Investigadores surcoreanos recomendaron este jueves que el presidente Yoon Suk Yeol, actualmente suspendido de sus funciones, sea acusado de insurrección y abuso de poder.
La Oficina de Investigación de la Corrupción (CIO, por sus siglas en inglés) presentó los resultados de un análisis que se extendió por 51 días ante la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, abriendo la puerta a posibles acciones legales contra el mandatario.
La investigación se centró en el intento fallido de Yoon de declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, en un movimiento que duró apenas seis horas antes de ser rechazado por el Parlamento surcoreano.
Según el CIO, Yoon conspiró con el entonces Ministro de Defensa Nacional y altos comandantes militares para “excluir la autoridad estatal o alterar el orden constitucional, incitando así disturbios”.
La organismo anticorrupción declaró que “se ha decidido solicitar a la Fiscalía que presente cargos contra el actual presidente Yoon Suk Yeol, en relación con las acusaciones de liderar una insurrección”.
Yoon fue detenido la semana pasada en una redada al amanecer, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en funciones de Corea del Sur arrestado en el marco de una investigación penal.
Según los investigadores, Yoon habría ordenado durante la madrugada del 3 de diciembre que tropas del Ejército irrumpieran en la Asamblea Nacional para evitar que los legisladores votaran en contra de su decreto de ley marcial.
La CIO acusó al mandatario de “abusar de su autoridad al obligar a oficiales de la Guardia de la Asamblea Nacional y a fuerzas bajo la ley marcial a realizar tareas más allá de sus obligaciones legales”.
Además, la investigación reveló que Yoon obstaculizó el ejercicio de los derechos de los legisladores, al bloquear sus intentos de levantar la ley marcial. Pese a estas acusaciones, el presidente ha negado haber dado órdenes directas a los comandantes militares para interferir con el Parlamento o para “sacar por la fuerza” a los legisladores del recinto.
El intento de Yoon de justificar la declaración de ley marcial como una medida para abordar un supuesto fraude electoral, tras una victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias, ha sido rechazado tanto por el Parlamento como por los organismos judiciales.
Procedimientos judiciales y constitucionales
El caso de Yoon será ahora manejado por la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, que tiene un plazo de 11 días para decidir si presenta cargos formales contra el presidente, lo que podría derivar en un juicio penal. Paralelamente, el presidente enfrenta un caso en el Tribunal Constitucional, que decidirá si su destitución por parte del Parlamento será ratificada.
Si el Tribunal Constitucional confirma su destitución, Yoon perderá oficialmente su cargo, y se convocarán elecciones presidenciales en un plazo de 60 días. Mientras tanto, el mandatario permanece detenido en un centro de reclusión y se ha negado a colaborar con los interrogatorios de la CIO.
Los abogados que representan al presidente surcoreano denunciaron este miércoles “las serias violaciones de derechos humanos” cometidas por el organismo anticorrupción por tratar de interrogar de manera forzosa a su cliente, que se está negando a declarar, a cuenta de su imposición de la ley marcial en diciembre.
“La CIO argumenta que puede aprehender por la fuerza a un sospechoso que ya ha ejercido su derecho a permanecer en silencio. Pero la opinión general en el ámbito académico es que prender por la fuerza a un sospechoso que ya ha ejercido su derecho a permanecer en silencio viola dicho derecho garantizado por la Constitución y lo obliga a declarar, lo que constituye una investigación ilegal”, afirman por su parte los letrados de Yoon en un comunicado.
Yoon asistió esta semana a una audiencia judicial en la que se presentaron detalles sobre la fallida declaración de ley marcial. Está previsto que comparezca nuevamente este jueves, cuando el tribunal llame a testigos para esclarecer los acontecimientos de esa noche.
(Con información de EFE y AFP)
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