
El incendio de un almacén en el este de Londres conectó la criminalidad local con operaciones de sabotaje dirigidas por la inteligencia rusa, según determinó un fallo histórico en el tribunal de Old Bailey.
Dylan Earl, ciudadano británico de 21 años, recibió una condena de 17 años de prisión tras confesar su participación en el atentado contra un depósito gestionado por una pareja ucraniana.
El lugar servía de centro de envío de dispositivos de comunicación satelital Starlink a Ucrania. La sentencia se basó en evidencia presentada por la Policía Metropolitana, que confirmó que el ataque fue ordenado directamente por el grupo mercenario Wagner, considerado organización terrorista en el Reino Unido y sancionado en varias jurisdicciones.

Las autoridades detallaron que el incendio, ocurrido el 20 de marzo de 2024, causó una destrucción valuada en más de 1,3 millones de libras (1,73 millones de dólares) en equipos y mercaderías destinados a Ucrania.
Además, el fallo reveló la existencia de una estructura de sabotaje integrada por Earl y sus cómplices, coordinada mediante canales de mensajería encriptada y controlada por actores externos a Reino Unido. Según la agencia EFE, otros 5 implicados recibieron penas de 8 a 12 años de prisión, dependiendo su grado de participación.

La investigación antiterrorista informó que Earl fue reclutado a través de Telegram por un chatbot denominado PrivetBot, una herramienta vinculada a la red de reclutadores de Wagner.
Earl, empleado de la construcción y traficante de drogas ocasional, se contactó con el bot en abril de 2024, lo que derivó en instrucciones y un pago en criptomonedas que, según la documentación judicial, alcanzó los 5.000 euros (USD 5.815).
Su misión incluyó el reclutamiento de colaboradores y la distribución de tareas operativas, de acuerdo con lo informado por CNN, quienes accedieron a los argumentos de la defensa y a conversaciones recopiladas.
El relato judicial indicó que el grupo planificó y ejecutó el incendio como parte de una serie de operaciones dirigidas a obstaculizar el envío de suministros militares y humanitarios a Ucrania tras la invasión rusa.

Entre los condenados se destacan Jake Reeves, sentenciado a 12 años por su rol organizativo; Nii Mensah, quien recibió 10 años por transmitir en vivo el ataque; y Ugnius Asmena, condenado a 8 años por su función logística.
Los otros sentenciados, Jakeem Rose y Ashton Evans, recibieron 9 años de prisión cada uno, el primero por participar en la quema del edificio y el segundo por no reportar a la policía los planes de secuestro dirigidos a disidentes rusos críticos del Kremlin.
La agencia AP señaló que este atentado se suma a al menos 25 complots de incendios y ataques con explosivos atribuidos a Rusia y documentados por funcionarios occidentales desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022.
Durante el proceso, la jueza Bobbie Cheema-Grubb aseguró que el caso constituye un punto de inflexión en la seguridad nacional, por tratarse de uno de los primeros fallos bajo la Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido, aprobada en 2023.

Esta legislación refuerza la capacidad del Estado para enfrentar amenazas extranjeras más allá del espionaje convencional. Según Sky News, la magistrada sostuvo: “Las sentencias deben enviar una señal de que involucrarse en actividades desestabilizadoras para el Estado británico tiene consecuencias directas.”
Wagner, fundado por Yevgeni Prighozin y cercano al presidente ruso Vladimir Putin, operó en múltiples regiones antes de su proscripción en Reino Unido y la muerte de su fundador en 2023.

Entre sus objetivos figuraba un plan adicional para secuestrar a Evgeny Chichvarkin, magnate ruso expatriado crítico del gobierno de Putin y residente en Reino Unido. Este empresario, con actividades en Londres y Madrid y activo en el apoyo logístico a Ucrania, habría sido blanco de represalias coordinadas.
La jueza Cheema-Grubb explicó que, en fechas próximas al incendio de Londres, se registró un hecho similar en Madrid, lo que fortaleció la hipótesis de coordinación, según la policía.
La defensa de Earl, liderada por Paul Hynes, describió a su cliente como vulnerable a técnicas de reclutamiento y manipulación digital, afectado por aislamiento social, adicciones y ausencia de referentes positivos.
Entre las reacciones oficiales, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró ante la prensa durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky: “No toleraremos esta actividad hostil... su seguridad es nuestra seguridad”, según AP.
Por su parte, Frank Ferguson, jefe de la División de Delitos Especiales de la Fiscalía, sostuvo que “el proceso marca un momento crucial en los esfuerzos de seguridad nacional”, insistiendo en la importancia de la Ley de Seguridad Nacional frente a la injerencia extranjera y la necesidad de perseguir todo acto que atente contra la seguridad y el orden público.
(Con información de AP, EFE y Europa Press)
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