El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este miércoles que Macario González, miembro de su dirección nacional y ex alcalde de Barquisimeto —capital del estado Lara, en el occidente del país—, lleva dos meses detenido “sin acceso a sus familiares ni abogados”, y sin que las autoridades informen dónde se encuentra preso. A través de X, VP afirmó que a González se le están “violando sus derechos humanos” y que su situación constituye, desde hace dos meses, una “desaparición forzada”.
La organización subrayó que “Macario no ha cometido ningún delito. Solo es un docente que ha dedicado su vida a servir a Venezuela como exalcalde”, y advirtió que la vida del dirigente político corre peligro: “Sigue en riesgo, ya que es un adulto mayor de 73 años que sufre de hipertensión”.
Del mismo modo, VP denunció que su activista Luis Somaza —detenido el pasado 12 de febrero— permanece “aislado en una celda pequeña”. La formación alertó que Somaza sufre “hidradenitis supurativa, una enfermedad crónica y dolorosa de la piel que produce nódulos que supuran sangre y pus bajo la piel”, lo que agrava su estado dentro del aislamiento.
VP exigió la liberación de González, de Somaza y de todos los presos políticos, cuyo número asciende a 884, según cifras de la ONG Foro Penal. No obstante, la dictadura de Venezuela sostiene que el país está “libre de presos políticos” y que las personas señaladas como tales se encuentran encarceladas por la “comisión de terribles hechos punibles”.
Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón informó este sábado que ha recibido denuncias sobre “castigos, suspensión de visitas y maltratos” contra los presos políticos recluidos en cárceles de Venezuela. En un comunicado difundido en X, la organización explicó que los familiares de los detenidos alertaron sobre una serie de abusos que incluyen “golpes, restricción de alimentos y trato humillante”.
La ONG agregó que, “como defensores de derechos humanos, acompañamos a las familias en su preocupación y hacemos un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos”.
Las denuncias de partidos opositores y organizaciones de derechos humanos reflejan un panorama de creciente preocupación sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Mientras la dictadura insiste en negar la existencia de detenciones por motivos políticos, las familias, activistas y defensores continúan exigiendo garantías básicas, transparencia y la liberación de quienes consideran injustamente encarcelados.
(Con información de EFE)
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