La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) lanzó este jueves un informe demoledor sobre el trato de Rusia a los prisioneros de guerra ucranianos. Según el documento, elaborado por tres juristas internacionales independientes, Moscú ha convertido la tortura y las ejecuciones sumarias en prácticas sistemáticas contra los cautivos del conflicto iniciado en febrero de 2022.
El reporte, firmado por expertos de Francia, la República Checa y Suecia, concluye que los patrones documentados “pueden constituir crímenes de guerra y, en algunos casos, crímenes de lesa humanidad”.
La OSCE no se limitó a describir abusos: recomendó explícitamente que la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya asuma la investigación de los hechos. El tribunal ya examina la deportación forzada de niños ucranianos y los ataques deliberados contra la población civil.
Los investigadores reunieron testimonios directos de ex prisioneros, informes de organismos internacionales y documentación oficial de Kiev.
La evidencia, señalan, es “creíble y consistente”: uso de culatas de fusil, palas, descargas eléctricas y perros como instrumentos de tormento. Casi la mitad de los soldados liberados, un 43%, aseguraron haber sufrido violencia sexual.
El informe también denuncia un clima de impunidad alentado desde las más altas esferas del poder ruso. Dmitri Medvédev, ex presidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, llegó a proclamar públicamente: “No tienen derecho a la vida. Ejecutar, ejecutar, ejecutar”.
Ese tipo de declaraciones, sostienen los autores, normaliza la brutalidad y avala la represión en los centros de detención.
La magnitud del fenómeno sigue siendo difícil de precisar. Aunque la OSCE no ofrece una cifra total de ejecuciones de prisioneros fuera del combate, recoge datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que acreditan 194 casos hasta mayo de 2025, además de múltiples asesinatos ocurridos en custodia. En conjunto, el informe describe un patrón de exterminio selectivo más que incidentes aislados.
Desde el inicio de la invasión, Ucrania estima que unos 13.500 soldados han caído en manos rusas. De ellos, 6.800 fueron liberados en intercambios supervisados por mediadores internacionales, mientras que unos 6.300 permanecen en cautiverio.
Las cifras reflejan no solo la escala del problema, sino la vulnerabilidad de miles de combatientes sujetos a un trato que contraviene las Convenciones de Ginebra.
La reacción de Moscú fue el silencio. Rusia no colaboró con la investigación de la OSCE y ha negado de forma reiterada acusaciones similares en foros internacionales, tildándolas de “propaganda” ucraniana y occidental.
Sin embargo, el patrón descrito coincide con informes previos de Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que desde 2022 han denunciado torturas y desapariciones forzadas en los territorios ocupados.
La OSCE ha utilizado su mecanismo de expertos para documentar violaciones graves en conflictos anteriores, como los de Nagorno Karabaj o Chechenia.
Esta vez, subraya que el carácter masivo y organizado de los abusos contra prisioneros no tiene precedentes recientes en Europa. El documento busca también aumentar la presión sobre los Estados miembros para reforzar el aislamiento diplomático de Rusia.
La Corte Penal Internacional, que emitió órdenes de arresto contra Vladímir Putin y su comisionada de Derechos del Niño en 2023, afronta ahora un posible nuevo expediente.
De prosperar, las denuncias sobre tortura y ejecuciones sumarían otra vía de responsabilidad penal individual para los líderes rusos. La OSCE, sin embargo, advierte que la cooperación con la CPI dependerá del respaldo sostenido de los países europeos y norteamericanos.
La respuesta de los aliados occidentales fue inmediata en el plano declarativo, aunque sin medidas concretas. La Unión Europea recalcó que los crímenes cometidos en Ucrania no quedarán impunes, mientras que Estados Unidos insistió en que los responsables deberán rendir cuentas.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la credibilidad del sistema internacional está en juego: si los crímenes documentados en Ucrania quedan sin sanción, el derecho humanitario se debilitará en su conjunto.
Ese mismo argumento resuena en otros escenarios, como Gaza, donde la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU presentó en septiembre de 2025 un informe en el que concluyó que Israel ha cometido actos genocidas contra la población palestina, lo que refuerza la presión para exigir rendición de cuentas también en ese frente.
El informe sobre los prisioneros ucranianos se suma a la larga lista de violaciones denunciadas en un conflicto que ya ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Pero su énfasis en la suerte de los prisioneros de guerra introduce un matiz decisivo: el recordatorio de que, incluso en la guerra, existen límites que no pueden ser traspasados sin consecuencias legales.
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