
Ucrania solicitó el martes a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, que abra una investigación sobre el presunto uso de municiones tóxicas prohibidas por parte de Rusia durante la invasión a su territorio, según una copia de la solicitud compartida con Reuters. La petición coincide con el inicio de una serie de reuniones a puerta cerrada del Consejo Ejecutivo de la OPAQ, formado por 41 países.
En el documento, Kiev pide al director general de la OPAQ la creación de un “mecanismo independiente e imparcial” que investigue los supuestos casos de empleo de armas químicas en Ucrania y tenga capacidad para “reunir pruebas adicionales e identificar a los autores, organizadores y patrocinadores de dicho uso”. La OPAQ, un organismo de desarme integrado por 193 Estados, declaró el año pasado que las denuncias previas de ambas partes resultaron “insuficientemente fundamentadas”.
Las agencias de inteligencia de Países Bajos y Alemania afirmaron el viernes que disponen de pruebas del uso generalizado de armas químicas ilegales por parte de Rusia en la línea del frente. Según la Agencia de Inteligencia Militar neerlandesa, al menos tres ucranianos han muerto y más de 2.500 combatientes han presentado síntomas compatibles con intoxicación por armas químicas.

El lunes, Reino Unido anunció nuevas sanciones contra dos altos cargos rusos: el general de división Alexéi Rtishchev, responsable de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas rusas, y su adjunto, el general de división Andrei Marchenko. Londres también incluyó en el paquete al Instituto de Investigación Científica de Química Aplicada, acusado de haber proporcionado granadas antidisturbios RG-VO al Ejército ruso, utilizadas como método de guerra en contravención de la Convención sobre Armas Químicas.
La OPAQ publicó recientemente un informe tras una misión técnica en Ucrania, que confirma la detección del compuesto tóxico 2-Clorobencilidenomalononitrilo (CS), conocido como gas lacrimógeno, en un incidente en la región de Dnipro el pasado septiembre. Las muestras analizadas contenían el agente CS, cuyo uso en combate está prohibido por la Convención, según la organización.
Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de emplear sustancias químicas prohibidas. El representante ruso, Kirill Lysogorsky, atribuyó el uso sistemático de tóxicos al gobierno ucraniano, mientras que la subsecretaria de Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos, Bonnie Jenkins, expresó alarma por el número de incidentes atribuidos a Moscú y señaló que el uso de agentes antidisturbios en el frente “no ha sido un secreto”.

En enero de 2024, Kiev denunció el uso de granadas RG-VO rellenas con gas lacrimógeno CS por parte de las fuerzas rusas, lo que reavivó el debate internacional sobre el respeto a la Convención sobre Armas Químicas, de la que Rusia sigue siendo país firmante. La denuncia desató enfrentamientos diplomáticos entre los representantes de Rusia y Estados Unidos en el seno de la OPAQ, después de que este organismo confirmara la presencia de sustancias químicas prohibidas en zonas de combate ucranianas.
El director de la OPAQ, Fernando Arias, subrayó la responsabilidad de todos los Estados parte en salvaguardar los principios de la Convención y advirtió que “cualquier uso de armas químicas es totalmente inaceptable y violaría las normas legales y estándares de la comunidad internacional”. La escalada de señalamientos y sanciones internacionales evidencia el creciente escrutinio sobre el uso de agentes tóxicos en el conflicto de Ucrania, mientras la OPAQ evalúa la conveniencia de activar mecanismos de investigación específicos para esclarecer los hechos.
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