La filtración que puso en jaque al gobierno británico: 25.000 afganos expuestos y la sombra talibán

“El hecho de que los talibanes puedan tener en su poder 33.000 solicitudes de Arap, incluidos los números de teléfono de los solicitantes principales y todas las pruebas de los casos, es simplemente escalofriante”.

Así lo advirtió un correo electrónico enviado el 15 de agosto de 2023 al entonces ministro de las Fuerzas Armadas, James Heappey, tras descubrirse una filtración masiva de datos que puso en peligro a miles de afganos que colaboraron con las tropas británicas. La revelación, mantenida en secreto durante casi dos años por un mandato judicial sin precedentes, ha salido finalmente a la luz, según ha podido confirmar The Telegraph.

La filtración se originó en febrero de 2022, cuando un Royal Marine encargado de verificar solicitantes de asilo compartió accidentalmente un archivo con los datos personales de 25.000 afganos y sus familias, todos ellos colaboradores de las fuerzas británicas durante la guerra contra los talibanes.

El militar, que operaba desde el cuartel de Regent’s Park en Londres bajo el mando del general Sir Gwyn Jenkins, entonces jefe de las Fuerzas Especiales, envió el correo a un grupo de contactos afganos en el Reino Unido en quienes confiaba.

Su objetivo era comprobar que quienes solicitaban acogida bajo el programa Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap) realmente habían combatido junto a las tropas británicas. Sin embargo, en lugar de remitir solo algunos nombres, compartió la hoja de cálculo completa en dos ocasiones. No se sabe si ha recibido sanción alguna por este error.

El archivo contenía información de quienes habían solicitado asilo bajo el programa Arap y el Afghan Citizens Resettlement Scheme (ACRS). El mero hecho de figurar en esa lista ya suponía un riesgo para sus vidas. Los contactos del marine reenviaron los datos a otros afganos en Afganistán para verificar la legitimidad de las solicitudes, multiplicando la exposición. El coste de gestionar las consecuencias de la filtración fue estimado por el gobierno en £7.000 millones.

Durante 18 meses, el Ministerio de Defensa (MoD) permaneció ajeno a la existencia del correo erróneo. Todo cambió el 14 de agosto de 2023, cuando un usuario anónimo publicó en Facebook extractos de la base de datos. En un grupo con 1.300 afganos necesitados de reubicación —algunos posiblemente infiltrados talibanes—, el usuario, identificado solo como “Anonymous Member”, afirmó poseer la base de datos con 25.000 solicitantes y 33.000 filas de información: “Quiero divulgarla”, escribió. Para demostrar la autenticidad, publicó los datos personales de nueve solicitantes del programa Arap. El usuario que difundió los extractos era un solicitante afgano cuya petición de asilo había sido rechazada.

La alarma se disparó entre el personal diplomático británico en Pakistán, que fue alertado por otro miembro del grupo. Esa misma tarde, el equipo de reubicación en Islamabad envió un correo a 1.800 afganos en Pakistán advirtiendo de una posible filtración de sus datos de contacto.

Algunos afectados informaron al British Council de que habían recibido mensajes de números iraníes en WhatsApp solicitando copias de sus pasaportes. No obstante, los funcionarios de Whitehall decidieron no informar a quienes esperaban en Afganistán u otros países, temiendo que ello facilitara el acceso de los talibanes a la lista. Paralelamente, los servicios de inteligencia intentaron borrar cualquier rastro del archivo en servidores extranjeros.

Las publicaciones en Facebook fueron eliminadas en tres días tras la intervención del MoD con Meta, la empresa propietaria de la red social. La Policía Metropolitana fue informada en agosto de 2023, pero se descartó abrir una investigación penal. Se sabe que personas en el Reino Unido y Pakistán aún conservan la base de datos y que, al menos en un caso, se ha vendido por una suma de cinco cifras.

El 15 de agosto, a las 10:00, un correo con el asunto “ARAP families, imminent threat to life” (Familias de Arap, inminente amenaza de vida) llegó al ministro Heappey, alertando de la gravedad de la situación. Esa noche, un alto funcionario de gobernanza de datos envió una alerta oficial a la cúpula del MoD, confirmando la brecha.

En ese momento, no se sabía si la filtración era fruto de un hackeo ilegal. Los servicios de inteligencia británicos —GCHQ y MI6—, junto con la CIA, fueron informados y analizaron la posibilidad de intervención de un estado hostil. Días después, se confirmó que el origen había sido un error humano.

El gobierno entró en modo de crisis. El periodista David Williams, conocido por su trabajo en la campaña para reasentar intérpretes afganos, contactó al MoD tras conocer la filtración. El gobierno temía que cualquier mención pública del archivo pusiera vidas en peligro, por lo que el MoD emitió una D-Notice solicitando a los medios que no informaran sobre el incidente. Aunque estas notificaciones no son vinculantes, poco después se solicitó una medida judicial a la High Court para impedir la publicación de cualquier detalle, incluso la existencia de la propia orden judicial.

El 25 de agosto de 2023, el entonces secretario de Defensa, Ben Wallace, solicitó la medida cautelar. El 1 de septiembre, ya con Grant Shapps como sucesor, la High Court concedió una super-injunction “contra el mundo”, la primera vez que el gobierno británico utilizaba una orden tan restrictiva contra la prensa nacional. Cuando The Telegraph preguntó por la filtración a finales de ese año, sus periodistas recibieron la misma orden.

Mientras tanto, el gobierno puso en marcha dos operaciones: una para evitar la difusión de la noticia y otra para evacuar a los afganos identificados en la base de datos. Se lanzó la Operación Rubific, destinada a trasladar a miles de familias afganas en riesgo, principalmente a través de Pakistán. Los evacuados fueron reasentados discretamente en distintas ciudades británicas, manteniendo sus cifras fuera de los registros oficiales y utilizando vuelos especiales.

El juez Robin Knowles, al conceder la super-injunction, reconoció que su decisión restringía la “libertad de expresión y de prensa”, pero consideró que “el impacto está justificado en las circunstancias particulares y excepcionales de este caso, incluido el riesgo para la vida y de tortura”. La orden prohibía a cualquier persona que tuviera conocimiento de la filtración hablar sobre ella. El Parlamento quedó al margen, aunque los presidentes de la Cámara de los Lores y de los Comunes fueron informados en secreto para gestionar posibles preguntas parlamentarias.

En diciembre de 2023, el comisionado de Información multó al MoD con £350.000 por filtrar los datos de más de 200 solicitantes de Arap. El diputado laborista John Healey preguntó si había investigaciones similares en curso. Heappey respondió que existían dos “investigaciones activas”, confirmando las sospechas.

Healey fue informado confidencialmente, pero también recibió la super-injunction, lo que le impidió compartir la información incluso con el líder de la oposición, Keir Starmer. Los comités de inteligencia y defensa del Parlamento tampoco fueron informados. Un memorando de Grant Shapps de noviembre de 2023 advertía: “No ampliaría el círculo informando a otros”.

En ese momento, el MoD calculaba el coste total de la operación en £4.000 millones, cifra que ascendió a £7.000 millones antes de revisarse a £6.000 millones. En mayo del año pasado, un subcomité del gabinete presidido por el viceprimer ministro Oliver Dowden decidió permitir la entrada de 11.500 afganos como consecuencia de la filtración, sin anunciarlo al Parlamento ni someterlo a escrutinio público. Los fondos provinieron de las reservas del Tesoro, no de los presupuestos del MoD, el Ministerio del Interior ni el de Comunidades y Gobierno Local, según The Telegraph.

En paralelo, el juez Chamberlain, que asumió el caso, dictaminó que la orden judicial debía levantarse, pero el MoD apeló y el Tribunal de Apelación mantuvo la prohibición. Tras las elecciones generales de julio y el cambio de gobierno, el nuevo Ejecutivo laborista mantuvo la misma postura, con el ministro Healey guardando silencio sobre la filtración. La super-injunction continuó vigente un año más, bajo el argumento de que cualquier revelación pública podría incitar a los talibanes a buscar la base de datos.

En enero de este año, el exsubdirector de Inteligencia de Defensa, Paul Rimmer, fue encargado de revisar los riesgos. En abril, los ministros supieron que probablemente concluiría que la publicación de la filtración no aumentaría sustancialmente el peligro para los afectados. Rimmer determinó que “la preocupación inicial sobre la intención de los talibanes de atacar [a ciertos individuos] ha disminuido. Hay pocas pruebas de que los talibanes pretendan llevar a cabo una campaña de represalias… Sin duda siguen produciéndose asesinatos y violaciones de derechos humanos, pero es extremadamente difícil determinar las causas de cada caso”.

El sistema creado para evacuar afganos en secreto resultó “desproporcionado respecto al impacto real de la pérdida de datos si llegara a manos de los talibanes”. Para entonces, 16.156 personas afectadas por la filtración de 2022 habían llegado al Reino Unido. Solo ahora, The Telegraph y otros medios pueden contar esta historia. Un afgano residente en el Reino Unido, según el Daily Mail, fue quien amenazó con divulgar la lista y vive en el país con al menos siete familiares.