elecciones robadas
La tragedia actual de Venezuela se deriva del robo de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 por parte del régimen. Esa noche, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro con el 51,2 % de los votos. Los recuentos independientes, que abarcaban más del 80 % de las actas electorales, mostraban que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, había ganado por un amplio margen. Incluso uno de los rectores del CNE se negó a respaldar los resultados.
Cuando los venezolanos protestaron, las fuerzas de seguridad y los grupos armados respondieron con una represión brutal. Se registraron más de 2500 detenciones en dos semanas, entre ellas más de 150 menores. Nuestro pueblo votó por la libertad. El régimen respondió con balas.
La responsabilidad histórica del chavismo
El chavismo será recordado como la mayor catástrofe moral, política y humana en la historia republicana de Venezuela. Fusionó la brutalidad de las dictaduras del siglo XX con la lógica criminal del narcotráfico. Bajo el disfraz de la revolución, sustituyó la moral cívica por la sumisión y la verdad por la lealtad al poder.
No se trata de una dictadura normal. Es una empresa criminal con bandera nacional. Su supervivencia pone en peligro no solo a los venezolanos, sino también la estabilidad regional.
El fin del chavismo es un imperativo moral, político y económico para la supervivencia de Venezuela y la seguridad del hemisferio. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo fuera de Oriente Medio,[b] pero no habrá recuperación bajo un régimen criminal. El problema no está bajo tierra. Es político.
La democratización de Venezuela estabilizaría los mercados energéticos, frenaría los flujos ilícitos y restauraría la esperanza en una región azotada por el resurgimiento autoritario.
Los venezolanos han resistido, votado y pagado con sus vidas por la libertad. La resistencia civil por sí sola ya no es suficiente. El 28 de julio, los venezolanos ya tomaron su decisión. El mundo tiene ahora la obligación moral y estratégica de escucharlos y actuar.
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