La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, se enfrenta a un juicio político en curso en el Senado tras ser acusada de corrupción y otros delitos por la cámara baja del Congreso. Un proceso de destitución en el que se juega su carrera, y que está rodeado de incertidumbre.
Iniciado por la Cámara de Representantes el pasado febrero entre el enfrentamiento de Duterte con el presidente, su antiguo aliado Ferdinand Marcos Jr., el proceso de destitución se augura tormentoso debido a la división en el propio Senado entre críticos y defensores de la vicepresidenta.
Estas son algunas de las claves del juicio político en la cámara alta del Congreso, que este miércoles se reúne de nuevo un día después de constituirse como tribunal.
¿De qué se acusa a Sara Duterte?
La Cámara de Representantes aprobó el pasado febrero una moción para destituir a Duterte, en la que acusó a la vicepresidenta de siete delitos.
Entre ellos se incluyen varios casos de corrupción y de amasar una riqueza inexplicable en función de su salario, además de utilizar de forma indebida 612 millones de pesos (casi 11 millones de dólares) procedentes de fondos reservados tanto de la oficina de la vicepresidenta como del Departamento de Educación, del que era titular hasta que dimitió hace un año.
La hija del ex mandatario Rodrigo Duterte, encarcelado en La Haya a la espera de ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, está además acusada de haber dado órdenes de matar a Marcos Jr. si ella misma era asesinada.
Qué está en juego
Sara Duterte, que ha negado repetidamente los cargos, se juega su futuro político en la decisión del tribunal. Si es declarada culpable de cualquiera de los cargos, se vería inhabilitada en la función pública de por vida, y tampoco podría presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028.
¿Cómo funciona el juicio político?
La decisión de la cámara baja de iniciar un proceso de destitución obligó al Senado a celebrar un juicio político, cuya fecha aún no ha sido anunciada, pero cuyos primeros pasos arrancaron esta semana.
Los miembros de la influyente cámara alta del Congreso filipino juraron este martes sus cargos para formar el tribunal que juzgará a Sara Duterte. Al menos dos tercios del tribunal deben votar a favor de la condena en cualquiera de los cargos para que la vicepresidenta sea destituida.
La composición del jurado, sin embargo, cambiará con la llegada de nuevos senadores a causa de las elecciones a mitad de mandato celebradas el pasado mayo, en las que estaban en liza 12 de los 24 puestos del Senado. El resultado de los comicios fue interpretado como un varapalo para Marcos Jr., cuyos candidatos obtuvieron un resultado peor del esperado.
Convocada la víspera con un plazo de diez días para declararse inocente o culpable de los cargos, la vicepresidenta cuenta con su propia defensa, mientras que de la acusación se encarga un equipo de once congresistas.
¿Cuánto puede durar?
El juicio político carece de fecha límite. El proceso de destitución en 2012 del ex presidente del Tribunal Supremo, Renato Corona, duró cinco meses.
Retrasos y acusaciones cruzadas de inconstitucionalidad
Retrasado por las elecciones a mitad de mandato de mayo, el juicio político ha estado rodeado de controversia desde el principio, y el Senado se ha convertido en un campo de batalla entre los defensores de la vicepresidenta y los críticos.
El senador Ronald dela Rosa, considerado como el cerebro de la sangrienta guerra contra las drogas del ex presidente Rodrigo Duterte, expresó ayer en la cámara su “seria preocupación” sobre la constitucionalidad de los cargos contra la vicepresidenta.
Esto facilitó una moción, apoyada por 18 senadores, que devolvió el proceso de destitución a la cámara baja del Congreso para responder a varias acusaciones de inconstitucionalidad.
“Devolver los artículos del proceso de destitución a (la cámara baja del) Congreso está fuera de las facultades del Senado”, lamentó hoy a los medios Ysabel Maria Zamora, una de las congresistas que integran la acusación de Sara Duterte.
El Senado insistió en que el juicio político no ha sido suspendido, aunque la medida ha arrojado una nueva capa de incertidumbre sobre un proceso ya de por sí turbulento.
(EFE)
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