El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones a dos jueves del Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmando que “participaron en esfuerzos para investigar, arrestar detener o procesar a israelíes, sin permiso de Israel”, en referencia a las investigaciones por supuestos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
“Hoy designo a dos jueces del TPI, Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, en línea con la orden ejecutiva 14203 sobre ‘Imposición de Sanciones al TPI’”, ha dicho el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a través de un comunicado.
“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos del TPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluida la votación con la mayoría a favor del fallo del TPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”, ha sostenido.
Rubio ha hecho así referencia a la decisión anunciada el lunes por el tribunal rechazando una serie de recursos presentados por Israel contra la investigación abierta sobre su actuación durante la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense ha reseñado que “el TPI sigue llevando a cabo acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones”. “No toleraremos los abusos de poder del TPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y que someten de forma errónea a estadounidenses e israelíes a la jurisdicción del TPI”, ha agregado.
“Nuestro mensaje al tribunal ha sido claro: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción del TPI”, ha reiterado. “Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la legalidad y las extralimitaciones del TPI”, ha apostillado el secretario de Estado estadounidense.
En respuesta, el tribunal ha condenado el anuncio de Rubio y ha afirmado que “llegan tras una designación previa de nueve cargos electos del aparato judicial y la oficina del fiscal”.
“Estas sanciones con un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que opera en línea con el mandato concedido por sus Estados parte de diversas regiones”, ha sostenido.
“Estas medidas dirigidas contra jueces y fiscales elegidos por los Estados parte socavan el Estado de derecho. Cuando los actores judiciales se ven amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”, ha alertado, al tiempo que ha reiterado su respaldo a sus integrantes y a las “víctimas de atrocidades inimaginables”.
En esta línea, el TPI ha prometido que “seguirá llevando a cabo su mandato con independencia e imparcialidad, en respeto estricto al Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales”, al tiempo que ha expresado su agradecimiento a las “consistentes muestras de solidaridad” por parte de sus Estados miembro, la sociedad civil y “todos los que apoyan el Estado de derecho y la justicia para las víctimas de crímenes internacionales”. “El tribunal continuará su trabajo, junto a todos sus socios, para garantizar una aplicación efectiva e independiente de su mandato”, ha zanjado.
El TPI emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ahora exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad. Asimismo, pidió la detención de tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), muertos en el marco de la citada ofensiva del Ejército israelí que ha causado ya más de 70.600 muertes en el enclave palestino.
En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la citada orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del TPI argumentando que el tribunal “impone, sin fundamento legítimo, su jurisdicción sobre personal de Estados Unidos y alguno de sus aliados e iniciado investigaciones al respecto”.
Estados Unidos impuso sanciones como el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de entrada en Estados Unidos a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos. Las sanciones, concretamente, se impondrán a todo aquel que haya participado en “cualquier esfuerzo del TPI para investigar, detener, retener o procesar a una persona protegida sin el consentimiento del país de nacionalidad de esa persona”.
(Con información de Europa Press)
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