La vice primera ministra Angela Rayner se refirió a la situación actual del sistema democrático británico con una advertencia clara: “En los últimos tiempos, la confianza pública en nuestra democracia se ha visto dañada y se ha permitido que la fe en nuestras instituciones decaiga”, afirmó Rayner en un comunicado recogido por Reuters.
Esta declaración, que resume la preocupación del Ejecutivo, sirve de punto de partida para comprender la magnitud de la reforma electoral anunciada este jueves por el Gobierno británico, que busca transformar el acceso al voto y revitalizar la participación ciudadana en todo el Reino Unido.
El anuncio, realizado oficialmente por el Ejecutivo liderado por Keir Starmer, contempla la reducción de la edad mínima para votar de 18 a 16 años en todas las elecciones del país. Esta medida, que aún debe recibir la aprobación del Parlamento, representa la mayor revisión del sistema democrático británico desde 1969, cuando la edad de voto se rebajó de 21 a 18 años.
Según detalló Reuters, la reforma igualará los derechos de voto en todo el territorio, alineando a Inglaterra e Irlanda del Norte con Escocia y Gales, donde los jóvenes de 16 y 17 años ya podían participar en elecciones descentralizadas.
La decisión del Gobierno responde a una tendencia preocupante: la baja participación electoral.
En las elecciones generales de 2024, la participación fue del 59,7%, la cifra más baja desde 2001, de acuerdo con un informe parlamentario citado por Reuters. Este dato ha encendido las alarmas sobre el desinterés y la apatía política, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población. El Ejecutivo considera que la ampliación del derecho al voto a los 16 y 17 años puede ser un paso decisivo para revertir esta tendencia.
Keir Starmer, primer ministro y líder del Partido Laborista, defendió la reforma con argumentos centrados en la justicia y la responsabilidad cívica de los jóvenes.
“Creo que es realmente importante que los jóvenes de 16 y 17 años tengan derecho a voto, porque son lo suficientemente grandes para salir a trabajar, son lo suficientemente grandes para pagar impuestos, por lo que contribuyen”, declaró Starmer a AFP.
El mandatario añadió: “Y creo que si contribuyes, deberías tener la oportunidad de decir en qué quieres que se gaste tu dinero, hacia dónde debería ir el gobierno”.
La reforma electoral no se limita a la rebaja de la edad de voto. El plan presentado por el Gobierno incluye la automatización del registro en el censo electoral, una medida que busca facilitar el acceso al voto y reducir las barreras burocráticas.
Además, se ampliará el abanico de documentos de identidad aceptados en los centros de votación, permitiendo el uso de tarjetas bancarias emitidas en el Reino Unido y formatos digitales de documentos existentes, como permisos de conducir y tarjetas de veterano. Esta decisión responde a una problemática concreta: en las elecciones del 4 de julio de 2024, aproximadamente 750.000 personas no pudieron votar por no contar con la identificación apropiada, según datos de la Comisión Electoral.
El endurecimiento de las normas sobre financiación de campañas constituye otro pilar de la reforma.
El Gobierno pretende evitar la injerencia de intereses extranjeros mediante controles más estrictos sobre las donaciones políticas. Entre las medidas propuestas se encuentra la imposición de multas de hasta medio millón de libras (671.000.000 dólares) para los infractores y la supervisión de contribuciones superiores a 500 libras (670 dólares) procedentes de asociaciones no constituidas en sociedad. Además, se cerrarán las lagunas jurídicas que permitían a empresas fantasma canalizar fondos hacia campañas políticas.
Estas acciones buscan blindar el sistema democrático frente a posibles manipulaciones externas y garantizar la transparencia en la financiación electoral.
El contexto internacional también aporta perspectiva a la decisión británica. Solo un reducido grupo de países permite que los jóvenes de 16 años voten en elecciones nacionales. Entre ellos figuran Austria —el primer país de la Unión Europea en adoptar esta medida en 2007—, así como Argentina, Brasil, Ecuador y Cuba.
La inclusión del Reino Unido en este grupo lo sitúa a la vanguardia de la modernización democrática en Europa Occidental.
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