Las protestas en Kenia dejaron al menos 19 muertos, 531 heridos y 485 personas detenidas, según confirmaron este lunes tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como las autoridades policiales. La jornada del 25 de junio, convocada como homenaje a las víctimas del movimiento ciudadano de 2024 contra el aumento de impuestos y la corrupción, derivó en una violenta represión que expuso nuevamente la tensión entre el Estado y los sectores más jóvenes de la sociedad.
En medio del caos, el caso de Boniface Kariuki, un civil que fue baleado a quemarropa por un oficial de policía durante una manifestación por la muerte del bloguero Albert Ojwang en custodia, se convirtió en símbolo del abuso policial.
La familia de Kariuki confirmó este lunes su fallecimiento, un día después de que los médicos lo declararan con muerte cerebral. Una fotografía capturada por un reportero gráfico de Associated Press mostró el momento exacto en el que el policía le disparó en la cabeza. Kariuki sostenía una bolsa de barbijos, lo que sugiere que era un vendedor ambulante y no un manifestante activo.
La respuesta oficial fue rápida, aunque limitada: dos policías fueron arrestados por el disparo a Kariuki, y seis personas, incluidos tres agentes, fueron imputadas por la muerte de Ojwang, que las autoridades intentaron atribuir inicialmente a un supuesto golpe autoinfligido contra una pared, desmentido por el informe forense.
Mientras tanto, la Policía Nacional denunció la infiltración de una “red criminal organizada” en las protestas. Según el director de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), Mohamed Amin, algunos de los detenidos declararon que existía un plan premeditado y bien financiado para generar caos bajo la apariencia de protesta ciudadana. De acuerdo con estas declaraciones, personas fueron transportadas en vehículos sin identificación desde distintos puntos del país hacia Nairobi, con órdenes específicas de atacar infraestructuras públicas, saquear comercios y perpetrar actos de violencia sexual.
Las autoridades imputaron a 448 de los 485 detenidos por delitos que van desde asesinato, terrorismo y violación, hasta robo con violencia e incendio. Los disturbios también dejaron al menos once policías heridos de gravedad.
La ONU y organizaciones como Human Rights Watch llamaron a investigaciones independientes y transparentes, y exigieron que se depuren responsabilidades estatales por las muertes. La Sociedad de Derecho de Kenia calificó como ilegales las recientes declaraciones del ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, quien ordenó a la policía “disparar a la vista” a quienes se acerquen a comisarías durante protestas, y afirmó que “cualquier uso injustificado de la fuerza será considerado un crimen premeditado”.
Las protestas se enmarcan en una escalada de descontento popular encabezado por jóvenes de la generación Z, que en 2024 lideraron masivas movilizaciones contra la política fiscal del presidente William Ruto. La represión dejó al menos 60 muertos ese año. En la jornada más violenta, el 25 de junio de 2024, manifestantes irrumpieron en el Parlamento y la policía abrió fuego.
A pesar de las promesas del presidente Ruto de poner fin a la brutalidad policial y erradicar las desapariciones forzadas, los hechos recientes refuerzan las denuncias de las organizaciones de derechos humanos sobre detenciones ilegales, torturas y asesinatos de críticos del gobierno.
(Con información de AP, AFP y EFE)
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