La cumbre ministerial celebrada en Bruselas se vio truncada este martes cuando la Unión Europea (UE) no logró aprobar su décimo octavo paquete de sanciones contra Rusia, debido al veto de Eslovaquia. La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó la situación como “muy triste”, aunque se mostró confiada en que un acuerdo será posible este miércoles, con “la pelota en el tejado de Eslovaquia”.
El bloqueo proviene de Bratislava, que condiciona su luz verde al pacto al compromiso de eliminar gradualmente las importaciones de gas ruso para el 1 de enero de 2028. El primer ministro Robert Fico impulsa esta maniobra para obtener “compromisos legales y garantías” sobre el suministro y que no haya efectos negativos económicos o litigios, incluso por parte de Gazprom.
La Comisión Europea había anunciado previamente que todas las piezas del paquete estaban acordadas, salvo ciertas reservas de un Estado miembro por el límite de precio al petróleo ruso. Ese tope consistiría en un precio flotante situado un 15% por debajo del promedio de los tres meses anteriores, lo que situaría el precio en torno a 47 dólares por barril.
El objetivo del paquete es profundo y multifacético: castigar los ingresos energéticos de Moscú, sus bancos y su industria militar. Entre sus medidas se incluye una prohibición a las transacciones con los gasoductos Nord Stream y a entidades financieras que faciliten eludir las sanciones.
Eslovaquia justifica su rechazo aduciendo que la supresión del gas ruso podría generar escasez, disparar precios, encarecer peajes en su red de gasoductos y exponer al Estado a reclamaciones por incumplimiento de contrato hasta 2034.
Durante su intervención, el primer ministro eslovaco escatimó en palabras al rechazar la propuesta energética de Bruselas. “La coalición de gobierno rechaza la propuesta imbécil de la Comisión Europea de detener el flujo de gas ruso a partir de 2028”, declaró, según recogió Reuters. Más tarde, a través de su cuenta oficial en la red social X, Fico redobló la crítica calificando la iniciativa de “idiota” y acusó a la Comisión de actuar por “obsesión ideológica con Rusia”.
La Comisión ha respondido con una carta prometiendo intervenir en caso de litigios, diseñar mecanismos de “freno de emergencia” ante subidas de precios y reducir costes transfronterizos para Eslovaquia. No obstante, Utrecht ha rechazado la idea de una exención ad hoc.
Kaja Kallas subrayó que las sanciones requieren unanimidad, y lamentó que se esté vinculando una cuestión energética —que se decide por mayoría— con una cuestión de régimen sancionador. A pesar de la frustración, insistió en que es “clave cerrar este paquete esta semana” para mantener la presión sobre Rusia.
La situación revela las tensiones internas de la UE en su estrategia antirrusa. Tal y como señala un análisis reciente del Financial Times, esa fragmentación política y el requisito de unanimidad para sanciones limitan la capacidad de respuesta de Bruselas.
El principal interrogante ahora es si Eslovaquia cederá tras las concesiones energéticas. Medios como Kyiv Independent sugieren que Bratislava podría aceptar una vez reciba las garantías finales. En ese caso, el paquete se activaría con rapidez.
Lo que está en juego es tan estratégico como simbólico. El veto de Eslovaquia expone el frágil equilibrio entre seguridad energética nacional y política exterior común. Pero si la UE logra articularlo, un paquete tan profundo—en energía, finanzas y defensa—representará un golpe significativo a la capacidad de Rusia para financiar su guerra en Ucrania.
La próxima reunión de ministros en Bruselas será decisiva. En cuestión, no solo se encuentra el décimo octavo paquete: también el prestigio del bloque para actuar unido y con contundencia ante la amenaza que representa Rusia.
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