El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones por la guerra en Ucrania

El Reino Unido endureció este miércoles su estrategia financiera contra Rusia con un paquete de sanciones dirigido a un banco de Kirguistán y a plataformas de criptomonedas vinculadas al Kremlin. El objetivo, según Londres, es cortar las vías opacas que Moscú utiliza para esquivar las restricciones impuestas tras la invasión de Ucrania.

La medida afecta al Banco Capital, con sede en Biskek, y a su director, Kantemir Chalbayev, señalados por facilitar pagos relacionados con el abastecimiento militar ruso. También incluye a las plataformas de intercambio Grinex y Meer, además del token digital A7A5, respaldado por rublos, que ha movido más de 9.300 millones de dólares en cuatro meses. El Gobierno británico sostiene que ese token fue diseñado específicamente para eludir las sanciones occidentales.

El secretario de Estado británico de Sanciones, Stephen Doughty, afirmó que la decisión busca exponer los intentos del Moscú de financiar su guerra por canales alternativos. “Si el Kremlin cree que puede ocultar sus intentos desesperados de suavizar el impacto de nuestras sanciones blanqueando transacciones a través de redes criptográficas dudosas, está muy equivocado”, declaró en un comunicado. Añadió que las medidas buscan demostrar la determinación de acabar con los mecanismos ilícitos “dondequiera que se encuentren”.

El anuncio se produjo después de que Estados Unidos adoptara medidas similares la semana pasada contra entidades financieras de Asia Central que operan con Moscú. Para Londres, el desafío no es solo castigar a los actores rusos, sino también a los intermediarios extranjeros que facilitan las rutas de dinero hacia el Kremlin.

El caso del token A7A5 ha llamado particularmente la atención. Informes de Chainalysis y Elliptic, dos de las principales firmas de análisis de blockchain, revelan que desde su lanzamiento ha canalizado más de 51.000 millones de dólares en transacciones, con operaciones diarias que superan los 1.000 millones. Su capitalización de mercado se triplicó en pocas semanas, alcanzando 521 millones de dólares a finales de julio, un crecimiento que no puede explicarse sin su utilización masiva por parte de entidades rusas.

Una investigación del Financial Times expuso que detrás de esta arquitectura financiera está el banco ruso Promsvyazbank, vinculado al sector defensa y sancionado desde 2014, además del oligarca moldavo Ilan Șor, fugitivo tras un fraude bancario de mil millones de dólares en su país. El hallazgo refuerza la percepción de que Moscú se apoya en redes híbridas que mezclan crimen financiero y experimentación tecnológica para sostener sus operaciones.

La dependencia de Rusia de este tipo de mecanismos no es nueva. Desde 2022, plataformas como Garantex —sancionada por Estados Unidos— han servido como nodos de intercambio en Moscú, antes de ser sustituidas por nuevas versiones como Grinex. En la práctica, el esfuerzo de muchos países se topa con un ecosistema capaz de mutar y regenerarse con sorprendente rapidez.

El alcance de la estrategia rusa va más allá del token A7A5. Según reveló Reuters en marzo, empresas petroleras rusas ya utilizan Bitcoin, Ether y Tether para comerciar con China e India, evitando así pasar por bancos sometidos a vigilancia internacional. Esa práctica se ha expandido en paralelo a la decisión del Kremlin de legalizar la minería de criptomonedas en 2025, con lo que Rusia se convirtió en el segundo mayor minero global, detrás de Estados Unidos.

A esta arquitectura se suman instrumentos internos como el sistema de pagos Mir, creado en 2014 tras la anexión de Crimea para sustituir a Visa y Mastercard dentro de Rusia, y el rublo digital, aprobado en 2023 y todavía en fase de pruebas, con el que el Banco Central busca crear un sistema de pagos bajo control estatal. Para analistas de la usina de pensamiento RAND Corporation, estas iniciativas conforman una economía paralela que, si prospera, podría socavar la eficacia de las sanciones internacionales.

La elección de Kirguistán como epicentro de estas operaciones tampoco es casual. Según un informe de TRM Labs, desde 2022 el país centroasiático se convirtió en plataforma para la evasión de sanciones rusas, gracias a un marco legal permisivo y a la proliferación de plataformas de intercambio de criptomonedas poco regulados. Los investigadores han detectado allí la creación de stablecoins como A7A5 y el emergente USDKG, concebidos para facilitar la compra de tecnología sensible y bienes de doble uso destinados a Moscú.

La reacción rusa no tardó en llegar. Horas después del anuncio de Londres, el Ministerio de Exteriores en Moscú comunicó que incluía a 21 ciudadanos británicos en su lista negra. Entre ellos figuran periodistas, consultores y miembros de ONGs, a quienes acusó de propagar “acusaciones infundadas” contra el país.

La cancillería rusa justificó la medida como una respuesta al “rumbo de confrontación” de Londres. Aunque estas restricciones tienen un efecto práctico limitado —se traducen en prohibición de entrada a Rusia y congelamiento de eventuales activos en el país—, buscan reforzar la narrativa oficial de que Occidente utiliza las sanciones como herramienta de guerra política.

El patrón no es nuevo. En abril, Rusia ya había sancionado a parlamentarios británicos tras una serie de medidas europeas. El mensaje de Moscú apunta menos al castigo efectivo que a mantener un discurso de resistencia frente a la presión internacional.

Mientras tanto, Londres insiste en que el objetivo es cortar el flujo de dinero que sostiene al ejército ruso. En síntesis, se trata de impedir que el Kremlin financie la guerra a través de monedas digitales y jurisdicciones periféricas.

En medio de ese pulso, el sistema financiero internacional se enfrenta a un desafío mayor: cómo controlar instrumentos que, por diseño, se mueven más rápido que los mecanismos tradicionales de supervisión. En esa tensión, cada sanción se convierte en una carrera contra la innovación clandestina del Kremlin.