Funcionarios de la policía filipina presentaron el miércoles denuncias penales contra la vicepresidenta Sara Duterte y su personal de seguridad por presuntamente agredir a las autoridades y desobedecer órdenes en un reciente altercado en el Congreso.
Las denuncias penales presentadas por la policía de Quezón City no tienen nada que ver con cualquier acción legal que pueda surgir después de que ella amenazara públicamente con hacer asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr., a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes si ella misma se suicidaba en un complot no especificado. No ha proporcionado detalles de ese complot.
Un asesor presidencial, Larry Gadon, presentó por separado el miércoles una petición a la Corte Suprema para inhabilitar a la vicepresidenta como abogada, citando sus amenazas de asesinato, que según él eran “ilegales, inmorales y condenables”.
La ofensiva legal del gobierno de Marcos contra Duterte, su padre y sus aliados es un momento crítico en un conflicto que ha estallado en los últimos dos años entre las dos familias más poderosas de Filipinas.
El Departamento de Justicia dijo que también está investigando comentarios potencialmente sediciosos del predecesor de Marcos y padre del vicepresidente, Rodrigo Duterte, quien dijo en una conferencia de prensa que el gobierno civil solo escucharía si los militares expresan preocupaciones sobre la corrupción y las irregularidades bajo la administración de Marcos.
“Hay una gobernanza fracturada... Sólo los militares pueden corregirla”, dijo el expresidente el lunes por la noche. Agregó que no estaba instando a los militares a rebelarse contra Marcos, sino que sólo estaba reafirmando la situación real en Filipinas.
Aún así, funcionarios de justicia dijeron que se llevará a cabo una investigación sobre los comentarios del ex presidente.
La vicepresidenta, su personal de seguridad y otros colaboradores fueron denunciados ante la Fiscalía estatal por agresión, desobediencia y coerción grave contra las autoridades policiales, según un comunicado de la policía. Estos delitos se castigan con pena de prisión y multa.
Las denuncias se desataron a raíz de una caótica disputa ocurrida el fin de semana en la Cámara de Representantes, donde se encuentra detenida temporalmente la jefa de gabinete de la vicepresidenta, Zuleika López. López ha sido acusada por los legisladores de obstruir y no cooperar con una investigación del Congreso sobre el supuesto uso indebido de fondos confidenciales y de inteligencia por parte de las oficinas de la vicepresidenta y la secretaria de Educación, que ocupaba Sara Duterte.
En un momento dado, se ordenó a las autoridades que trasladaran a López a una prisión de mujeres fuera del Congreso, lo que la hizo ponerse nerviosa. La vicepresidenta y su personal intervinieron para oponerse a la orden y López finalmente fue trasladada a un hospital del gobierno, donde permanece recluida.
“El estado de derecho es fundamental para nuestro sistema democrático. Nadie, independientemente de su cargo, debe estar por encima de la obligación de rendir cuentas”, dijo el jefe de la policía nacional, general Rommel Francisco Marbil, en relación con las denuncias penales contra la vicepresidenta y sus ayudantes. La policía nacional “sigue comprometida con garantizar la correcta ejecución de las órdenes legítimas y proteger el orden público”, afirmó.
“La resistencia y la desobediencia a una persona con autoridad no sólo viola la ley sino que también socava la confianza pública”, dijo Marbil.
En otro caso, las autoridades citaron a la vicepresidenta el martes a declarar para que responda a las preguntas de los investigadores sobre las amenazas que hizo durante el fin de semana. Duterte dijo que no estaba haciendo una amenaza directa, sino que estaba expresando preocupación por su propia seguridad.
Marcos dijo en un discurso público televisado que las amenazas del vicepresidente contra él, su esposa Liza Marcos y el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Romuáldez, eran un complot criminal y prometió luchar contra ellos y defender el estado de derecho.
Marcos se presentó como candidato a vicepresidente junto a Sara Duterte en las elecciones de 2022 y ambos obtuvieron victorias aplastantes en una campaña que pedía unidad nacional. En Filipinas, el presidente y el vicepresidente se eligen por separado, lo que ha dado lugar a que políticos rivales asuman los puestos políticos más importantes en un país con profundas divisiones políticas y sociales.
Desde entonces, los dos líderes y sus bandos se han enfrentado por diferencias clave, incluso en sus enfoques sobre los agresivos reclamos territoriales de China en el disputado Mar de China Meridional y sus opiniones sobre la ofensiva antidrogas del expresidente Duterte, que dejó miles de sospechosos, en su mayoría pobres, muertos.
Sara Duterte renunció al gabinete de Marcos en junio como secretaria de Educación y jefa de un organismo antiinsurgente y se convirtió en una de las críticas más vocales del presidente, su esposa y Romualdez, el primo del presidente que encabeza un congreso dominado por sus aliados.
(con información de AP)
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