Una segunda tanda de cuatro activistas prodemocráticos fue liberada este viernes en Hong Kong, tras cumplir penas de cuatro años y tres meses de prisión por “conspiración para subvertir el poder estatal”.
Las condenas se dictaron en el marco de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing en 2020, y se relacionan con su participación en unas elecciones primarias no oficiales celebradas en julio de ese año.
Los excarcelados son los ex concejales de distrito Jimmy Sham, Kinda Li, Roy Tam y Henry Wong, quienes abandonaron sus respectivos centros penitenciarios en horas de la mañana y regresaron a sus domicilios, según reportaron medios locales.
Entre los liberados sobresale Jimmy Sham, conocido por su activismo político y por ser uno de los principales defensores de los derechos LGBTQ+ en la ex colonia británica.
Fue figura clave del disuelto Frente de Derechos Humanos Civiles, una de las plataformas más influyentes del movimiento democrático hongkonés. Esta agrupación organizó numerosas marchas durante las protestas masivas de 2019, que marcaron un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y las autoridades locales y centrales.
La liberación de este viernes se produce dentro de un proceso más amplio que ya permitió en abril la excarcelación de otros cuatro dirigentes opositores: Claudia Mo, Gary Fan, Jeremy Tam y Kwok Ka-ki.
Todos fueron parte de los 47 líderes y activistas procesados en el mayor juicio por seguridad nacional celebrado en la ciudad desde la entrada en vigor de la controvertida legislación.
El caso se originó a raíz de las primarias no oficiales organizadas por el bloque prodemocrático en 2020, en las que participaron más de 600.000 ciudadanos. El objetivo era definir una lista de candidatos para las elecciones legislativas, con el propósito de obtener una mayoría en el Consejo Legislativo y así influir sobre la agenda gubernamental.
En marzo de 2021, los participantes en esas primarias fueron acusados de “conspiración para cometer subversión”, alegando que planeaban usar esa mayoría legislativa para vetar sistemáticamente los presupuestos, paralizar el funcionamiento institucional y forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.
El juicio concluyó en mayo de 2024, cuando el Tribunal de Primera Instancia declaró culpables a 14 de los imputados, mientras que 31 admitieron los cargos y dos fueron absueltos. El veredicto fue emitido por tres jueces del Tribunal Superior designados especialmente por el jefe del Ejecutivo para atender casos de seguridad nacional, como permite la ley.
La ofensiva contra el movimiento prodemocrático ha sido interpretada como parte de una estrategia de Beijing para reforzar su control político sobre Hong Kong, mediante la aplicación de leyes que permiten la criminalización de la disidencia.
Desde su implementación en junio de 2020, la Ley de Seguridad Nacional ha sido utilizada para desarticular la oposición, restringir medios independientes y disolver organizaciones de la sociedad civil.
Críticos de la normativa, incluidos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, sostienen que su aplicación ha generado un deterioro profundo de las libertades civiles en la región semiautónoma, alterando el modelo de “un país, dos sistemas” bajo el cual se había prometido preservar la autonomía de Hong Kong tras la retrocesión británica de 1997.
(Con información de EFE)
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