El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes culpable al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, por dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y un delito de sedición ligado a la difusión de material subversivo, una decisión que podría derivar en una pena de cadena perpetua.
El veredicto cerró un proceso judicial de cinco años, aunque la condena se conocerá en enero próximo. La lectura del fallo se produjo en un clima de fuerte expectación mediática. La jueza Esther Toh, uno de los tres magistrados del panel, sostuvo que el tribunal dio por probado que Lai conspiró con terceros para socavar la seguridad nacional y afirmó que el acusado alberga “odio y resentimiento” contra el régimen de China.
La sesión se desarrolló en el complejo judicial de West Kowloon bajo un dispositivo de seguridad reforzado y ante una marcada afluencia de público, periodistas y diplomáticos de países occidentales. Entre ellos figuró el Reino Unido, que criticó el proceso y lo consideró motivado políticamente. Lai posee ciudadanía británica.
Jimmy Lai, fundador y editor del diario Apple Daily, permanece encarcelado desde 2020. El periódico cerró en 2021 tras una redada con 500 agentes que concluyó con el bloqueo de sus activos y la detención de miembros de su directiva. La Fiscalía acusó al medio, fundado en 1995, de publicar artículos que, según la acusación, alentaron la participación en las protestas prodemocráticas contra el proyecto de ley de extradición en 2019.
Los fiscales también sostuvieron que Lai actuó como “cerebro y sostén económico” del grupo ‘Stand with Hong Kong’ (Apoya a Hong Kong), al que atribuyeron campañas internacionales destinadas a presionar a gobiernos extranjeros y promover sanciones contra autoridades locales y chinas. La acusación insistió en que el empresario utilizó su plataforma mediática para solicitar apoyo internacional y promover “hostilidad organizada” contra Hong Kong y Beijing.
La defensa rechazó esos planteos. Argumentó que Apple Daily reflejó posiciones legítimas dentro del debate público y que la libertad de prensa ampara su línea editorial. Los abogados del empresario afirmaron que un rotativo debe contar con un margen ampliado de expresión y que la acusación calificó como sedición opiniones protegidas constitucionalmente.
El fallo se inscribe en uno de los procesos más relevantes desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el régimen chino en 2020. El juicio comenzó formalmente en diciembre de 2023 y quedó marcado por tensiones políticas, en parte por la prominencia pública de Lai y por el alcance del caso para el sector mediático y la oposición prodemocrática.
Uno de los episodios más controvertidos fue la exclusión del abogado británico Timothy Owen. La decisión se produjo después de que Beijing habilitara al jefe del Ejecutivo hongkonés para vetar la participación de juristas extranjeros en causas de seguridad nacional. Como consecuencia, el proceso se desarrolló sin jurado y ante un panel de tres jueces designados para este tipo de casos, un formato que se consolidó tras las manifestaciones masivas y en ocasiones violentas de 2019.
La situación personal de Lai generó preocupación internacional. Sus hijos denunciaron un deterioro físico notable tras casi cinco años en régimen de aislamiento. Las autoridades de Hong Kong respondieron que el empresario recibe atención médica adecuada y rechazaron que exista un trato inapropiado.
El caso alcanzó además el plano diplomático. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó haber planteado la situación ante Beijing. El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que el caso resulta “prioritario” para Londres. El régimen chino acusó a ambos países de interferir en los asuntos internos de China y sostuvo que los tribunales hongkoneses actúan con independencia y conforme al derecho local.
El proceso contra Jimmy Lai y su diario se convirtió en un símbolo de la transformación política y jurídica de la ex colonia en los últimos años. Ese período incluyó la disolución de organizaciones civiles y partidos opositores, además de cambios profundos en el funcionamiento de los sistemas judicial y electoral, en un contexto de reducción sostenida de derechos y libertades.
(Con información de EFE)
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