El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) ha abierto hoy una causa penal contra Galina Tímchenko, fundadora del portal Meduza, un medio de comunicación opositor que fue declarado indeseable y bloqueado por las autoridades rusas tras el inicio de la guerra en Ucrania.
A través de un mensaje en Telegram, el CIR confirmó que se ha iniciado un proceso legal en Moscú contra Tímchenko, acusándola de “organizar actividades de una organización extranjera o internacional declarada indeseable en Rusia”. Además, el comité está evaluando la posibilidad de emitir una orden de captura internacional contra la periodista.
Tímchenko fue etiquetada como “agente extranjero” en agosto del año pasado, debido a “la difusión de mensajes e informaciones de agentes extranjeros a un círculo ilimitado de personas”. Asimismo, se le acusa de expresar opiniones contrarias a la “operación militar especial en Ucrania” y de difundir “información falsa” sobre las decisiones y políticas del gobierno ruso.
Meduza, un medio de comunicación en ruso que se registró en Lituania en 2014, ya había sido calificado como “agente extranjero” en abril de 2021 y, más tarde, fue declarado “indeseable” en enero de 2023. Como resultado, su sitio web se encuentra bloqueado en territorio ruso.
De acuerdo con las leyes rusas, las personas que sean consideradas “agentes extranjeros” —aquellos que reciben financiación del exterior— no pueden ocupar cargos en el gobierno ni tener acceso a información clasificada, además de tener que cumplir con una serie de requisitos como informar regularmente sobre sus ingresos y etiquetar todas sus publicaciones.
La legislación de “organizaciones indeseables”, adoptada en 2015, otorga a la Fiscalía General la facultad de designar a cualquier entidad no gubernamental extranjera o internacional como “indeseable” si sus actividades se perciben como una amenaza para “los fundamentos del orden constitucional, la capacidad de defensa o la seguridad de Rusia”. La participación en tales organizaciones, o incluso la cooperación con ellas, puede resultar en sanciones administrativas o penales.
Occidente ha criticado esta legislación, viéndola como una herramienta represiva diseñada para silenciar las voces opositoras en Rusia.
Además, este lunes, las autoridades rusas prohibieron a Amnistía Internacional al incluirla en la lista oficial de “organizaciones indeseables”, una designación que convierte cualquier forma de colaboración con la ONG en un delito penal bajo una ley vigente desde 2015.
Con esta incorporación, ya son 223 las entidades que integran la lista negra del régimen ruso. Entre ellas se encuentran medios de comunicación independientes como Radio Free Europe/Radio Liberty y el portal ruso Meduza, centros de análisis como Chatham House, y organizaciones como Transparencia Internacional y Open Russia, esta última fundada por el ex magnate y opositor exiliado Mijaíl Jodorkovski.
(Con información de EFE)
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