Las autoridades del régimen de Irán deben “mejorar seriamente” su cooperación con los inspectores de las Naciones Unidas para prevenir un aumento de las tensiones con Occidente, según declaraciones de Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), recogidas el miércoles por el Financial Times. Grossi indicó al periódico que, aunque el organismo ha realizado una docena de inspecciones desde el inicio de las hostilidades entre Irán e Israel en junio, el acceso a instalaciones estratégicas como Fordow, Natanz e Isfahán ha sido denegado. Estas instalaciones sufrieron bombardeos de Estados Unidos, y su acceso por parte del OIEA se considera crucial para la verificación internacional del programa nuclear iraní.
Grossi manifestó ante el Financial Times que si bien el OIEA intenta abordar unas relaciones “accidentadas” con Teherán con comprensión, subrayó la obligación legal de Irán de permitir la supervisión internacional. “No se puede decir: ‘Me mantengo dentro del tratado de no proliferación de armas nucleares’, y luego no cumplir con las obligaciones”, afirmó Grossi. Advirtió que, si la situación no cambia —y considerando el contexto de guerra—, el organismo podría verse obligado a informar la pérdida total de visibilidad sobre el material nuclear iraní.
En octubre de este año, el OIEA detectó movimientos cerca de las reservas de uranio enriquecido de Irán. Sin embargo, Grossi aclaró que ello “no implicaba que hubiera actividad de enriquecimiento”. La respuesta desde Teherán llegó de la mano del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien declaró que Grossi “era plenamente consciente de la naturaleza pacífica” del programa nuclear del país y no debía expresar “opiniones infundadas”.
Representantes de Irán responsabilizaron al OIEA de contribuir a justificar el bombardeo israelí, iniciado el día posterior a que la junta del organismo votara a favor de declarar a Irán en violación de las obligaciones derivadas del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
Irán es parte del TNP desde 1970. Según este tratado, el país está obligado a no desarrollar ni adquirir armas nucleares, someter sus actividades nucleares a supervisión internacional, y tiene derecho a usar energía nuclear con fines civiles bajo salvaguardias verificables. El incumplimiento de estas condiciones puede llevar a sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Además, Irán mantiene un Acuerdo de Salvaguardias Integrales con el OIEA, que le impone la obligación de declarar todos sus materiales e instalaciones nucleares, así como permitir inspecciones regulares y responder a cualquier solicitud de aclaración en caso de movimientos sospechosos de material nuclear. Grossi ha insistido en que, a pesar del conflicto y los ataques sufridos por instalaciones iraníes, estas obligaciones legales continúan vigentes.
En el pasado, Irán también aplicó de manera provisional el Protocolo Adicional del OIEA, derivado del acuerdo nuclear JCPOA de 2015, lo que permitía inspecciones sorpresa y el acceso a sitios no declarados. Sin embargo, tras la retirada de Estados Unidos del JCPOA en 2018, Teherán fue suspendiendo progresivamente el cumplimiento pleno de este protocolo, limitando el monitoreo internacional a lo pactado en el acuerdo de salvaguardias básico.
El marco normativo internacional establecido por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU sigue vigente, y su violación podría activar el mecanismo de reactivación de sanciones. Irán, por su parte, adoptó en diciembre de 2020 la Ley de Acción Estratégica para Levantar las Sanciones, que restringe la cooperación con el OIEA si las represalias internacionales no cesan.
De acuerdo con lo informado por el Financial Times, si Irán continúa limitando el acceso de los inspectores internacionales, la agencia atómica podría informar al Consejo de Gobernadores y recomendar la reimposición de sanciones. Además, el OIEA podría declarar la pérdida de visibilidad sobre parte del material nuclear iraní, aumentando la preocupación global por un posible desarrollo militar no declarado.
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