Colombia: ¿Vale la pena salir de Petro?

Colombia, junto con Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil y México, es una nación que ha logrado construir a lo largo de los años un sólido andamiaje institucional que le ha permitido mantener su ethos republicano frente a muchos retos como han sido y son la cultura autoritaria; la preferencia ciudadana por resolver los conflictos de manera violenta; y la emergencia y consolidación de un narco estado.

El establecimiento de un Estado de derecho ha sido clave en la relativa estabilidad política de Colombia y en el fortalecimiento progresivo de su democracia. En 2026 finalizará el mandato de Gustavo Petro y el mantenimiento de este evento en el calendario político de Colombia debería ser el más claro objetivo de las elites de ese país.

Porque más allá del veredicto que el pueblo de Colombia emita -sobre las cualidades o ausencia de ellas en la administración de Gustavo Petro- existe un marco constitucional que fija el comienzo y el fin de su mandato. Mantener ese orden constitucional es esencial para el fortalecimiento de la democracia colombiana.

En efecto, aun cuando pocos reconozcan este desarrollo como fundamental en la consolidación del marco institucional colombiano, Colombia ha disfrutado de estabilidad jurídica gracias a que a lo largo de su historia solo ha tenido cuatro constituciones. Y todas ellas han sido producto de ejercicios de construcción sobre el marco existente. Esto contrasta con otros países de América Latina, donde los textos constitucionales no solo han sido numerosos (en algunos caso más de 60) sino que representan muchos de ellos cortes totales con el pasado.

La conducta cívica de los colombianos a la hora de perfeccionar textos constitucionales ha pagado dividendos democráticos.

De allí que aun cuando el país esté ahora sacudido por las revelaciones de Álvaro Leyva Duran, ex canciller del gobierno de Petro, la mejor opción que tiene Colombia es postergar el tratamiento de ellas hasta cuando Gustavo Petro termine su periodo. En ese entonces, habrá suficiente tiempo y recursos para exigirle al entonces ex presidente una rendición de cuentas. Y dicho sea de paso, esta rendición de cuentas debería también serle exigida al ex canciller.

Una remoción de Gustavo Petro en estos momentos sería un veneno mortal para la democracia colombiana. Porque si uno analiza bien las encuestas sobre el liderazgo y mandato de Gustavo Petro, se encuentra mucho descontento entre sus propias filas que son los estratos D y E. Sin embargo, este descontento se atribuye a la incapacidad de Gustavo Petro de imponerse a los sectores conservadores de la política colombiana, no a su incompetencia. Aún más, esos mismos sectores consideran que la sucesión de Petro debe tratar de alcanzar las metas de democratización, inclusión y desarrollo social que resultaron imposibles para Petro.

Con un cuadro político de esta naturaleza, la remoción de Gustavo Petro solo lograría codificar su figura como el redentor perseguido por las elites; afianzar más el apoyo a algunos de sus programas que francamente eran inconvenientes para el desarrollo de Colombia y confirmar en la mente de muchos colombianos la creencia de que la democracia es manipulada por entes poderosos. Así se comenzaría a minar la fe en la democracia y podría el pueblo de Colombia ser víctima del espejismo de la destrucción institucional como mecanismo para avanzar.

Con el correr de los años, el país podría seguir el modelo de Venezuela, en donde la destitución de un presidente elegido democráticamente puso fin a cuarenta años de democracia. Y me pregunto si valdría la pena remover a Petro para debilitar la democracia. Al final del día, solo quedan pocos meses para el fin del mandato de Petro y la sociedad colombiana ha demostrado un talento especial en controlar sus ímpetus populistas recurriendo al marco institucional.