El Parlamento francés aprobó este martes el proyecto de ley que pone fin al pasaporte sanitario y otras medidas excepcionales contra el COVID-19, como el confinamiento o el toque de queda, a partir del 1 de agosto.
Sin embargo, el texto, aprobado por 209 votos a favor, 30 en contra y 104 abstenciones, contempla, hasta el 31 de marzo de 2023, que el Gobierno pueda exigir a los ciudadanos mayores de 12 años una prueba PCR negativa en las fronteras en caso de aparición de una variante peligrosa, tal y como ha recogido el diario Le Monde.
Asimismo, para los territorios de ultramar se prevé la misma posibilidad, aunque esta vez en caso de saturación hospitalaria. El texto también amplía dos mecanismos: el primero, sobre el seguimiento de los positivos, hasta el 31 de enero, y el segundo, el sistema que centraliza los resultados de los test, hasta el 30 de junio.
El portavoz del Gobierno francés, Olivier Véran, acusó hace dos semanas a la oposición de “querer derrotar al Ejecutivo” tras una primera votación en la Asamblea Nacional en la que se rechazó una parte central de este proyecto de ley.
El ex primer ministro francés Jean Castex anunció anteriormente que a partir del 14 de marzo de este año dejaría de ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y se pondría fin al certificado de vacunación. La mascarilla dejó de ser obligatoria en el transporte público en Francia desde el pasado 16 de mayo.
Personal médico suspendido por no vacunarse
Por otro lado, el gobierno francés se opuso el viernes a reincorporar al personal médico suspendido por no vacunarse contra el covid-19, siguiendo la opinión de las autoridades de salud, en pleno debate sobre su readmisión ante la falta de sanitarios.
“No serán reintegrados”, dijo el ministro de Salud, François Braun, en declaraciones a la televisión CNews. El ministro avanzó que se reunirá con los sindicatos a partir de la próxima semana para explicarles la situación y ver cómo salir de ella “quizás” dentro de varios meses.
En Francia, el personal médico y de cuidados está obligado desde el año pasado a vacunarse contra el coronavirus para poder ejercer en centros de salud y residencias de ancianos, so pena de ser suspendidos de empleo y sueldo.
La séptima ola remite actualmente en los territorios de Francia en Europa (90.000 casos diarios la semana pasada), aunque las hospitalizaciones (más de 7.000 en ese período) y decesos (590) siguen en aumento, según las autoridades sanitarias.
(Con información de AFP y EuropaPress)
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