La Secretaría de la Función Pública (SFP) remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) un expediente que podría acreditar afectaciones al erario federal por parte de dos personas ex servidoras públicas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
De acuerdo con la investigación federal de la actual administración, los presuntos responsables incurrieron en una afectación por casi 30 millones de pesos, donde el extinto Fonden supuestamente liberó recursos para atender a víctimas de los sismos de septiembre de 2017, pero dichas tareas no se llevaron a cabo.
A través de un comunicado oficial, la secretaría a cargo de Roberto Salcedo Aquino explicó este martes 22 de noviembre que a estas dos personas se les inhabilitó y se les estableció una sanción por 13 millones 917 mil 552 pesos a cada una, esto para garantizar la reparación del daño realizada entre 2017 y 2018, ya que ésta fue por 27 millones 835 mil pesos.
El boletín puntualiza que una de las personas investigadas laboraba directamente en Bansefi, mientras que la otra se trataba únicamente de un proveedor. La primera de ellas, fue inhabilitada por 10 años del ejercicio en funciones públicas, mientras que la otra, sólo un año.
Asimismo, se explica que, entre 2017 y 2018, la ex colaboradora de la institución financiera presuntamente infringió la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) al ser el supuesto responsable de cometer abuso de funciones debido a que no vigiló el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, esto al recibir entregables no pactados y autorizó la liberación de pagos al proveedor.
Esto quiere decir que, para intentar legitimar dichos actos, se tuvo que realizar una simulación en la documentación que establecía la comprobatoria del contrato celebrado por las dependencias; no obstante, tras una serie de auditorías y revisiones, se pudieron advertir las irregularidades que dieron pie a los actos sancionadores por parte de la SFP.
Por su cuenta, el proveedor no cumplió con la prestación del servicio pactado, que consistía en acciones de apoyo a la dispersión de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los afectados por los sismos de 2017 en los estados de Chiapas y Oaxaca. Además, se subcontrató a otra empresa para cumplir con lo estipulado en el contrato.
Dicha acción marcó un precedente en la SFP, pues se trata de aplicar una sanción contra un particular “relacionado con faltas graves, previsto en la misma LGRA”. Asimismo, se precisó que la investigación que culminó con la sanción mencionada inició en marzo de 2019 después de una denuncia presentada por la Dirección de Operación Tradicional del entonces Bansefi, una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) y por una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero del órgano auditor superior.
Finalmente, la secretaría federal señaló que los sancionados aún pueden interponer los medios de impugnación contra la resolución del TFJA, de lo contrario, las suspensiones y las multas deberán ser cubiertas a cabalidad por parte de los supuestos responsables de abuso de funciones con afectación directa al erario. Cabe destacar que, derivado de los sismos presentados en septiembre de 2017, en México se perdieron 369 vidas y otras cientos de personas resultaron afectadas en su patrimonio, por lo que la aplicación del Fonden fue requerida para ayudar a los más necesitados.
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