La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles nuevas salvaguardas dirigidas a tranquilizar a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea (UE) ante los posibles efectos derivados de la entrada de productos latinoamericanos, especialmente aquellos incluidos en los acuerdos comerciales con el Mercosur. Las medidas anunciadas por el Ejecutivo comunitario refuerzan la vigilancia de importaciones y establecen procedimientos para reaccionar ante aumentos imprevistos de entradas o caídas de precios en el mercado europeo, según señala la CE en un comunicado.
El nuevo reglamento, expuesto por Bruselas, establece “un nivel adicional de seguridad” que complementa la introducción gradual y calibrada de contingentes específicos acordados con el Mercosur para sectores reconocidos como sensibles. Entre estos productos se encuentran la carne de vacuno, aves de corral, arroz, miel, huevos, ajo, etanol y azúcar.

En la práctica, la CE se compromete a una vigilancia reforzada. Los servicios comunitarios supervisarán de manera sistemática las tendencias del mercado relativas a las importaciones de estos productos agrícolas. Cada seis meses, se enviará un informe al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo en el que se valorará el impacto de dichas importaciones en los mercados de la Unión. Según la Comisión, esta supervisión permitirá identificar a tiempo cualquier riesgo y actuar con rapidez para paliar los potenciales impactos negativos.
Entre los factores considerados para activar una investigación se incluyen el registro de un aumento repentino de importaciones o una notable caída de los precios en uno o varios Estados miembros. La CE explica que se dará prioridad a los casos en los que los precios de importación del Mercosur sean al menos un 10 % más bajos que los de productos europeos o de otros competidores, o cuando el volumen anual de importaciones de un producto en condiciones preferenciales suba más de un 10 %, o bien si el precio de importación desciende un 10 % respecto al año anterior.
Si las investigaciones constatan un perjuicio grave o la amenaza de que ocurra, la UE podrá retirar temporalmente las preferencias arancelarias a productos causantes del daño. Bruselas además garantiza una respuesta rápida: se compromete a iniciar investigaciones a petición de cualquier Estado miembro con causa justificada y a aplicar las medidas provisionales en un máximo de 21 días en situaciones urgentes.

Otra innovación relevante del reglamento es la reducción del plazo para concluir las investigaciones: el procedimiento tendrá una duración máxima de 4 meses, mucho más breve que el periodo de 12 meses previsto hasta ahora en el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (APEM).
Las cláusulas bilaterales de salvaguardia incluidas en el APEM permiten ya la retirada temporal de preferencias arancelarias si se constatan efectos negativos derivados de la rebaja de aranceles. Con la propuesta de hoy, dicha cláusula se convierte en legislación vinculante y de aplicación inmediata en la normativa de la UE.
El reglamento de la Comisión deberá aún ser adoptado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo dentro del procedimiento legislativo ordinario antes de entrar en vigor.
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