La policía de Corea del Sur inició una investigación sobre los registros telefónicos del presidente destituido por el Parlamento, Yoon Suk-yeol, en relación con el fallido intento de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Las autoridades señalaron que están indagando en las comunicaciones entre Yoon y presuntos involucrados en la imposición de la medida, con el objetivo de esclarecer los detalles de este intento.
En el marco de la investigación, las fuerzas de seguridad también están tratando de acceder al teléfono seguro utilizado por el mandatario depuesto y a los registros del Servicio de Seguridad Presidencial. Según fuentes oficiales, la policía obtuvo un documento que Yoon entregó al ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, durante una reunión de gabinete previa a la solicitud de la ley marcial. El contenido del documento incluye propuestas destinadas a reducir los gastos de la Asamblea Nacional y garantizar la aprobación del presupuesto bajo el estado de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades han interrogado a diez de los doce asistentes a esa reunión, aunque ni Yoon ni el ex ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, han sido llamados a declarar.
El presidente destituido enfrenta acusaciones que incluyen insurrección, amotinamiento y abuso de poder. La insurrección, el cargo más severo, podría llevar a cadena perpetua o pena de muerte para quienes lideraron el levantamiento, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria sobre esta última desde 1997.
A Yoon se le ha prohibido salir del país, mientras que Kim Yong-hyun permanece en prisión preventiva junto a otros altos cargos militares y policiales implicados en el caso.
Yoon fue suspendido de sus funciones tras la aprobación de una moción de destitución en el Parlamento a mediados de diciembre. La medida contó con votos de al menos 12 miembros del Partido del Poder Popular (PPP), la formación gobernante y conservadora a la que pertenece. Actualmente, el primer ministro Han Duck-soo ejerce el cargo de manera interina. El Tribunal Constitucional tiene un plazo de seis meses para determinar si Yoon violó la Constitución al implementar la ley marcial y si debe ratificarse su cese o restituirse en su puesto.
Mientras tanto, Yoon ha sido citado a declarar por el organismo anticorrupción el 25 de diciembre a las 10:00 a.m. hora local (01:00 GMT). Según el equipo de investigación conjunta de la policía, la fiscalía y el Ministerio de Defensa, este sería el primer presidente en el cargo en comparecer ante una agencia de este tipo.
“La investigación conjunta ha notificado al presidente Yoon Suk-yeol una segunda solicitud de citación”, informaron las autoridades en un comunicado.
Yoon ya había sido citado el miércoles pasado, pero no se presentó ni justificó su ausencia. La fiscalía advirtió que su inasistencia podría conllevar su arresto. Sin embargo, el caso fue transferido al organismo anticorrupción, que gestiona la investigación en curso.
Además, el Tribunal Constitucional ha solicitado en tres ocasiones documentos relacionados con la declaración de la ley marcial, pero estos han sido devueltos sin ser entregados.
La ley marcial impuesta por Yoon el 3 de diciembre provocó una suspensión del orden civil durante varias horas entre el 3 y el 4 de diciembre. Este acto generó una amplia controversia política y social, que desembocó en su destitución parlamentaria. Las investigaciones paralelas por parte de la fiscalía y el equipo especial buscan esclarecer las circunstancias y la legalidad de sus acciones, además de identificar a los responsables principales.
(Con información de EFE)
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