Hay presos y exiliados políticos porque el socialismo del siglo 21 ha institucionalizado la persecución judicializada para anular a los defensores de la libertad y la democracia, imponer miedo a la población y dar impunidad al crimen organizado. Acusaciones falsas con pseudo juzgadores, son parte del “terrorismo de Estado” con que las dictaduras se imponen en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y con las que destrozan la democracia con gobiernos para dictatoriales en Brasil, México, Colombia y Honduras. Calificados como fiscales, jueces o magistrados, son solo verdugos o sicarios y no pueden continuar impunes.
La forma eficaz de identificar una dictadura es observar la realidad de un país en función de los 5 “elementos esenciales de la democracia” establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana: “El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. La ausencia de solo uno de estos elementos señala la terminación de la democracia.
El elemento fundamental de las dictaduras del socialismo del siglo 21 es el terrorismo de Estado: “La utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, orientados a producir miedo o terror en la población civil para lograr o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”. Uno de los métodos fundamentales de ese terrorismo es la utilización del sistema de justicia para acusar falsamente, perseguir, encarcelar, condenar a inocentes, apropiarse de sus bienes y someter a sus familias a condiciones de indefensión.
Además de crímenes que van desde el prevaricato, la falsedad material e ideológica, el uso de instrumentos falsificados, la acusación y denuncias falsas y más, los integrantes del sistema de terrorismo de estado judicializado cometen crímenes de lesa humanidad porque el Estatuto de Roma, Artículo 7.1, dispone: “Se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes….: e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física… f) Tortura… h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…. k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Los integrantes de los sistemas de justicia bajo control del socialismo del siglo 21 usurpan la denominación porque no son jueces, son verdugos que castigan sin piedad obedeciendo órdenes que mistifican en decisiones judiciales; son sicarios porque son asesinos físicos y de la reputación, son matones asalariados para violar los derechos humanos.
La existencia y operación de los jueces verdugos y sicarios está institucionalizada por las normas con las que el socialismo del siglo 21 ha suplantado el “estado de derecho” en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Constituciones y leyes que violan los derechos humanos en lugar de protegerlos y que han suprimido “la irretroactividad de la ley, la presunción de inocencia, el debido proceso legal, la imparcialidad de los jueces y la igualdad jurídica”, entre otros derechos universales.
Los procesos denominados procesos judiciales son “linchamientos en el siglo 21” porque “ejecutan sin proceso legal y tumultuariamente” a víctimas inocentes a quienes someten a cárcel, exilio, persecución, clandestinaje o silencio y sumisión por el efecto de terrorismo de Estado que perpetran.
Las pruebas contra los jueces verdugos y sicarios del socialismo del siglo 21 son “hechos públicos y notorios” y constan en sus actuaciones, procesos y fallos. En Cuba están documentados por organizaciones como Cubalex, Prisoners Defenders y otras que certifican cerca de 1.200 presos políticos y la realidad de millones de exiliados. En Venezuela, los informes del Foro Penal Venezolano certifican 816 presos políticos y el mundo acoge a más de 8 millones de exiliados. En Nicaragua, el Mecanismo certifica 54 presos políticos y los cientos de miles de exiliados incluso han sufrido la pérdida de nacionalidad. En Bolivia, Global Human Rights League certifica 326 presos políticos, más de 27.000 exiliados y ahora los jueces de la dictadura se acomodan liberando a presos notorios para mantener su impunidad.
En países con gobiernos para dictatoriales son notables los firmadores de detenciones contra los ex presiente Uribe en Colombia y Bolsonaro en Brasil, los maquinadores de procesos para el asesinato de reputaciones y los destructores del estado de derecho.
Es tiempo de que los pueblos, las Américas y el mundo conozcan los nombres de los jueces verdugos y sicarios del socialismo del siglo 21 para que dejen de ser impunes. Si se cortan los brazos operativos se acotará el crimen.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
www.carlossanchezberzain.com
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