La Fiscalía del régimen cubano presentó una imputación formal contra Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro, por delitos que abarcan espionaje, malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. El organismo detalló que también se le acusa de actos en perjuicio de la actividad económica, cohecho, infracción de las normas de protección de información clasificada y sustracción o daño de documentos bajo custodia oficial, conforme al comunicado oficial remitido a última hora del viernes.
El procedimiento penal, según la Fiscalía, se ha realizado bajo su control directo y en coordinación con órganos del Ministerio del Interior de la dictadura cubana, tras el cese de Gil en febrero de 2024. Un mes después, el dirigente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, informó de una investigación en su contra por “graves errores”, enmarcando el caso en el contexto de una campaña del régimen contra la corrupción en medio de una aguda crisis económica en el país.
De acuerdo con el comunicado difundido por la Fiscalía General, “la investigación penal presentada por los órganos del Ministerio del Interior contra Alejandro Gil fue controlada por la Fiscalía General de la República”, que además confirmó que la acción penal pública se ejerció ante el tribunal correspondiente. Desde su destitución, Gil ha permanecido en prisión provisional.
En marzo de 2024, Díaz-Canel, líder del régimen cubano, declaró públicamente que las imputaciones contra Gil le llevaron a dimitir de sus responsabilidades dentro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y como diputado. El mandatario afirmó entonces que “la dirección de nuestro partido y del Gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”, conforme al comunicado oficial difundido ese mes.
La caída de Gil representó, según los medios controlados por la dictadura cubana, el cierre de una serie de acciones anticorrupción promovidas desde el régimen, que en ese periodo sacaron a la luz múltiples casos en distintos niveles administrativos. Su destitución se produjo dos días después de que las autoridades del régimen cubano aplazaran un incremento superior al 500 % en el precio de los combustibles alegando un “incidente de ciberseguridad”.
La Fiscalía amplió la investigación en los meses siguientes para incluir delitos de corrupción, manejo indebido de fondos estatales y otras irregularidades, que permanecían entonces sin detallar públicamente y motivaron incertidumbre social.
Alejandro Gil Fernández, nacido en La Habana en 1964, es ingeniero en explotación del transporte y doctor en ciencias. Inició su carrera como jefe de operaciones portuarias en la capital cubana y más tarde ocupó responsabilidades en el Ministerio de Finanzas y Precios del régimen, donde ascendió a viceministro primero.
Desde julio de 2018, Gil fue ministro de Economía y Planificación y, a partir de diciembre de 2019, viceprimer ministro, desempeñando ambos cargos simultáneamente. Su gestión coincidió con una de las fases más difíciles de la economía de la isla, marcada por la escasez de bienes, la crisis inflacionaria y la implementación de reformas, entre ellas la polémica “Tarea Ordenamiento”, cuyo objetivo era eliminar la dualidad monetaria, aunque terminó catalogada como un fracaso incluso dentro del propio régimen cubano.
Durante su mandato, Gil lideró diversas medidas de ajuste fiscal, incluidas las primeras aperturas al sector privado y el aumento de los combustibles hasta en un 400 %. Al momento de su destitución, las autoridades del régimen cubano le atribuyeron “graves errores” en el desempeño de sus funciones, y la investigación pasó a manos de la Fiscalía, según lo informado por los medios oficiales del régimen.
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