El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue imputado este jueves por abuso de poder, sumando una nueva acusación a su ya delicada situación judicial tras haber sido procesado en enero por liderar una insurrección, informaron las autoridades.
La Fiscalía confirmó que esta imputación no implica su detención inmediata, pero complica aún más el escenario legal del ex mandatario, destituido en abril por el Tribunal Constitucional.
“La imputación por abuso de poder es resultado de una investigación complementaria que continuó en paralelo al juicio por insurrección”, indicaron los fiscales en un comunicado citado por la agencia estatal Yonhap.
Según explicaron, el nuevo cargo está relacionado con la orden de imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024, decisión con la que Yoon intentó suspender el gobierno civil en Corea del Sur.
Ese día, bajo el pretexto de una crisis institucional, Yoon ordenó el despliegue de tropas armadas en el Parlamento, donde intentó impedir el acceso a diputados de la oposición.
Según la Fiscalía, el ex presidente conspiró con varios miembros de su gabinete para bloquear físicamente a los legisladores que debían votar una moción para revocar la ley marcial. Incluso se reportó que algunos fueron retenidos sin orden judicial.
La maniobra duró apenas seis horas. Diputados opositores escalaron las rejas del recinto legislativo para ingresar por la fuerza y llevar a cabo la votación que anuló la medida. Más tarde, el Congreso aprobó la moción de destitución contra Yoon, quien fue despojado oficialmente de sus funciones el 4 de abril, cuando el Tribunal Constitucional ratificó la decisión.
Tras la sentencia, Yoon, de 64 años, perdió todos los privilegios y la inmunidad presidencial, y tuvo que abandonar la residencia oficial. La acusación inicial por insurrección, presentada mientras aún estaba en funciones, fue posible debido a que ese delito no está amparado por la inmunidad constitucional, señalaron los fiscales.
De ser hallado culpable de encabezar una insurrección, Yoon podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque Corea del Sur no aplica ejecuciones desde 1997, manteniendo una moratoria no oficial.
Además del juicio por insurrección y esta nueva imputación por abuso de poder, el ex presidente enfrenta otras investigaciones abiertas. El miércoles, las autoridades registraron su residencia privada en Seúl en el marco de una causa por presunto soborno y tráfico de influencias que involucra a su esposa, Kim Keon Hee, y a un chamán allegado a la familia.
Según medios locales, se investiga si el chamán recibió regalos y beneficios en nombre de la ex primera dama.
La crisis institucional derivada del intento de Yoon por interrumpir el funcionamiento democrático ha desencadenado un periodo de transición política.
Corea del Sur se prepara ahora para celebrar elecciones presidenciales anticipadas el próximo 3 de junio.
Yoon es el tercer presidente surcoreano en ser sometido a juicio político por el Parlamento y el segundo en ser removido del cargo por decisión del Tribunal Constitucional. El caso recuerda al de Park Geun-hye, destituida en 2017 y condenada posteriormente por corrupción.
“La ley debe aplicarse por igual a todos, incluso a un presidente”, declaró un portavoz de la Fiscalía en rueda de prensa.
El proceso judicial contra Yoon sigue en marcha, mientras se evalúa el impacto político que podría tener este caso en las elecciones venideras.
(Con información de AFP y EFE)
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