El abogado ruso especializado en Derechos Humanos Ivan Pavlov, quien representó al periodista Ivan Safronov y a la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK) del preso político Alexei Navalny, anunció este martes que abandonó Rusia debido a las “presiones” del gobierno de Vladimir Putin.
“Me han prohibido todo, con lo cual el trabajo de un abogado no puede ser eficaz. Las prohibiciones no se aplicaban solo a una cosa: la opción de salir del país. Fue la señal que indicaba una salida. Ahora soy un emigrante. De momento estoy en Georgia, un país con el que me conectan muchas cosas”, explicó Pavlov en su canal de Telegram.
El abogado denunció que estaba siendo vigilado y que fue seguido hasta el aeropuerto el mismo día que se marchó del país. Además, manifestó su intención de seguir trabajando como abogado en el extranjero y de regresar a Rusia algún día.
Pavlov tenía vetado el acceso a Internet y a otros medios de comunicación. Una portavoz del abogado, Elizaveta Alexandrovna-Zorina, confirmó la información a la agencia de noticias rusa Sputnik.
Pavlov lideró la asociación de Derechos Humanos rusa Komanda 29, con sede en San Petersburgo, que cesó sus actividades a finales de julio después de que las autoridades bloquearan su sitio web y ante el riesgo de procesamiento penal de sus miembros.
El abogado llevó el caso de la fundación FBK de Navalny, catalogada por el Ministerio de Justicia ruso como agente extranjero, que culminó con su designación como organización extremista y la prohibición de su actividad.
También es abogado del periodista y asesor de la agencia espacial rusa Roscosmos, Ivan Safronov, acusado de alta traición, así como de Karina Tsurkan, ex miembro de la junta directiva de la empresa de energía Inter RAO, condenada a 15 años de prisión por espionaje.
Pavlov está imputado actualmente en una causa penal por presunta revelación de datos de una investigación preliminar, acusación que el propio abogado vincula con el caso de Ivan Safronov. Fue encarcelado brevemente por este caso el pasado mes de abril.
El exilio de Pavlov se da en momentos de una creciente persecución del Kremlin contra la oposición. El lunes el regulador de comunicaciones en Rusia, Roskomnadzor, bloqueó la web de Navalny que pide el voto para la oposición al partido del Kremlin, Rusia Unida, de cara a las elecciones legislativas del 19 de septiembre.
El sitio “Voto Inteligente” fue bloqueado por utilizar los recursos del Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalny, una organización considerada en junio extremista por la Justicia rusa.
Ésta era la última web que aún no había sido bloqueada por las autoridades rusas desde la condena de Navalny a dos años y medio de cárcel en febrero pasado. Roskomnadzor había amenazado a Google y al buscador ruso Yándex con cuantiosas multas si no bloqueaban el acceso al sitio.
A falta de un mes para los comicios, Navalny llamó a los rusos desde la cárcel a votar a aquellos candidatos que desafían a Rusia Unida, cuya intención de voto no rebasa el 30% según las encuestas.
Las autoridades consideran que esa campaña, que ha permitido desbancar a los oficialistas de varias asambleas parlamentarias regionales, es “un instrumento de injerencia extranjera en las elecciones rusas”.
El gobierno de Putin lanzó una campaña de intimidación contra cientos de personas vinculadas con las redes regionales de Navalny.
Varios políticos opositores han tenido que renunciar a presentar sus candidaturas bajo presiones del Ejecutivo y otros no han podido registrarse debido a trabas administrativas, a lo que hay que sumar el cierre de organizaciones encargadas de garantizar la protección legal de activistas y varios medios de comunicación independientes.
Navalny, de 45 años, fue condenado el pasado febrero a 3 años y medio de prisión por un caso penal de 2014, sentencia de la que tendrá que cumplir 2 años y cinco meses, al descontarle el periodo que ya pasó bajo arresto domiciliario en su momento y en prisión preventiva.
El pasado 11 de agosto investigadores rusos acusaron a Navalny de un nuevo delito que podría prolongar su estancia en prisión.
El Comité de Investigación ruso, encargado de estudiar los delitos más importantes, le acusa de haber creado una organización que viola los derechos de los rusos pues su Fondo contra la Corrupción (FBK) “incitó a los ciudadanos a cometer actos ilícitos”, en particular “instando a participar en concentraciones no autorizadas”.
(Con información de Europa Press y EFE)
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