
La cámara baja del parlamento de Francia aprobó el martes una ley para combatir el extremismo y el “separatismo islamista”, una respuesta del Gobierno a los grupos religiosos que presuntamente intentan socavar las tradiciones seculares de Francia.
El partido centrista del presidente Emmanuel Macron apoyó el proyecto, que fue aprobado con 347 legisladores de la Asamblea Nacional votando a favor, 151 en contra y 65 abstenciones.
El proyecto de ley ha sido criticado por estigmatizar a los musulmanes y otorgar al estado nuevos poderes para limitar el discurso y los grupos religiosos. Ahora será enviado al Senado, donde sin embargo el partido de Macron no tiene mayoría.
“Es una ofensiva secular extremadamente fuerte”, dijo el ministro del Interior, Gerald Darmanin, a la radio RTL antes de la votación del martes. “Es un texto duro ... pero necesario para la república”, añadió.

Entre los más de 70 artículos, la ley amplía la capacidad del Estado para cerrar lugares de culto y escuelas religiosas, así como para prohibir a los predicadores extremistas.
En medio de las preocupaciones sobre la financiación de mezquitas por parte de Turquía, Qatar o Arabia Saudita, el proyecto requiere que los grupos religiosos declaren grandes donaciones extranjeras y certifiquen sus cuentas.
La iniciativa forma parte de los debate de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, y representa una respuesta a las décadas de divisiones y tensiones sobre la integración de la gran población musulmana en Francia y la amenaza de los islamistas que causan nuevas tensiones.
Macron y Darmanin, en particular, han sido acusados de complacer a los votantes de extrema derecha al exagerar el peligro de los grupos islamistas en las comunidades de inmigrantes en los suburbios, que a menudo son fuertemente marginadas.

En su defensa, el gobierno responde que la amenaza es real, apuntando a repetidos ataques terroristas y lo que Macron llamó el desarrollo de una “contra-sociedad” que rechaza el secularismo, la igualdad y otros valores y leyes franceses.
Amenazas
La semana pasada, un maestro de escuela en un suburbio al suroeste de París ganó prominencia nacional al afirmar que necesitaba protección policial después de recibir amenazas de muerte por denunciar a los islamistas locales.
Los partidos de derecha lo ven como un denunciante que advierte sobre el peligro de los grupos extremistas, mientras que los de izquierda han señalado sus provocativas declaraciones sobre el Islam y lo acusan de exagerar la amenaza.
Su caso fue recogido en los medios nacionales por sus similitudes con el caso de la decapitación de un maestro de escuela, Samuel Paty, por parte de un adolescente islamista en octubre pasado, un episodio que conmocionó profundamente al país.
Paty había sido objeto de una campaña de odio online iniciada por un padre de un niño en su escuela que se opuso a que mostrara caricaturas controvertidas del profeta Mahoma durante una clase de educación cívica sobre la libertad de expresión.

Tras el asesinato de Paty, un nuevo delito fue incluido en el proyecto de ley, vinculado a la divulgación de información personal sobre alguien, sabiendo que ésta la pondrá en peligro.
El delito de “separatismo” -definido como la amenaza a un servidor público para obtener una exención total o parcial o una aplicación diferente de las normas- sería sancionado con hasta cinco años de prisión.
“Ideología hostil”
Con la campaña de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias en marcha, el partido de derecha Republicanos y el de ultraderecha Agrupación Nacional han dicho que el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos.
Además, pidieron que se restrinja el uso del velo islámico, que ambos ven como una manifestación del islamismo, más que como una expresión de identidad cultural o piedad religiosa.
El gobierno rechaza los pedidos de una prohibición más amplia del velo, pero la ley sí busca ampliar la demanda de “neutralidad religiosa” en la ropa a las personas que trabajan para empresas que prestan servicios públicos.

Los críticos dicen que Macron está tratando de fortalecerse en materia de islamismo y la seguridad contra la líder de extrema derecha Marine Le Pen. Recientemente, impulsó una iniciativa para pedir a ocho federaciones que representan a los musulmanes en Francia que firmen una “carta de principios” de 10 puntos, que tres rechazaron.
El jefe de estado de 43 años también está acusado de hacer muy poco para contrarrestar la discriminación y el racismo, aunque prometió una nueva ley y fondos para ayudar a las comunidades marginadas.
Casi 200 personas se manifestaron en París el domingo contra el proyecto de ley, acusándolo de “reforzar la discriminación contra los musulmanes”.
En enero, un grupo de académicos y activistas escribió en el periódico Liberation que la ley era “un golpe sin precedentes” a la libertad religiosa y la libertad de formar asociaciones.
A raíz del asesinato de Paty, el Gobierno utilizó sus poderes para cerrar varias mezquitas y dos organizaciones musulmanas, la organización benéfica Baraka City y el Colectivo contra la islamofobia en Francia.
Jérémy Marot y Adam Plowright
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