La oposición sudafricana impulsó una nueva moción de censura contra Cyril Ramaphosa por un presunto caso de robo de divisas

El partido opositor uMkhonto weSizwe (MK) (Lanza de la Nación) ha pedido someter a una moción de censura al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, después de que el Tribunal Constitucional del país haya decidido reabrir un proceso de destitución en su contra por supuestamente encubrir el robo de divisas extranjeras en unos terrenos de su propiedad en 2020.

La formación fundada por el ex presidente Jacob Zuma ha reclamado que la votación en la Asamblea Nacional tenga lugar a puerta cerrada, sumándose así a una petición previa del partido Movimiento de Transformación Africana (ATM), según un comunicado publicado en Facebook.

Si bien los escaños de las dos formaciones en el Parlamento -58 y dos, respectivamente- no son suficientes para alcanzar la mayoría simple que requiere la aprobación de un voto de censura, la votación secreta permitiría a algunos sectores del Congreso Nacional Africano (CNA) mostrar su descontento con la gestión del actual mandatario.

Su petición llega después de que el Constitucional de Sudáfrica haya anulado una votación de la cámara de 2022 que rechazaba un informe incluyendo pruebas sobre presuntas irregulares cometidas por Ramaphosa en un caso que trascendió hace dos años antes, cuando el ex jefe de Inteligencia acusó al presidente de intentar encubrir el robo de unos 580.000 dólares escondidos en un sofá en una granja de su propiedad.

El dictamen del tribunal apunta a la formación de una comisión de destitución para examinar el caso contra Ramaphosa, que ha negado cualquier irregularidad e incluso ha llegado a considerar su dimisión antes de que el Parlamento decidiera bloquear cualquier acción adicional sobre las conclusiones de la comisión.

La Presidencia sudafricana ha asegurado en un comunicado que “respeta la sentencia” del máximo tribunal del país, y ha reafirmado “su compromiso con la Constitución, la independencia del poder judicial y el Estado de derecho”, mientras su principal socio de coalición, la Alianza Democrática, ha rechazado encubrir cualquier “irregularidad”, en palabras de su líder, Geordin Hill-Lewis.

Esa formación acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.

La Presidencia ya negó entonces las acusaciones de Fraser y confirmó que hubo un robo ese día, pero el mandatario alegó que la suma sustraída fue de 580.000 dólares (unos 493.000 euros al cambio actual).

(con información de EP y EFE)