Una pareja compra un terreno para construir una casa y está contaminado con baterías, amianto y hasta un coche: “No podemos respirar bajo el peso de las deudas”

El sueño de una familia de construir su hogar en Normandía se ha visto truncado tras descubrir que el terreno que adquirieron está contaminado por residuos enterrados. La imposibilidad de continuar las obras ha sumido a los afectados en una crisis económica y personal, mientras el caso pone en evidencia los riesgos de la compraventa de suelos sin las garantías suficientes.

Sonia y Julien, un matrimonio con cuatro hijos, han visto cómo su proyecto de vida se ha desmoronado en Buchy, departamento de Seine-Maritime. Según ha informado France 3, la pareja compró en mayo esta parcela, de 1.200 metros cuadrados y por 66.000 euros, con intención de levantar allí su vivienda. Sin embargo, en junio, en los primeros trabajos de movimiento de tierras, el constructor descubrió residuos enterrados que han hecho inviable la continuidad de las obras.

Detalla France 3 que entre los materiales hallados se encuentran la carcasa de coche, motores sin vaciar, baterías, un bidón de aceite y placas de fibrocemento, lo que apunta a la posible presencia de amianto. La situación ha obligado a detener de inmediato cualquier avance en la construcción, ya que la descontaminación del terreno resulta imprescindible. También es costosa.

El origen de los residuos ha sido objeto de investigación por parte de la gendarmería francesa. El número de serie de la carcasa de coche encontrada corresponde a un antiguo propietario de la parcela, lo que sugiere que los vertidos podrían proceder de etapas anteriores a la venta.

Un funcionario de justicia ha realizado un acta en la que se recogen fotografías de 2023 donde aparecen garajes con tejados de fibrocemento y un poste de cierre en la parcela. El informe apunta a que estos elementos podrían haber sido demolidos y enterrados antes de la transacción, lo que explicaría parte de los residuos hallados. Constata también la presencia de un fuerte olor a aceite y otros fluidos desagradables.

El periódico Le Figaro añade que los vendedores “han pasado por alto la existencia de estos residuos”, omitiendo cualquier mención durante la negociación. En cualquier caso, sí cumplieron con su obligación de financiar un estudio de suelo por 1.500 euros, que resultó favorable, según remitieron a los compradores a finales de julio. Desde entonces, el contacto entre ambas partes se ha interrumpido.

La situación ha supuesto un golpe devastador para Sonia, Julien y sus hijos. La madre ha relatado a France 3: “Habíamos prometido a los niños una habitación para cada uno, llevamos tres años sin irnos de vacaciones, nos privamos de todo por algo que ya no tendremos, es una pesadilla para nosotros”. La familia, que se había esforzado durante años para ahorrar y poder acceder a una vivienda propia, se enfrenta ahora a la imposibilidad de materializar su proyecto.

Julien ha manifestado su desconcierto ante la situación: “Nosotros no hemos pedido nada a nadie, compramos un terreno y en ningún momento podíamos sospechar que había algo debajo. Si no, evidentemente, no habríamos hecho las gestiones para adquirirlo”.

El informe técnico encargado tras el hallazgo ha determinado que, debido a la mala calidad del suelo, sería necesario realizar cimentaciones más profundas, con un coste adicional de 50.000 euros, según el presupuesto del constructor. Esta cifra, sumada a la necesidad de descontaminar el terreno, eleva el gasto potencial a “seis cifras”, como ha reconocido Julien. El constructor ha advertido que no reanudará los trabajos hasta que el terreno esté completamente limpio, lo que deja a la familia sin margen de maniobra.

La situación financiera de los afectados se ha agravado por la existencia de un préstamo de 90.000 euros que deberán devolver al banco en un plazo de 18 meses. Este crédito, que debía saldarse con la venta de su vivienda anterior, se ha convertido en una carga insostenible tras la paralización del proyecto. “Casi no podemos respirar bajo el peso de las deudas”, ha reconocido la pareja a Le Figaro.

En junio, Julien y Sonia presentaron una denuncia ante las autoridades, pero hasta la fecha no han recibido respuesta judicial. Su esperanza es que la justicia anule la venta, les permita recuperar el dinero invertido y les conceda una indemnización para poder saldar la deuda con el banco y, quizá, iniciar un nuevo proyecto inmobiliario.

Mientras tanto, otras parcelas pertenecientes a la misma familia vendedora continúan a la venta en portales inmobiliarios, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la seguridad en futuras transacciones para otros compradores.