
En los círculos jurídicos franceses, existe un grupo estrechamente unido de abogados especializados en delitos de cuello blanco que suelen atraer a acusados de alto perfil, desde el ex presidente Nicolas Sarkozy hasta el gigante bancario suizo UBS Group AG. Ninguno de ellos representó a Marine Le Pen ante el tribunal penal de París, donde fracasó en su intento por revertir las acusaciones de malversación que la dejaron fuera de la carrera presidencial de 2027.
En su lugar, la líder de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha, depositó su confianza en Rodolphe Bosselut, abogado de 60 años y vicealcalde independiente de un pequeño municipio en los Pirineos. Aunque varios de los pesos pesados del derecho penal francés suelen captar tanta atención mediática como sus clientes, Bosselut está lejos de ser una figura reconocida. Sin embargo, es un rostro familiar para Le Pen, quien suele rodearse de un círculo íntimo de asesores de larga data.
Ambos aprobaron el examen del Colegio de Abogados de París a principios de los años 90. Según Bosselut, entablaron una relación amistosa cuando trabajaban como defensores públicos junto a otros colegas jóvenes. Le Pen pronto se volcó a la política, mientras que Bosselut se mantuvo en el ejercicio de la abogacía.
Su nombre no figura en los principales rankings del sector legal. El lunes pasado, durante la audiencia de condena a Le Pen y otros miembros de su partido, sólo un abogado presente en la sala figuraba en el “salón de la fama” del área penal del Legal 500 en Francia, y actuaba en representación del Parlamento Europeo, parte querellante en el proceso.
Bosselut dice que esos listados le “importan un bledo”. También minimiza las críticas que podría recibir por trabajar con la extrema derecha en círculos educados de París.
“No soy un abogado sectario”

“No soy un abogado sectario”, declaró Bosselut a Bloomberg. “Tal vez algunos colegas estén aterrados de aceptar ciertos clientes. Yo no”.
A lo largo de su carrera, ha defendido a figuras diversas, desde un ex tesorero de Agrupación Nacional hasta políticos de distintos signos, incluido un trotskista y Karl Olive, una figura moderada del partido de Emmanuel Macron. También ha representado a víctimas de sectas religiosas y a clientes tan variados como el Estado de Marruecos en un caso de espionaje con software espía, policías acusados de violencia excesiva y un maratonista envuelto en una causa por dopaje.
El martes por la noche, el tribunal de apelaciones de París informó que el recurso presentado por Le Pen contra su condena podría resolverse para el verano de 2026, mucho antes de lo previsto. Si obtiene una victoria, todavía tendría tiempo para postularse como sucesora de Macron en 2027. Bosselut presentó la apelación apenas Le Pen fue declarada culpable, pero la fiscal general del tribunal de apelaciones, Marie-Suzanne Le Quéau, ya había tomado la delantera. Según dijo el jueves a la radio France Info, reservó fechas para la audiencia antes incluso de que iniciara el primer juicio. Dada la magnitud de lo que está en juego, Bosselut probablemente volverá al centro de la escena cuando se celebre el nuevo juicio.
A comienzos de su carrera, Bosselut se destacó por sus habilidades de oratoria y persuasión. En 1993 fue elegido, junto a otras once jóvenes promesas, como “secrétaire de la conférence”, un título honorífico en el mundo jurídico parisino. Entre sus compañeros estuvieron Arnaud Montebourg, exministro socialista de Economía, y el renombrado abogado penalista Jean-Marc Fédida.
En la última década, a medida que la investigación contra Agrupación Nacional avanzaba, el nombre de Bosselut empezó a asociarse cada vez más con el de Le Pen. Fue él quien habló en su nombre cuando la policía la citó a declarar meses antes de las elecciones de 2017, y quien presentó un recurso tras su imputación. También la representó cuando la justicia francesa embargó al partido 2 millones de euros, que lograron reducir a la mitad.
Esta semana estuvo junto a Le Pen en el tribunal penal de París cuando los jueces la declararon culpable de malversar 4,4 millones de euros (4,8 millones de dólares) de fondos de la Unión Europea. El tribunal determinó que ese dinero, destinado a pagar asistentes parlamentarios, fue desviado para financiar la agenda nacional del partido.
Durante las audiencias de 2024, Bosselut recurrió a estrategias de defensa clásicas: presentó mociones procesales y sostuvo la total inocencia de su clienta. Argumentó que la conducta de Le Pen como eurodiputada era “completamente habitual”. Dado su rol como vicealcalde de Font-Romeu-Odeillo-Via, a 900 kilómetros al sur de París, no sorprendió que su alegato incluyera un tono político, al comparar la petición fiscal de inhabilitación inmediata por cinco años con “una arma de destrucción masiva del proceso democrático”.
Aun así, insiste en su independencia. “No estoy afiliado a ningún partido político”, dijo a Bloomberg. “Considero que ser abogado significa ser libre”.
© 2025, The Washington Post.
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