
La Fiscalía del Distrito Central de Seúl presentó cargos formales contra el ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones, por su fallido intento de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. La imputación incluye cargos de insurrección, convirtiendo a Yoon en el primer mandatario surcoreano en ser acusado de este delito bajo arresto y suspensión de funciones, según informó este domingo la agencia de noticias Yonhap.
Yoon, quien fue apartado del cargo mediante un juicio político, enfrenta acusaciones de conspirar junto con el ex ministro de Defensa Kim Yong Hyun para desplegar fuerzas militares en la Asamblea Nacional. La acción habría buscado impedir que los legisladores anularan el controvertido decreto, como finalmente sucedió horas después de su promulgación.
En un comunicado, la Fiscalía describió a Yoon como el “líder principal de una insurrección”, una acusación que podría marcar un precedente en la historia política de Corea del Sur.

El ex presidente surcoreano fue detenido el pasado 15 de enero tras semanas de tensiones y enfrentamientos. Según la Oficina de Investigación de la Corrupción (CIO), el arresto se llevó a cabo a las 10:33 de la mañana, hora local (01:30 GMT), luego de un operativo que movilizó a unos 3.000 efectivos de policía.
Investigadores y agentes ingresaron al complejo presidencial en el centro de Seúl, sorteando barricadas y alambres de púas instalados por el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS). Algunos agentes escalaron muros perimetrales y utilizaron rutas secundarias para evitar los bloqueos, mientras simpatizantes del ex presidente intentaban impedir el acceso acostándose frente a las puertas.
En un mensaje grabado antes de su detención, Yoon declaró que decidió someterse al proceso “para prevenir cualquier derramamiento de sangre desafortunado”, aunque reiteró que considera ilegales tanto la investigación como la orden de arresto.
Crisis política y juicio constitucional
La decisión de Yoon de imponer la ley marcial en diciembre, alegando que la Asamblea Nacional, de mayoría progresista, era una “guarida de criminales”, desató una de las mayores crisis políticas en la historia reciente del país. El expresidente justificó su decreto como una medida legítima para contrarrestar lo que describió como un bloqueo legislativo que afectaba su gobierno.

Reacciones divididas
El Partido Democrático, principal fuerza opositora, celebró el arresto “como un paso hacia la restauración del orden constitucional.” “Aunque tardía, esta acción demuestra que la justicia y la autoridad pública en Corea del Sur siguen vivas", afirmó el líder parlamentario Park Chan-dae.
Por otro lado, seguidores del ex presidente calificaron su detención como ilegal y se congregaron frente a la residencia presidencial ondeando banderas de Corea del Sur y Estados Unidos. Legisladores del oficialista Partido del Poder Popular (PPP) intentaron bloquear la entrada de los investigadores, en un acto que intensificó la tensión en el lugar.
El futuro político de Yoon Suk Yeol permanece incierto mientras avanza el proceso judicial en su contra, en un caso que podría redefinir los límites del poder presidencial en Corea del Sur.
(Con información de Europa Press, AP y AFP)
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