La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, denunció públicamente que las protestas postelectorales registradas en el país, a fines de octubre, formaron parte de un complot para derrocar a su gobierno.
Según sus declaraciones, los servicios de inteligencia detectaron una red coordinada detrás de las protestas, integrada por personas conscientes de su rol y otras movilizadas mediante engaños o pagos.
Durante su intervención en la capital Dar es Salam, Hassan negó que las movilizaciones expresaran una protesta ciudadana legítima. Las catalogó como un “proyecto maligno generalizado”, describiendo ataques contra infraestructuras estatales, comisarías de policía y empresas privadas.
Bajo ese argumento, justificó el uso de la fuerza por parte de las autoridades: “Juramos proteger este país. Cuando nos dicen que usamos fuerza excesiva, ¿qué esperaban? ¿Deberíamos habernos quedado mirando cómo triunfaban quienes planeaban derrocarnos?”, señaló Samia Suluhu Hassan, citada por el diario The Citizen.
El proceso electoral concluyó con la victoria abrumadora de Hassan, quien obtuvo el 98% de los votos. Por otra parte, representantes de la oposición y organizaciones de derechos humanos denunciaron irregularidades, violencia sistemática y manipulación de los comicios.
A su vez, también la Unión Africana calificó las elecciones como irregulares. El saldo de víctimas tras la represión varía según las fuentes: Amnistía Internacional contabilizó más de 100 muertes, mientras que Chadema, el principal partido opositor, estimó más de 1.000 fallecidos.
En el contexto de la persistente tensión política, se convocaron nuevas protestas antes del 9 de diciembre. El gobierno aún no ha publicado un registro oficial de fallecidos, hecho denunciado por familiares que exigen la entrega de los cuerpos, según TRT Afrika. Además, las fuerzas de seguridad presentaron cargos de traición y conspiración contra unas 300 personas, incluidas figuras de la oposición.
Las acusaciones opositoras se centran en una supuesta campaña de secuestros y asesinatos, especialmente en el periodo previo a las elecciones.
Los afectados no se limitaron a líderes visibles, sino que incluyeron críticos en redes sociales y activistas menos conocidos. El gobierno negó de forma tajante la existencia de estas prácticas y argumentó que los detenidos enfrentan cargos graves, principalmente los de traición, que pueden implicar la pena máxima.
Ante la decisión de la Unión Europea de suspender la ayuda internacional a raíz de la violencia en las manifestaciones, Hassan criticó la postura europea: “Todavía creen que son nuestros amos, que son nuestros colonizadores”, declaró en su discurso.
En cuanto al desarrollo electoral, la presidenta rechazó las acusaciones sobre trabas a candidatos opositores y alegó que algunos decidieron no participar ante la perspectiva de una derrota segura.
Chadema, por su parte, rehusó firmar el nuevo “código de conducta electoral” argumentando que no existen condiciones equitativas e insistió en la necesidad de una reforma que garantice transparencia. Tundu Lissu, dirigente de Chadema, fue arrestado e imputado por traición.
(Con información de Europa Press)
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