La minería de coltan en Rubaya, Congo: precariedad, dominio del M23 y el rol de potencias extranjeras en la puja por recursos críticos

Los cerros que rodean la minería de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo, despiertan antes del amanecer con una actividad incesante: miles de trabajadores arrastran costales de piedras cuesta arriba bajo la vigilancia armada del grupo militar M23.

Según el informe reciente de Reuters acerca de esta zona, el motor de este esfuerzo es el coltan, un mineral crucial para la economía digital global, ya que de él se extrae tantalio, insumo esencial en teléfonos móviles, computadoras, turbinas y componentes aeroespaciales.

Rubaya aporta el 15% de la producción mundial de coltan. Sin embargo, esa codiciada riqueza convive con la precariedad extrema: la extracción es totalmente manual y casi todos los mineros sobreviven con apenas unos dólares diarios, según detalla Reuters.

En este escenario marcado por la tensión, el prolongado conflicto por el control del coltan se muestra como eje central de una guerra crónica que sacude el Congo y exacerba rivalidades regionales.

Desde la toma de la zona por el M23 en abril de 2024, los yacimientos se han convertido en punto de convergencia de la lucha de poder local y de intereses internacionales.

Reuters indica que los rebeldes, respaldados, según la ONU, por el gobierno de Ruanda, han convertido las riquezas minerales en una plataforma económica y militar para su ofensiva armada y para afianzar su autoridad territorial.

El M23 justifica su avance en el objetivo de derrocar al gobierno de Kinshasa y proteger a la minoría tutsi, aunque esta ofensiva representa, según el informe, la mayor amenaza contra el poder central en más de veinte años de inestabilidad desde el genocidio ruandés de 1994.

El acceso a Rubaya ilustra la dureza de la vida cotidiana. Reuters narra que alcanzar los pozos de coltan implica para cualquier visitante una travesía exigente: periodistas abandonaron sus vehículos todoterreno, atascados en el fango a varios kilómetros del pueblo, y continuaron a pie y en motocicleta bajo escolta insurgente.

Miles de mineros, iniciando la jornada antes del amanecer, bajan a túneles de hasta 15 metros para extraer el mineral. En la superficie, mujeres y menores lavan las piedras en pilas rudimentarias, separan el mineral del barro con las manos y lo dejan al sol, hasta que el coltan multiplica su valor a cientos de dólares en el mercado internacional.

Las extorsiones y la multiplicidad de tasas impuestas por fuerzas estatales y milicias eran rutina antes del cambio de mando. El minero Pascal Mugisha Nsabimana explicó a Reuters que el M23, pese a su condición insurgente, triplicó el salario diario de algunos trabajadores a 15.000 francos congoleños (USD 5,15) y limitó los abusos y cobros arbitrarios que predominaban en el pasado.

La importancia de Rubaya no se reduce a lo económico; su control supone una ventaja geopolítica clave. Reuters documentó que la toma del M23 de áreas estratégicas como Goma y Bukavu, ciudades en la frontera con Ruanda, facilita el comercio ilícito.

Por estos corredores circula coltan extraído de forma clandestina, que a menudo se mezcla en Ruanda con la producción local para ocultar el origen congolés antes de su exportación.

Naciones Unidas estima que entre 1.000 y 1.500 soldados ruandeses han operado en zonas bajo dominio rebelde desde abril. Kigali niega cualquier vínculo formal con el tráfico de minerales y con el M23, aunque mantiene la preocupación por la amenaza de milicias hutu en la región.

La cadena comercial evoluciona constantemente. Testimonios de contrabandistas y comerciantes recopilados por Reuters detallan que antes el coltan se movía por senderos secretos en motocicleta.

Ese proceso, riesgoso y lento, fue sustituido por un sistema más profesional: el mineral se lleva desde las minas a Rubaya en motos y luego se transfiere a camiones de hasta 20 toneladas, que cruzan con facilidad hacia Ruanda por carreteras bajo control rebelde, acelerando la logística del contrabando.

El negocio es millonario. Según estimaciones de la ONU, solo en la recaudación de impuestos sobre el coltan, gravados en 15% a los comerciantes por el M23, los rebeldes obtienen hasta USD 800.000 mensuales en Rubaya.

Han creado una administración paralela que controla cada fase de la minería: desde la extracción y transporte, hasta la compraventa, imposición de tasas y vigilancia de los accesos al yacimiento.

La competencia por este enclave ha atraído a otros grupos armados y potencias extranjeras. Anteriormente, bajo dominio de PARECO-FF, milicia afín al gobierno central y sancionada recientemente por contrabando, Rubaya pasó a manos del M23.

Reuters informa que, aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no la mencionó en sus últimas sanciones, el M23 ya figuraba en la lista negra desde 2013.

Mientras la ofensiva avanza, la comunidad internacional busca mediar y aprovechar la riqueza mineral. Estados Unidos impulsó un diálogo paralelo entre el Congo y Ruanda, prometiendo inversiones si se logra la paz, y Qatar auspicia conversaciones directas entre Kinshasa y el M23, con la expectativa de un acuerdo para mediados de agosto.

No obstante, denuncias recientes de la ONU sobre asesinatos masivos atribuidos a los rebeldes han puesto en entredicho el proceso. El líder del M23, Bertrand Bisimwa, afirmó a Reuters que el grupo investigaría los hechos, aunque deslizó que podrían formar parte de una “campaña de desprestigio”.

Tras el telón diplomático, grandes empresarios y fondos estadounidenses mueven ficha. Reuters revela el interés del inversor texano Gentry Beach, presidente del grupo America First Global y exfinancista de Donald Trump, quien encabeza un consorcio con intenciones de controlar la concesión minera de Rubaya, reservando el 30% de la operación para el Estado.

El plan generó alarma entre congresistas demócratas, que en agosto enviaron cartas expresando inquietud por la transparencia de la administración Trump y el conflicto potencial de intereses de sus allegados en la negociación directa por estos recursos.

Detrás de la diplomacia y los intereses empresariales, la vida en Rubaya mantiene un tono dramático.

Reuters documentó la participación de niñas y niños en las faenas mineras, extraen mineral de los pozos o lavan y secan, coltan bajo el sol. Expertos en derechos humanos y de la ONU coinciden en que el auge minero solo ha servido para financiar armamento y consolidar la pobreza, sin dejar beneficios duraderos en las comunidades.

Gregory Mthembu-Salter, exfuncionario de Naciones Unidas y director de Phuzumoya Consulting, lamentó que los esfuerzos y reformas promovidos desde 2010 para limpiar la cadena de suministro hayan sido inútiles: “Quince años después, todo sigue igual”, indicó a Reuters.