Estados Unidos, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y países de la Unión Europea (UE), como España, Francia, Italia, Reino Unido o Alemania, reiteraron su apoyo a Ucrania ante el proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Rusia por presunto genocidio en el país durante la invasión iniciada por las tropas de Vladimir Putin el pasado 24 de febrero.
“Tomamos nota de la declaración pública del 1 de julio de 2022, según la cual Ucrania anunció que había presentado su memorial ante la Corte. Celebramos, una vez más, los esfuerzos de Ucrania para garantizar que se respete el Derecho Internacional”, indicaron en un comunicado conjunto.
Otros de los países firmantes que apoyan a Kiev, y que señalan que Rusia “debe rendir cuentas por sus acciones”, son Grecia, Malta, Islandia, Irlanda, Macedonia del Norte, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Chipre, Albania, Bulgaria o Moldavia, entre otros.
“Consideramos que las violaciones del Derecho Internacional por parte de Rusia comprometen su responsabilidad internacional, y que las pérdidas y los daños sufridos por Ucrania como resultado de (dichas violaciones) por parte de Rusia requieren una reparación completa y urgente”, exigieron.
En este sentido, los países firmantes han destacado, en su comunicado conjunto, que el objetivo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio es “salvaguardar la existencia misma de ciertos grupos humanos y confirmar y refrendar los principios más elementales de la moral”.
“Está en el interés de todos los Estados parte de la Convención sobre Genocidio, y más ampliamente de la comunidad internacional en su conjunto, que la Convención no sea mal utilizada o abusada. Es por ello que los signatarios de la presente declaración que son Partes en la Convención sobre el Genocidio pretenden intervenir en este proceso”, explicaron.
Finalmente, resaltaron la importancia de compartir con la Corte “sus interpretaciones de algunas de sus disposiciones esenciales” a la luz de los “graves interrogantes planteados en este caso”.
Por su parte, Países Bajos acogerá este jueves una conferencia de ministros de Exteriores y Justicia de la Unión Europea (UE) y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que contará con el presidente Volodimir Zelensky por videoconferencia, en busca de garantizar que los crímenes de guerra que se estén cometiendo en Ucrania no queden impunes.
Las tareas de recogida de pruebas empezaron prácticamente desde el primer día de la invasión rusa, y diferentes países, instituciones y ONG tratan de garantizar que las evidencias no se pierdan de cara a un posible juicio a los responsables, incluidos los perpetradores directos, sus superiores y el propio presidente ruso Vladimir Putin.
“La justicia es una partida muy larga. Es importante no perder la esperanza, seguir con la documentación, porque las cosas que hoy son políticamente imposibles, podrían no serlo en diez años. No va a ser mañana o en un mes”, señaló a la agencia EFE Iva Vukusic, profesora de Historia Internacional en la Universidad de Utrecht.
Este jueves, el ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra; el fiscal de la CPI Karim Khan; y el comisario Didier Reynders, organizan en La Haya la conferencia “Rendición de Cuentas en Ucrania”, para poner en común el trabajo que están haciendo diferentes partes en busca de hacer justicia para las víctimas de la invasión rusa.
Además de los ministros europeos, también participarán Zelensky y su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, con intervenciones telemáticas; así como la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova; y la representante especial de la ONU sobre Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten.
En una entrevista con EFE, Venediktova aseguró que ha identificado más de 15.000 presuntos crímenes de guerra, incluidos de carácter sexual, con violaciones “de militares rusos a mujeres, niños, hombres y ancianas” en Ucrania, y calculó que se cometen unos “200 a 300 crímenes de guerra al día” desde febrero.
También enumeró presuntos saqueo y torturas, crímenes de los que tiene material incriminatorio “enorme, masivo”, así como una veintena de casos sobre traslado forzoso, incluido de niños, “lo que en el código penal ucraniano es parte de la calificación de crimen de genocidio”.
La comunidad internacional ha dado pasos significativos para garantizar la rendición de cuentas, tanto por parte de la Justicia ucraniana o la CPI, como por parte de terceros países que recurren a la jurisdicción universal, que permite perseguir crímenes internacionales a fiscales nacionales, aunque estos no se hayan cometido en territorio nacional.
Karim Khan investiga desde marzo los presuntos “crímenes de guerra” y “lesa humanidad” que se cometan en Ucrania, y ha abierto en junio una oficina en Ucrania para apoyar la presencia “continua y creciente” del personal que investiga los presuntos crímenes, que incluye expertos y gendarmes neerlandeses y franceses que apoyan la recogida de pruebas.
Pero la CPI no tiene jurisdicción para juzgar a Rusia por “el crimen de agresión” en sí, puesto que esto requiere que ambos países sean miembros del tribunal, y ni Kiev ni Moscú han ratificado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte.
Por su parte, Eurojust también coordina desde La Haya un equipo conjunto formado por Lituania, Polonia, Ucrania y la CPI para recoger evidencias de los crímenes en Ucrania.
Los organizadores de la conferencia de este jueves señalan que es necesario “apoyar todos los caminos hacia la justicia, incluido el sistema legal ucraniano” y advierten de que “existe una necesidad urgente de coordinar aún más las líneas de esfuerzo para garantizar que todas las acciones hacia la rendición de cuentas se beneficien de un enfoque coherente”.
La población “tienen derechos fundamentales que deben ser reivindicados incluso en tiempos de guerra”, alertó en junio Karim Khan, cuya oficina está “actuando con urgencia para demostrar a todos los involucrados en este conflicto que tienen responsabilidades bajo el derecho internacional a las que no hay excepciones”.
(Con información de Europa Press y EFE)
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